Agnès Callamard fue amenazada hasta en dos ocasiones. Ella no estaba presente, pero sus colegas de Naciones Unidas sí, así que el mensaje llegó. Fue en enero de 2020, en una reunión celebrada en Ginebra entre funcionarios saudíes y de la ONU. Allí, en esa ciudad suiza, se encuentran las oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Callamard, nacida en Grenoble (Francia) hace 56 años, había elaborado como relatora especial de este organismo un informe sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en octubre de 2018 en Estambul. Aprovechando la reunión, un alto cargo saudí pidió a su contraparte dos veces que se ocuparan de ella si no querían que lo hicieran otros. “Yo hago lo que tengo que hacer”, dice Callamard desde París en una videollamada con EL PAÍS, “pero fue una conmoción el hecho de que autoridades de Arabia Saudí me amenazaran en un espacio de la ONU, que debe ser protegido”. Callamard, con una larga trayectoria como experta en derechos humanos, acaba de asumir la secretaría general de Amnistía Internacional (AI).
Aquello ocurrió a principios del año pasado, pero ella no lo denunció hasta el pasado 23 de marzo, en una entrevista con el periódico británico The Guardian. ¿Por qué tardó tanto en hablar de ello? “Estaba trabajando en una serie de asuntos importantes relacionados con Arabia Saudí y no quería llamar la atención y distraer debido a las amenazas”. Cuando se decidió a contarlo, el alto funcionario no fue identificado, pero dos días después de la publicación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí, Awwad Alawwad, se delató. “Rechazo esta sugerencia [las amenazas] en los términos más enérgicos”, señaló en Twitter Alawwad, exministro de Información saudí. “Si bien no puedo recordar las conversaciones exactas, nunca hubiera deseado o amenazado con hacer daño a una persona designada por la ONU, ni a nadie en ese sentido” prosiguió.
Rupert Colville, portavoz de la ONU, confirmó la versión de Callamard. Lo que sin duda no había gustado en Riad es el contenido del informe sobre la muerte de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. El reporte, de un centenar de folios y firmado por ella, decía esto en la página 4: “La relatora especial ha determinado que existen pruebas creíbles que justifican una mayor investigación de la responsabilidad individual de los funcionarios saudíes de alto nivel, incluida la del príncipe heredero [Mohamed Bin Salmán]”.
“Por supuesto que una actúa porque toma estas amenazas en serio”, admite Callamard, “pero tienes que evaluarlas objetivamente, ver qué medidas tomar, si el riesgo es elevado…”. Habló con la ONU y extremó las precauciones en torno a su persona. “Estaba en una situación en la que podía ser protegida”, continúa durante la conversación, “porque había personal de seguridad a mi alrededor. Tienes que ser consciente constantemente; tomé medidas extra con mi tecnología e informé a unas pocas personas para que tuvieran un ojo puesto”. Y ya está. Al preguntar por cómo le afectó personalmente, si temió por su vida, trata de rebajar la gravedad, no se sintió “especialmente inquieta”, dice; está acostumbrada. Pese a que quiso que todo esto saliera a la luz —”porque el mundo necesita saber que la ONU es un lugar donde la gente puede ser amenazada por su trabajo”, insiste Callamard—, quita hierro al asunto: “La gente con la que trabajo las recibe [amenazas de muerte]. En comparación con la situación de muchos de mis contactos, que hasta tienen que cambiar de casa, esto no es nada”.
Sospecha, eso sí, dos cosas, según admite en la charla: que Arabia Saudí no solo la ha amenazado a ella en el seno de Naciones Unidas y que este país no es el único en hacerlo.
Su trabajo con los saudíes no ha sido fácil, y ser mujer tiene que ver con ello, según reconoce. “Hay mucha misoginia en la forma en la que Arabia Saudí interactuó conmigo, subestimó mi trabajo”, dice la flamante secretaria general de AI. Pero no solo desde Riad. Callamard también ha recibido advertencias del presidente filipino, Rodrigo Duterte, que amenazó con “abofetearla” por sus críticas a la guerra contra la droga tras una visita al país en mayo de 2017. “Ese no es el tipo de palabra que se usaría con un hombre”, admite la experta francesa. El enfado de Duterte llegó a la red y la página de Callamard en la versión inglesa de Wikipedia fue manipulada para vincularla con un partido filipino opositor.
Con una formación en Ciencias Políticas en Francia y Estados Unidos, Callamard, directora también de la Iniciativa Global para la Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia, tomó hace apenas seis días el relevo al frente de Amnistía —organización en la que ya trabajó brevemente hace dos décadas— de manos de la suiza Julie Verhaar. Detrás deja investigaciones como en la que concluyó, en julio del pasado año, que el ataque de EE UU en Irak que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani fue “ilegal”. ¿Prioridades en su nuevo cargo? “Primero escuchar y aprender, si no sería muy arrogante”, responde.
La pandemia como excusa para violar los derechos humanos
La francesa Agnès Callamard se ha estrenado en el cargo como nueva secretaria general de Amnistía Internacional con la publicación del informe anual con el que la organización repasa el estado de salud de los derechos humanos. Este año, precisamente, la pandemia ha sido uno de los temas clave en el reporte. Según el trabajo de Amnistía, que hace un seguimiento de 149 países, la crisis desatada por la aparición de la covid-19 ha servido de excusa a muchos gobiernos para reforzar su poder, menoscabar los derechos de los ciudadanos y entorpecer la cooperación internacional.
“Lo que vimos en 2020″, señala Callamard a este diario, “fue mucha negligencia en la protección de los derechos humanos, en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, haciéndonos más vulnerables ante la pandemia”. Sirva de ejemplo, Amnistía afirma en su informe que las autoridades “hostigaron o intimidaron”, hasta la detención o el despido, al personal sanitario en 42 de los países analizados.
También en 42 países, Amnistía detectó devoluciones de inmigrantes o refugiados que, en ocasiones, “se quedaron atrapados en campos o centros de detención en condiciones de miseria o se vieron bloqueados por los cierres de fronteras”. El informe denuncia de igual modo el “hacinamiento y las condiciones insalubres” en centros de detención, y los desalojos forzosos, todas estas violaciones de los derechos que han dejado a los ciudadanos tremendamente expuestos al virus. La organización resalta también el uso de la pandemia para recortar la libertad de expresión en países del Golfo (Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán), pero también en Europa, como es el caso de la Hungría de Viktor Orbán, así como el uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas en Oriente Próximo, el norte de África y Asia, en especial Filipinas.
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