La cadena televisiva catarí Al Jazeera ha presentado este martes a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) el caso de la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh de nacionalidad palestino-estadounidense. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de mayo, cuando la reportera cubría una operación militar en la ciudad de Yenín, al norte de Cisjordania, y recibió un tiro en la cabeza. Los abogados del canal de noticias aseguran que “han descubierto nuevas pruebas” sobre el disparo. Este nuevo hallazgo apunta, según ellos, a la intervención directa de las fuerzas israelíes. De ahí que hayan depositado en la sede del tribunal una petición para que la Fiscalía indague lo ocurrido. El TPI tiene ya una investigación en curso sobre la situación en Palestina. La misma incluye las acciones del ejército de Israel y de las milicias palestinas en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.
La solicitud de Al Jazeera se ha producido después de que su equipo legal haya analizado a fondo los hechos, con testigos y material gráfico. “Hay una base razonable para proceder a investigar la muerte de Abu Akleh”, ha dicho el abogado Rodney Dixon. El letrado ha hecho estas declaraciones en La Haya, sede del TPI, y considera que este caso “puede ser visto como una parte de la investigación abierta sobre Palestina”. En una rueda de prensa posterior a la entrega de la solicitud, ha añadido que “el asesinato de la periodista forma parte de una campaña amplia y sistemática contra Al Jazeera, por parte de Israel: hay una intención clara de acallar a la cadena”. En el momento de su muerte, Shireen Abu Akleh llevaba casco y un chaleco antibalas donde figuraba la palabra: “Press” (prensa).
“Mi familia no sabe quién disparó la bala mortal y quién formaba parte de la cadena de mando que mató a mi tía, pero las pruebas son claras y esperamos que el tribunal actúe”, ha declarado en la misma rueda de prensa Lina Abu Akleh, sobrina de la fallecida. Para el abogado Dixon, puede tratarse de un crimen de guerra “perpetrado en un conflicto armado, y también de un crimen contra la humanidad en un entorno de ataques generalizados contra periodistas en Palestina”, y así espera que lo vea la Fiscalía. El ejército de Israel admitió en septiembre que había “una alta probabilidad de que matase por error a la reportera” al confundirla con un miliciano palestino. Israel no es miembro del Tribunal Penal Internacional y, según reza un comunicado emitido este martes por la oficina del primer ministro, Yair Lapid, “nadie va a investigar a las Fuerzas de Defensa de Israel”. “Nadie va a darnos lecciones de moral en una situación de conflicto bélico. Desde luego, no lo va a hacer Al Jazeera”, concluye la nota.
Cualquier ciudadano o agrupación está facultado para presentar una denuncia sobre un delito ante el Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, ello no supone que la Fiscalía vaya a abrir una investigación formal. Solo lo hace si considera que hay base suficiente para sustentar los hechos, y cuando los jueces autorizan seguir adelante. En junio pasado, la Autoridad Nacional Palestina remitió los resultados de sus propias indagaciones sobre este caso al propio TPI.
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