El Instituto Nacional Electoral (INE) acudirá a todas las instancias legales para combatir el llamado ‘Plan B’ de la Reforma electoral, por considerar que afecta los derechos ciudadanos y la capacidad de realizar comicios.
Las y los consejeros electorales instruyeron a la Secretaría Ejecutiva interponer todos los recursos jurídicos y legales a su alcance para “combatir esta reforma electoral que afecta gravemente a la democracia del país”.
El INE debatió el informe realizado por su Secretaría Ejecutiva para detallar las afectaciones que tendría la entrada en vigor de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyadas por la mayoría de Morena en el Congreso.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que si se aplican todos los cambios previstos sería “la primera reforma regresiva de nuestra democracia”, que generaría una “inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral” rumbo a 2024.
En sesión del consejo, Córdova pidió a las autoridades que definirán la legalidad de la reforma que “detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.
Posturas.
La consejera Norma De la Cruz advirtió dos afectaciones en materia de igualdad de género y no discriminación: la disminución de 50 a 25 fórmulas de candidaturas que incluyen personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, así como la reestructura orgánica del Instituto contemplada, que implicaría no contar con una Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, “al proponer que sus funciones sean absorbidas por una nueva dirección ejecutiva de partidos políticos”.
El consejero Jaime Rivera destacó las afectaciones que la reforma conlleva en materia de fiscalización al restar autonomía técnica constitucional a la Unidad Técnica de Fiscalización al convertirla en una Dirección Ejecutiva. Además de restringir la posibilidad de fiscalizar actividades irregulares que los sujetos realicen o que no estén previstos en los supuestos establecidos en la ley, las modificaciones legales impiden que el INE cancele candidaturas a quienes no cumplen con transparentar sus ingresos y gastos.
La consejera Carla Humphrey afirmó que se eliminarían áreas fundamentales, “al dejar inadvertida la especialización y el profesionalismo de cada una, sin analizar objetiva y exhaustivamente sus consecuencias”.
El consejero Martín Faz consideró que los impactos de la reforma en materia de capacitación electoral son particularmente graves, “ya que modifican sensiblemente el esquema con que hemos operado la integración de las Mesas Directivas de Casilla, tanto en las actividades específicas, como en la capacidad operativa de quienes las realizan y coordinan”.
El consejero Ciro Murayama subrayó que la reforma electoral echa a la calle a quienes coordinan el trabajo de los módulos, desde donde se actualizan el Padrón y la cartografía electoral.
La consejera Dania Ravel externó su preocupación por que la reforma limita el funcionamiento de los Organismos Públicos Locales al fusionar todas las áreas relevantes en dos mega-áreas: una de organización, capacitación electoral y educación cívica y otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos.
La consejera Adriana Favela advirtió que la fusión de la Dirección Jurídica y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, propuesta en la reforma, puede generar una excesiva carga de trabajo.
La consejera Claudia Zavala dijo que la reforma permite la construcción del Padrón y el listado nominal de personas que residen en el extranjero a partir de dos documentos que son ajenos a la naturaleza electoral y que rompe con toda la trazabilidad electoral y la certeza que requieren en su integración.
Una reforma que pone en peligro a la democracia, la República y los derechos humanos debe ser cuestionada.
El consejero José Roberto Ruiz cuestionó que habiendo grandes áreas de oportunidad para disminuir el costo del sistema electoral, éstas no se abordan en las iniciativas de las representaciones políticas.
Cuestionó por qué no se destinaron esfuerzos para tener un calendario electoral único en el país o por qué no se buscó prescindir del doble financiamiento público que tienen los partidos nacionales.
El consejero Uuc-kib Espadas dijo que la reforma electoral no genera un avance democrático, ni garantiza mejora en los derechos de la ciudadanía.
No podemos simplemente aceptar que la austeridad pase por el atropello de los derechos laborales.
Source link