El fallo de la jueza Janeth Patiño concluyó que no había pruebas de que el abogado inmobiliario Mario Alberto de León Venegas y dos agentes municipales que usó como ayudantes, fueran privados de su libertad; por lo que ayer mismo quedaron en libertad
Por Juan Omar Fierro
Una juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) dictó sentencia absolutoria para ocho comuneros del poblado de Salazar que habían sido acusados de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo con violencia, por oponerse a la venta ilegal de sus tierras a un grupo de empresarios, familiares de políticos y artistas.
Tras la absolución dictada en la audiencia de juicio oral celebrada el día de ayer, la jueza Janeth Patiño García también ordenó la libertad inmediata de los ocho comuneros de Salazar, cinco hombres y tres mujeres, que fueron detenidos desde el 31 de agosto del 2017.
La mayoría de los comuneros estuvieron bajo proceso y encarcelados de forma injusta un año con nueve meses, aunque algunos de ellos obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad y condiciones de salud.
La comunidad de Salazar se ubica en una amplia zona boscosa enclavada en el municipio de Lerma en el Estado de México, la cual está delimitada por un parque nacional, una laguna, la vía del extinto ferrocarril y la carretera México-Toluca con dirección a la capital mexiquense.
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Desde 1947, los pobladores de Salazar mantienen una disputa legal por la ocupación de 217 hectáreas de bosques y parcelas agrícolas con la comunidad de San Mateo Atarasquillo del propio municipio de Lerma, situación que fue aprovecha por funcionarios e inmobiliarios para tratar de tomar varios terrenos que se encuentran junto al Panteón Municipal y que cuenta con una vista privilegiada hacia la zona de reserva ecológica.
La resolución de la impartidora de justicia obedeció a que las presuntas víctimas, el abogado inmobiliario Mario Alberto de León Venegas y dos policías municipales que actuaron fuera de su jurisdicción, Natalia Miguel Marín y Juan Carlos Ríos Soto, cayeron en múltiples contradicciones y ocultaron información relevante durante el juicio oral.
La historia que dio pie al proceso penal en contra de los pobladores de Salazar se remonta al 30 de septiembre del 2016, fecha en la que los comuneros de ese comunidad frenaron el intento de un grupo de personas encabezadas por el abogado Mario Alberto de León Venegas de tomar posesión de unos terrenos que presuntamente vendieron autoridades y ejidatarios de Santa María Atarasquillo a políticos, artistas y empresarios, lo que desató una confrontación inicial y una posterior entre las partes.
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Durante las audiencias del juicio que se desahogaron en un periodo de casi tres meses, las evidencias demostraron que las víctimas no presentaban lesiones, a pesar de que el abogado y sus acompañantes declararon ante el Ministerio Público que habían sido amarrados y golpeados por más de cuatro horas.
La defensa de los ocho imputados, encabezada por los abogados Alexander Becerril Salazar y Gabriel Aldana Camacho, mostraron los certificados médicos expedidos por legistas de la Procuraduría mexiquense, en los que constaba que las presuntas víctimas no presentaron lesiones evidentes al momento de la revisión clínica, a pesar de que el abogado y sus acompañantes acusaron a los médicos legistas de hacer mal su trabajo.
Tampoco sirvieron los testimonios de los policías que estaban en la escena al momento del enfrentamiento, quienes aseguraron que las víctimas presentaban lesiones y que no habían podido intervenir debido a que no portaban armas de cargo el día del operativo.
Sin embargo, todos los videos tomados el día de los hechos mostraron que si estaban armados y se evidenció que estuvieron en el lugar a los 20 minutos que ambas partes solicitaron la intervención de las autoridades.
Un largo camino para obtener justicia…. solo por defender sus tierras
Entre los comuneros que estuvieron sujetos a proceso penal se encontraban el representante de bienes comunales, Cutberto Vilchis García – un adulto mayor de 71 años de edad -, dos madres solteras, una vendedora de flores, dos obreros, un taquero y un bibliotecario.
Ninguno contaba con antecedentes penales y su proceso penal fue considerado por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” como un ejemplo más de la criminalización de la lucha social para favorecer el interés de particulares por encima de los pueblos originarios.
La detención de los comuneros ocurrió la madrugada del 31 de agosto del 2017 en un operativo que se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza: más de mil elementos de la policía estatal y ministerial del Estado de México, así como del Ejército Mexicano participaron en la detención de ocho personas vinculadas a este conflicto agrario.
También cabe señalar que durante el año que duró la investigación antes de ser judicializado, la Fiscalía del Estado de México jamás notificó de la indagatoria a los afectados, lo que equivale a negarles el derecho a ejercer una defensa adecuada, puesto que no se les permitió presentar pruebas a su favor.
Entre los empresarios y artistas que cuentan con ranchos hípicos y fincas en la zona de Salazar están el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim; el Consejero de Grupo Grisi, Carlos Alberto Grisi Mariscal; el Director de Grupo Comercial Chedraui, Federico Carlos Fernández Senderos, y un accionista de Grupo Corrado, Ricardo Nizri Guasp.
Grupo Corrado es una compañía contratista de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y Ricardo Nizri funge como su representante legal en la mayor parte de las licitaciones.
Además, hay documentos que acreditan como beneficiarios de la presunta venta ilegal de terrenos en disputa a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz; así como a la actriz Yolanda Andrade y el empresario José Luis Vaca Bonilla, quienes incluso contaban con certificados parcelarios expedidos por autoridades de San Mateo Atarasquillo.