La periodista Ana Lilia Pérez y el escritor Fabrizio Mejía advirtieron que, por ello, el Gobierno Federal debe tener mucho cuidado al concretar la desaparición de este cuerpo policíaco.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ser muy cuidadoso al desintegrar la Policía Federal, para concentrarse en la conformación de la Guardia Nacional, ya que sus elementos podrían ser reclutados por grupos del crimen organizado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, afirmaron expertos.
En Mesa De Análisis, el escritor Fabrizio Mejía comentó que tras la guerra contra del narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón, se tiene una desmovilización y una rebelión de los policías federales que no quieren pasar a un nuevo régimen militar, donde sí es importante el peso y la estatura.
“Están muy enojados, porque su asunto es laboral, sin reconocer que estas demandas, si bien son legítimas, no tendrán mucho eco en la sociedad, que vemos a la Policía Federal como un organismo corrupto, que no solucionó el problema de seguridad en muchas localidades, que no sirvió”, dijo.
Por otro lado, observó que no hay un representante claro y se está politizando el asunto.
En tanto, la periodista Ana Lilia Pérez señalo que este reclamo laboral entraña una discrepancia entre civiles y militares que no es algo nuevo.
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Refirió que desde el sexenio de Felipe Calderón ya había una falta de coordinación y confianza entre civiles y militares, que fue lo que llevó al caos las operaciones contra el narcotráfico.
“Después con Enrique Peña Nieto hubo más miembros de la Policía Federal, más de 36 mil, el 89 por ciento eran operativos y el 11 por ciento administrativos, pero hay que detenernos a recordar aquéllas revisiones que se hicieron del desempeño de estos policías, del tipo de operativos que hacían, y prácticamente en las revisiones que hicieron áreas como la Auditoría Superior de la Federación, se detectó que no había claridad y que no tenían ningún impacto en la delincuencia“, expuso.
La periodista y el escritor coincidieron que el gobierno debe ser muy cuidadoso al extinguir a este cuerpo policíaco, ya que durante el sexenio de Peña Nieto tenía acceso a información sobre organizaciones criminales y víctimas, así como a mapas que podrían ser mal utilizados.
“Hay que recordar que tenemos experiencias en México de que cuando se han desintegrado otros cuerpos policíacos desgraciadamente algunos de esos miembros terminan reclutándose en las filas del crimen organizado. Se debe evitar a toda costa que esto pueda ocurrir”, afirmó Pérez.
Precisó que en 2017, por ejemplo, se realizaron 481 operativos a partir de indagatorias de datos de inteligencia que estaban obteniendo estos policías, elaboraron 575 fichas de personas y organizaciones criminales, 52 agendas de riesgo de todo el país, 113 mil 707 servicios con equipo especializado de vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos, ingresaron 10 mil 520 datos biométicos y balísticos a las bases de datos institucionales sobre presuntos responsables pero también víctimas de los delitos.
Sin embargo, señaló que al hacer una auditoría, la Policía Federal no pudo acreditar el uso de esta información en el combate a los índices delincuenciales.
Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, Marielle Eckes -esposa de Lozoya-; Gilda Austin -madre del exdirector de Pemex-; Gilda Lozoya -hermana de Emilio-; y Nelly Aguilera -empresaria de bienes raíces residente en Ixtapa-.
Al respecto, Pérez consideró que deben hacer investigaciones más a fondo sobre los funcionarios involucrados en este y otros casos de corrupción.