La petición de varios grupos parlamentarios de creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica española tiene una enorme relevancia. Ha sido presentada poco tiempo después de que el Vaticano tomara la decisión de abrirse a que se investiguen los cientos de casos de delitos de pederastia y abusos sexuales de los que están siendo acusados un buen número de miembros de la Iglesia católica en España. La Conferencia Episcopal Española, mientras tanto, sigue sin estar a la altura.
La extraordinaria anomalía de silencio que, durante décadas, se ha extendido en nuestro país sobre las gravísimas experiencias sufridas por personas anónimas, muchas de ellas hoy ya de edad muy avanzada, parece haberse encontrado con una posición enormemente relevante y valiente por parte del papa Francisco. A diferencia de otros países en los que la Iglesia había ordenado investigaciones independientes, España continuaba bajo la receta aplicada por parte de la Conferencia Episcopal; no darse por aludida, no colaborar en la investigación de las denuncias presentadas, dejar solas a las órdenes religiosas en el esclarecimiento de los casos, mirar para otro lado y salir corriendo lo más lejos posible de una verdad terrible: hay casi mil víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia católica, con decenas de órdenes religiosas afectadas y con decenas de diócesis implicadas. Números que, roto ya el manto de silencio, crecen, y de manera constante, semana a semana.
Con todo, no sorprende el respaldo del papa Francisco, siempre explícito y contundente en la condena de estas prácticas en todos y cada uno de los países en los que han sucedido en el interior de la Iglesia. A diferencia de algunos de sus predecesores ha sido claro desde el mismo inicio de su pontificado. También ahora, cuando se muestra decidido al esclarecimiento de estas prácticas que, en el caso de España, abarcan un periodo de más de 70 años.
Sin embargo, el papel del Vaticano contrasta, de manera evidente, con el que está jugando la Conferencia Episcopal, que no se da por aludida, sino que opta por remitir toda responsabilidad a las órdenes religiosas afectadas. Se declara, una vez más, ajena a toda colaboración en el esclarecimiento de los casos que están siendo denunciados. Precisamente por eso, su posición tampoco sorprende. Porque está donde siempre ha estado. Sin haber visto ni escuchado nunca nada. Sin información sobre ninguno de los casos que están siendo objeto de denuncia. Mostrándose como no disponible para el esclarecimiento de los delitos, como no colaborativa en la investigación de los mismos, distante con la posición del papa Francisco, displicente con las informaciones presentadas sobre los múltiples casos que están siendo denunciados y finalmente, a la defensiva en sus comunicaciones públicas y en contraste claro con la posición que la Iglesia católica ha mostrado en otros países ante asuntos de similar naturaleza en estos últimos años.
Entre tanto, la sociedad española ha visto cómo, en primer lugar, han sido las órdenes religiosas afectadas las que se han hecho cargo de la realidad y tomado la decisión de iniciar investigaciones a partir de la información ofrecida por las víctimas en las distintas denuncias presentadas. Y en segundo lugar, ha visto al Vaticano apostando por una investigación a fondo cuya ejecución debería corresponder, precisamente, a la propia Conferencia Episcopal.
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Es en este estado de situación donde sería deseable un papel diferente por parte de la jerarquía católica. Que se hubieran impuesto, por ejemplo, las posiciones que, en el interior de la misma, se mostraban más conscientes de la situación. Aquellas más proclives a un mensaje de responsabilidad y más atentas a una posición que naciera evidenciando una empatía plena con las víctimas y una actitud proactiva en el esclarecimiento pleno de todas y cada una de las denuncias que están siendo presentadas por delitos cuya naturaleza no puede ser más grave. Ver a la Conferencia Episcopal demostrar, no solo de palabra, como en la rueda de prensa del cardenal Omella en Roma, sino también de obra, que siente como propio el dolor de las víctimas, que considera a estas lo único importante en todos los casos de abusos sexuales y de pederastia.
Ver que colabora en todos los tramos de la investigación en la que pueda resultar útil. Ver, a fin de cuentas, que comprende la gravísima naturaleza de los delitos y el insoportable peso de su número. Descubrirla, por una vez, consciente del brutal impacto que está teniendo su posición en la imagen de la institución, gravemente afectada tanto por el número creciente de testimonios como por el papel que está jugando, en la actualidad, la propia Conferencia Episcopal.
Lo cierto es que, ante la enorme gravedad de los casos, la jerarquía católica no tendría tan difícil actuar bien. Podría anunciar, en primer lugar, que hace suya y colabora de manera decidida con la decisión tomada por parte del papa Francisco. Podría anunciar que, ante la necesidad de que estos hechos se investiguen, opta por hacerse cargo de manera decidida de la investigación o que la deriva a una comisión independiente, tal y como ha hecho la Iglesia en países como Estados Unidos, Francia o Alemania ante testimonios de víctimas similares a los que se están conociendo en España.
Podría salir, así, del discurso público de negación de la evidencia y cierre de filas en el que lleva instalada demasiado tiempo. Podría optar por un discurso ejemplarizante que elevara a categoría de prioridad el dolor de las víctimas, que demostrara con el ejemplo que, por una vez, tiene el reloj en hora con la sociedad española abriéndose al esclarecimiento completo y definitivo de todos los casos que hayan podido darse durante todos estos años y llevarlo hasta las últimas consecuencias.
La dirección de la Iglesia en España podría comprender que no puede mirar para otro lado ante los casos tan graves que estamos conociendo. Y que es consciente de que ha llegado la hora de romper con un pasado de ocultación y silencio que ha contribuido, de manera nítida, a la creación de un sentimiento de doble victimización en muchos niños y niñas que sufrieron abusos sexuales por parte de miembros de la propia Iglesia española. Después de sufrirlos, muchas de esas víctimas han recorrido vidas marcadas por el dolor y, en no pocos casos, envueltas en atmósferas de aislamiento, soledad y silencio.
A nadie debería sorprender que cada vez sean más los ciudadanos y ciudadanas que consideren que ha llegado la hora de exigirle a la jerarquía católica española el fin de su silencio y una actuación decidida, liderando el esclarecimiento de todos y cada uno de los casos.
En el mismo sentido, a nadie debería sorprender, tampoco, que cada vez sean más los ciudadanos y ciudadanas que consideren que ha llegado la hora de recordarle —por parte de quien corresponda— que ese es el único camino posible en España, un país en el que la institución que dirigen continúa financiándose con recursos públicos. Por eso, la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados para abrir una comisión de investigación no puede ser más oportuna.
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