El cambio de gobierno en la Ciudad de México abre la oportunidad de esclarecer el caso Narvarte, reconsiderando líneas de investigación descartadas por la PGJ, incluyendo las amenazas recibidas en Veracruz.
A cuatro años del multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que perdieron la vida Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Nadia Vera y el fotógrafo Rubén Espinosa, se abre una nueva oportunidad para hacer justicia, sostuvo Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la organización Artículo 19.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Maldonado informó que la nueva administración de la Ciudad de México ha decidido replantear desde el principio la investigación de 2015, y seguir líneas que la pasada administración nunca aceptó.
Sostuvo que, tanto la organización de protección a periodistas que representa, como los familiares de las víctimas esperan resultados lo más pronto posible.
“Entendemos que la nueva administración lleva menos de un año, pero la expectativa de justicia lleva cuatro”.
El activista sostuvo que una resolución a este caso “podría comenzar a restaurar la confianza en la institución de procuración de justicia que está colapasada y que requiere una reingeniería en términos estructurales”.
“La resolución del caso, el esclarecimiento de los hechos, el modus operandi y la posible participación de más autores materiales e intelectuales no solamente implica justicia para las víctimas, aunque esto es importante, sino también implica la garantía del derecho a la verdad de aquellos que se siguen preguntando qué pasó el 31 de julio de 2015, en el departamento de Luz Saviñón 1909”.
Una de las líneas de investigación que la Procuraduría capitalina está a obligada a abrir es la relacionada con las amenazas contra Rubén Espinoza en Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, mismas que lo orillaron al desplazamiento forzado en la Ciudad de México.
“Era razonable, hubo testimonios, hubo evidencia documental, y aún así fue desdeñada por la Procuraduría, por su entonces titular Rodolfo Garza y después por Edmundo Garrido”.
Destacó que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del D.F., emitida hace dos años, establece claramente que deben de fincar las responsabilidades tanto en la investigación penal, pero también respecto a los funcionarios que manipularon evidencia, filtraron información, estigmatizaron a las víctimas y maltrataron a sus familias.
Maldonado consideró que este caso cobra importancia tras la revelación de que agentes de la Procuraduría maquillaban cifras delictivas durante la pasada administración, “pues deja ver que la institución fue utilizada para alejarla de su objetivo, que es garantizar justicia”.