El ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la primera parte del “Plan B” electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.
“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, señaló el ministro.
La primera parte de la reforma electoral incluye, entre diversas disposiciones, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales quedaron suspendidas desde la semana pasada por orden del ministro Pérez Dayán.
En la controversia que presentó ante la Corte, el INE consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas producen una “violación directa” a sus funcionescomo órgano constitucional autónomo.
Dichas medidas, se considera, “obstaculizan” la función que realiza el INE para garantizar la equidad en la contienda electoral, ya que la propaganda podría influir la elección.
Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, presenten su contestación.
El pasado domingo, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que acusa al ministro Alberto Pérez Dayán de hacer “fraude a la Constitución”, tras haber otorgado una suspensión para la entrada en vigor de la primera parte de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’.
Una cita incluida en el comunicado habla de jueces que “tuercen la ley”: “Estos son los malos jueces, los usurpadores, los destructores de la democracia”, tomando una frase de Ronald Dworkin.
La Consejería Jurídica confirmó que ya presentó la impugnación contra la determinación que se dio a conocer esta semana.
En comunicado, Presidencia afirma que el ministro tomó una decisión “de forma dogmática”, pues argumenta que no hay actos eminentes e inmediatos o “alguna afectación irreparable al sistema democrático” con la aplicación de las reformas.
El comunicado dice que el ministro violó la Constitución y exige que la Corte “actúe dentro de las atribuciones que le corresponden”.
Según la Consejería Jurídica, la decisión del ministro afecta la división de poderes:
“La suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán afecta de manera grave una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como es la división de poderes, ya que carece de facultades para anular un valor constitucional superior, como es el principio de presunción de validez de las normas expedidas por el Poder Legislativo, pues sólo la determinación del pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general”.
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