El gobierno federal abrirá una nueva instalación para detener a niños migrantes en Texas, y considera mantener detenidos a cientos más en tres bases militares de diversas partes del país, lo que sumará 3,000 camas a un sistema ya sobrecargado.
La nueva instalación de emergencia en Carrizo Springs, Texas, alojará a hasta 1,600 adolescentes en un complejo que alguna vez albergó a trabajadores petroleros en un terreno arrendado por el gobierno cerca de la frontera, dijo Mark Weber, portavoz de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
La agencia sopesa además el uso de bases del Ejército y de la Fuerza Aérea en Georgia, Montana y Oklahoma para alojar a otros 1,400 menores de edad en las próximas semanas, dado el alto número de niños que llegan a Estados Unidos sin compañía de un familiar o tutor adulto. La mayoría de los menores han llegado a Estados Unidos sin sus familias y están bajo custodia del gobierno mientras las autoridades determinan si pueden ser dejados bajo la tutela de familiares o amigos.
Todas las nuevas instalaciones serán consideradas albergues de emergencia temporales, y por lo tanto no estarán sujetas a los requisitos estatales de bienestar infantil para contar con licencia, dijo Weber. En enero, el gobierno cerró un campamento de detención ubicado en el desierto de Texas que no contaba con una licencia, y otra instalación sin licencia llamada Homestead continúa operando en los suburbios de Miami.
“Es nuestra obligación legal cuidar a estos niños para que no estén en instalaciones de la Patrulla Fronteriza”, comentó Weber. “Tendrán los servicios que la ORR siempre ofrece, que son alimentos, refugio y agua”.
Bajo presión por la muerte de dos menores que pasaron por la red de albergues de la agencia y enfrentando demandas por el trato dado a adolescentes bajo su cuidado, la dependencia dijo que debe montar nuevas instalaciones para alojar a los recién llegados o arriesgarse a quedarse sin camas disponibles.
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El anuncio de la expansión del programa surge luego de que el gobierno anunció que iba a reducir o recortar los gastos para los cursos de inglés, así como para los servicios legales y actividades recreativas, de más de 13,200 infantes, niños y adolescentes migrantes que están bajo su custodia.
La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a la oficina de refugiados, notificó a los albergues a lo largo y ancho del país que no iba a rembolsarles los gastos en salarios de los maestros, en servicios legales o en equipos recreativos, alegando que se necesitaban recortes al presupuesto debido a que cantidades récord de niños sin compañía de un adulto siguen llegando a la frontera, en su mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En mayo, los agentes fronterizos detuvieron a 11,507 niños que viajaban solos.
Algunos abogados dijeron que la medida violaba un convenio jurídico conocido como el Acuerdo Flores, que requiere que el gobierno proporcione educación y actividades recreativas a los niños migrantes que están bajo su cuidado. La semana pasada, los abogados presentaron una moción en la que afirmaron que el gobierno también estaba violando dicho acuerdo al mantener a los menores en Homestead durante meses en algunos casos, en lugar de ponerlos en libertad en un plazo de 20 días.
“Si van a abrir el programa con esos números y ni siquiera pueden manejar la afluencia en las instalaciones que tienen de una manera humana, entonces va a ser algo desastroso”, comentó Holly Cooper, una abogada de la Clínica de Leyes de Inmigración en la Universidad de California en Davis, que representa a los jóvenes detenidos.
Los activistas han dicho que la medida es punitiva y que ese tipo de servicios generalmente están disponibles para los prisioneros adultos.
“La cancelación de la ORR de esos servicios causará más daño a los niños, muchos de los cuales continúan languideciendo durante meses sin ser colocados de manera segura y expedita bajo el cuidado de un tutor. Eso no es sólo inaceptable, sino que podría ser una violación a la ley”, dijo la representante Rosa DeLauro, quien preside la subcomisión de Asignaciones Presupuestarias que se encarga de supervisar el presupuesto de la agencia.
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