Mientras el avance de las libertades conseguía un nuevo e importante aliado en Argentina, donde el Senado aprobó en diciembre la despenalización del aborto después de una movilización masiva y sostenida durante largo tiempo por numerosas mujeres, la causa retrocede a marchas forzadas en un importante país europeo: Polonia. El Tribunal Constitucional de este país decidió en octubre ilegalizar el aborto en caso de malformaciones graves del feto, como enfermedad o discapacidad, un supuesto en el que se amparaba el 97% de los escasos 1.110 abortos legales en el país. Tras la declaración de inconstitucionalidad, solo el incesto, la violación y el peligro para la vida de la madre quedan como únicas razones legales.
La ola de indignación que generó la decisión del Constitucional indujo al Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS) a retrasar la publicación oficial de la misma, que finalmente se produjo este miércoles. A pesar de la pandemia y las prohibiciones de reunión de más de cinco personas, las protestas se han extendido desde entonces en Varsovia y otras ciudades del país. Miles de activistas han desafiado la prohibición para alzar la voz ante un retroceso de sus derechos único en Europa. Algunas han sido detenidas.
La ley ahora reformada ya era de las más restrictivas de Europa y se calcula que entre 80.000 y 120.000 mujeres viajan al exterior para abortar. Otras compran pastillas abortivas de forma ilegal o lo realizan en la clandestinidad, con el riesgo que conlleva. En el continente europeo solo San Marino, Andorra y Malta son aun más restrictivas, ya que no permiten el aborto en ningún supuesto. Polonia se distingue pues en la UE como el único país miembro en el que este derecho no solo no avanza, sino que retrocede. La también católica Irlanda, donde la interrupción voluntaria del embarazo fue anatema durante décadas, lo legalizó en 2018 después de un referéndum en el que la población se inclinó por derogar la octava enmienda de la Constitución, que equiparaba el derecho de vida de la madre con el del feto. Un 66,4% votó a favor.
Dos factores se han conjugado en Polonia, miembro de la Unión Europea desde 2004, para hacer posible este primer retroceso en derechos reproductivos de la mujer de la historia de la UE: la tradición y raigambre profundamente católicas, por un lado, y las prácticas iliberales de un Gobierno conservador que desafía el régimen de derechos y libertades que abrazó tras la caída del comunismo con un control creciente del aparato judicial. El nombramiento de jueces del Constitucional ha puesto la independencia de este tribunal en entredicho. Y la deriva autoritaria prosigue.
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