La reclamación de la FGR sobre el fallo de un ministro respecto a la controversia constitucional planteada por el Congreso de Tamaulipas fue admitida a trámite por la Suprema Corte.
La Fiscalía General de la República atañe en su recurso a la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, al desechar la controversia constitucional relacionada con el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador.
La Corte turnó la reclamación de la FGR a una ministra -sin precisar su nombre- para que elabore un proyecto y, al mismo tiempo, dio un plazo de 5 días hábiles al Congreso de Tamaulipas y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifiesten lo que a su derecho convenga, de acuerdo con el diario Reforma.
“En ese sentido, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, y se admite a trámite el recurso de reclamación que hace valer en representación de la Fiscalía General de la República, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan existir y que se analizarán al momento de dictar sentencia”, dice el acuerdo publicado la noche del viernes 21 de mayo.
González Alcántara desechó por improcedente la controversia del Congreso estatal contra la declaración de procedencia sobre García Cabeza de Vaca, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril.
Sin embargo, el desechamiento resultó ser un fallo favorable para el gobernador y el propósito del Congreso de Tamaulipas, pues González Alcántara dijo que éste ya resolvió que por ahora no procede procesar penalmente al mandatario.
El lunes pasado el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, presentó una reclamación contra del desechamiento, porque estimó que el ministro se extralimitó en su acuerdo al analizar aspectos que invaden las funciones ministeriales y que son materia de la sentencia.
“Al desechar de plano la demanda, viola el artículo 25 de la Ley Reglamentaria, ya que analizó y estudió cuestiones inherentes al fondo del medio de control constitucional, pronunciándose indebidamente sobre aspectos que no forman parte de la litis y que inciden en el ámbito competencial del Ministerio Público de la Federación”, dijo Gertz en el recurso.
“El ministro instructor -añadió-, al emitir el auto combatido, no se apegó a la Ley Reglamentaria, pues el acuerdo admisorio en una controversia constitucional es de mero trámite, esto es, en él únicamente se deben dictar las medidas necesarias para la debida integración del expediente, sin que exista la posibilidad de que se estudie el fondo del asunto en los términos y alcances en que se hizo y, menos aún, de hacer pronunciamientos específicos que corresponden a la sentencia de fondo que, en su caso se dicte por ese Alto Tribunal”.
En la indagatoria que llevó a cabo para solicitar el desafuero de Cabeza de Vaca, la FGR le imputó los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.
Sin embargo, cuando el 30 de abril aprobó el juicio de procedencia, la Cámara de Diputados sólo autorizó la acción penal por este último delito.
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