El anuncio de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, de que el Gobierno derogará la reforma de la ley del aborto del año 2015, que impide que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin autorización parental, es una excelente noticia para los derechos de las mujeres y las niñas.
Lo ideal es que una adolescente pueda contar con el apoyo de su familia para tomar la difícil decisión de abortar, pero en muchos casos no es posible. La niña o adolescente puede vivir situaciones de violencia y de abusos en el seno de la familia o estar tutelada por el Estado, haciendo imposible para ella pedir autorización. Y lo que no tiene sentido es que como sociedad consideremos que una adolescente es lo suficientemente madura para ejercer la maternidad, pero no lo es para decidir que hacer ante un embarazo no deseado.
Requerir el permiso parental es quizá una de las barreras al acceso al aborto más conocida en nuestro país, pero no es, ni mucho menos, la única que existe. Desde Women’s Link creemos que esta reforma es una oportunidad para abrir el debate a otras medidas necesarias para mejorar el acceso de las mujeres y niñas a sus derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el acceso al aborto. El derecho de terminar un embarazo no deseado debe de ser accesible para todas las mujeres sin importar cuál sea el lugar de residencia.
En España, el acceso al aborto en la sanidad pública es tremendamente desigual dependiendo de la región. Según informes del Ministerio de Sanidad, en los últimos 30 años, ocho provincias españolas no han realizado ni un solo aborto. Y, más recientemente, en 2018, once provincias no realizaron ningún aborto, ni en hospitales públicos ni en clínicas privadas. Todas las mujeres que residían en esas provincias fueron obligadas a desplazarse a otras regiones, a veces a cientos de kilómetros para acceder a este servicio médico al que tienen derecho en nuestro país.
La discriminación geográfica es consecuencia del ejercicio abusivo de la objeción de conciencia ya que ninguna institución tiene ese derecho. La objeción de conciencia es un derecho individual y en todo caso, existe la obligación de derivar a otro médico o médica para no causar perjuicio o discriminación a la mujer. Esta práctica de objeción de conciencia institucional sigue rigiendo a día de hoy en los servicios públicos de salud y provoca que, desde el año 2010, el 91% de los abortos hayan sido derivados a clínicas privadas concertadas, incluso aunque la ley indica que este procedimiento es un derecho dentro del servicio sanitario público.
Al mismo tiempo, los requisitos para acceder a la interrupción del embarazo son desproporcionados e innecesarios para las mujeres, como por ejemplo la obligación de recoger, de manera presencial, la documentación con información sobre el procedimiento y las ayudas disponibles a la maternidad, y la obligación de pasar un periodo de reflexión de 3 días, para después tener que regresar a la clínica para acceder al aborto. La premisa de que las mujeres no somos capaces de tomar una decisión autónoma y suficientemente reflexionada es en sí una forma de discriminación. No existe un procedimiento médico que pueda necesitar un hombre que requiera este periodo de reflexión.
Como ha sucedido en todo el mundo, los obstáculos para acceder a servicios esenciales de salud, como lo es un aborto, se han agravado durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el gobierno español no ha desplegado ninguna campaña oficial de información sobre el acceso al aborto en este nuevo contexto. Además, en un momento en el que se pide limitar los desplazamientos, tampoco se han tomado medidas para facilitar el aborto farmacológico a través de servicios de telemedicina, como sí han hecho otros países como Reino Unido, Francia o Colombia, para evitar traslados innecesarios a las mujeres que elijan esta opción.
Obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado es una grave violación de sus derechos humanos. En el caso de las niñas y adolescentes, entraña serios riesgos físicos y emocionales. Según datos del año 2020 de la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo. Es el momento de que el Estado español tome las medidas necesarias para reforzar el acceso al aborto de manera integral, para todas las mujeres y en todas las regiones del país, por una cuestión de derechos humanos, de salud pública, de dignidad y de igualdad.
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