Autor invitado: Ángel Gonzalo (periodista de Amnistía
Internacional)
En el último año, bien a través de la
inyección letal, el fusilamiento, el ahorcamiento o la decapitación, 682
personas fueron ejecutadas en 21 países, sin contar a las miles de personas que
corrieron la misma suerte en China -donde este dato es considerado secreto de
estado-. Las cifras son estremecedoras, como también lo es saber que, a finales
de 2012, al menos 23.286 personas seguían en el corredor de la muerte.
No es difícil imaginarse su sufrimiento, su tensa espera -la mayoría no sabe cuándo serán ejecutados- o las condiciones en las que malviven, sobre todo en las prisiones de países más pobres, donde las condiciones de reclusión son terribles, con hacinamiento, falta de higiene, escasez de comida y agua potable, y ausencia de garantías tanto de acceso a representación jurídica como a un médico o sus familiares. Lasestadísticas publicadas por Amnistía Internacional sobre la pena capital también pueden interpretarse en clave de África subsahariana; y, como en otros lugares, tienen sus sombras y sus luces.
40 ejecuciones en cinco países de África
subsahariana
En 2012, de los 54 miembros de la Unión Africana, se llevaron a cabo al menos 40 ejecuciones en cinco de ellos. Ocurrió en Somalia,Sudán, Sudán del Sur, Botsuana y Gambia; y existe un riesgo real de que se reanuden en Nigeria, después de que el gobernador del estado de Edo firmara dos órdenes de ejecución en octubre. Las últimas ejecuciones conocidas de este país datan de 2006.
Gambia y Botsuana han dado un paso atrás y después de un tiempo sin realizar ejecuciones volvieron a aplicar la pena de muerte el año pasado. El caso de Gambia es especialmente dramático, con 9 personas ejecutadas en un solo día en agosto.
El 19 y 20 de agosto, en un discurso televisado para conmemorar la festividad musulmana de Eid al Fitr,el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, anunció a la nación que, antes de mediados de septiembre, todas las condenas de muerte existentes serían “ejecutadas al pie de la letra”. La noche del 23 de agosto, ocho hombres y una mujer fueron sacados de sus celdas de la prisión de Mile 2, próxima a la capital, Banjul, y poco después fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Según los informes, dos de los ejecutados eran ciudadanos senegaleses.
Las ejecuciones se realizaron en secreto y no se notificaron con antelación a los condenados ni a sus familiares. Los familiares no tuvieron confirmación oficial de la muerte de sus seres queridos hasta el 27 de agosto, tres días después de que se tuviera por primera vez noticia de las ejecuciones. Supuso la vuelta a la aplicación de la pena de muerte después de tres décadas sin hacerlo.
Las autoridades no devolvieron los cadáveres a las familias, y no facilitaron información sobre dónde se encontraban enterrados. Al menos tres de los nueve presos ejecutados –Malang Sonko, Tabara Samba y Buba Yarboe– no habían agotado sus vías de apelación. La Constitución de Gambia establece que debe garantizarse el derecho de todos los condenados a muerte a apelar ante el Tribunal Supremo. El 14 de septiembre, el presidente Jammeh anunció una moratoria “condicional” de las ejecuciones, que sería “levantada automáticamente” si los índices de criminalidad aumentaban.
En Botsuana, dos hombres fueron ejecutados en 2012, después de un año sin que se llevara a cabo este castigo. Además, se dictaron cinco nuevas condenas a muerte. Zibani Thamo fue ahorcado el 31 de enero. Las autoridades no devolvieron su cadáver a su familia, ni revelaron dónde estaba enterrado. Gatlhalosamang Gaboakelwe perdió su apelación en febrero. Al terminar el año aún no había sido ejecutado, pero los recursos judiciales para que se dictara una suspensión formal de la ejecución no tuvieron éxito.
Malas noticias, sin duda. Sin embargo, el Estado que tuvo mayor número de ejecuciones en la región fue Sudán. En este país se informó de al menos 19 ejecuciones y de al menos 199 condenas a muerte. Dos mujeres, Intisar Sharif Abdallah y Layla Ibrahim Issa Jumul, fueron condenadas a morir por lapidación por cargos de “adulterio estando casada” en dos casos diferentes en mayo y julio. En ambos casos, las mujeres fueron condenadas tras juicios injustos que incluyeron confesiones forzadas. Las condenas fueron anuladas posteriormente en apelación, y las dos mujeres quedaron en libertad. La movilización de la sociedad fue clave para lograr este objetivo.
Las autoridades sudanesas siguieron
utilizando la pena de muerte, y los amplios poderes que les otorgaba la Ley de
Seguridad Nacional de 2010, para oprimir a activistas o presuntos activistas de
grupos de oposición política. Al Tom Hamed Tutu, miembro del grupo armado
Movimiento Justicia e Igualdad en Darfur, oeste de Sudán, fue condenado a morir
por ahorcamiento en 2011 por delitos contra el Estado. El gobierno había
acelerado el proceso legal presentando apelaciones sin informarles ni a él ni a
su abogado. La ejecución se suspendió en junio en espera de una apelación ante
el Tribunal Constitucional.
Avances en la lucha contra la pena de muerte
A pesar de todo, el número de países en
los que se dictaron sentencias de muerte en África disminuyó respecto al
año anterior.
Otra buena noticia es que Benín no dictó
condenas a muerte. Tampoco lo hicieron Burkina Faso, Malawi ni Sierra
Leona, al contrario que en 2011. Al
concluir el año, no había presos condenados a muerte en Sierra Leona,
tras los indultos concedidos con ocasión del Día de la Independencia, en abril.
En septiembre, el Tribunal de Apelación absolvió a un hombre que había sido
declarado culpable de asesinato en 2003 y condenado a muerte.
Benín y Madagascar reflejan los avances en la
región. Se sumaron a la tendencia abolicionista internacional -representada por
más de dos tercios de todos los países del mundo- ratificando y firmando,
respectivamente, un tratado internacional clave de Naciones
Unidas destinado a la abolición de la pena capital.
El gobierno de Ghana, por su parte, aceptó
revisar la abolición de la pena de muerte en la nueva Constitución, a pesar de
que en 2012 se dictaron 27 sentencias de muerte en el país, todas ellas contra
hombres declarados culpables de asesinato. Al finalizar el año, había
condenados a muerte 162 hombres y 4 mujeres en Ghana. Sin embargo, a pesar de
estas cifras, el gobierno declaró en junio tras una recomendación de una
Comisión encargada de la reforma constitucional: “El carácter sagrado de la
vida es un valor tan arraigado en la psique social ghanesa que no puede ponerse
en juego mediante incertidumbres judiciales”. Durante su examen en el Consejo
de Derechos Humanos en octubre, Ghana señaló que ese cambio debía someterse a
referéndum popular. También en octubre, Anthony Alfred Benneh, candidato a juez
del Tribunal Supremo, pidió la abolición de la pena de muerte, citando
específicamente el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Pequeños pasos
hacia la esperanza.
Además, el 10 de octubre, Día Mundial contra
la Pena de Muerte, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, fue
galardonado con el premio “Abolicionista del Año 2012” por la ONG “Que nadie
toque a Caín”. Al aceptar el premio, el presidente dijo: “Los sierraleoneses
aún no se han recuperado de aquellas altísimas cifras de ejecuciones llevadas a
cabo en un solo día por el Estado [24 personas en 1992, y 29 en 1998, durante
la guerra civil]. Los sierraleoneses no quieren una repetición de las
ejecuciones autorizadas por el Estado”.
Por su parte, en Camerún,
la información facilitada por el gobierno indicaba que al empezar el año había
102 presos en espera de ejecución. Pero, en noviembre, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y Libertades, financiada por la administración, hizo público
un informe en el que pedía la abolición de la pena de muerte.
La
lucha contra la pena capital cuenta con respaldo institucional en la región. En abril, la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos publicó
un estudio sobre la cuestión de la pena de muerte en África que, entre
otras cosas, recomendaba la adopción de un protocolo a la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a la abolición de la pena de muerte
en todas las circunstancias.
Un argumento que se cita a menudo es que la
pena de muerte sirve de disuasión para los delitos graves. En realidad, no hay
datos que demuestren que la pena de muerte sea más disuasoria frente a la
delincuencia que las penas privativas de libertad. El Consejo Nacional de
Investigación de las Academias Nacionales de Estados Unidos confirmó en su
informe de abril de 2012 que “las investigaciones realizadas hasta la
fecha sobre el efecto de la pena capital en los homicidios no ofrecen
información sobre si la pena capital reduce o aumenta los índices de homicidios
o no tiene efecto alguno en ellos. Por tanto, el comité recomienda que no se
utilicen estos estudios como base para las deliberaciones […] sobre el efecto
de la pena de muerte en los homicidios”. Eso, en un país, Estados Unidos donde
en ciertos estados el uso de la pena
de muerte se ve empañado por la discriminación racial; es decir, donde un
preso afroamericano tiene más probabilidades de ser ejecutado que otro con la
tez más clara.
Por definición, una persona condenada a
muerte deja de ser una amenaza inmediata porque ya está en prisión y, por
tanto, fuera de la sociedad. Así que, el argumento de la seguridad cae una y
otra vez por su propio peso. La pena capital es el homicidio premeditado, a
sangre fría y sancionado judicialmente de un ser humano a manos del Estado.
Es la máxima negación de derechos humanos. Y en vez de a la justicia, se acerca
peligrosamente, al concepto de venganza.
Source link