“Estamos en el limbo”, así define Miguel Ángel Vargas Hernández la situación de su familia y el albergue Pergatuzoo, dedicado al rescate de animales, tras presentar denuncias por presuntas extorsiones durante un año en contra de individuos que dicen pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales pretenden cobrarles “derecho de piso” para dejar que sigan operando.
A sus primeras denuncias, se suman ahora presuntas amenazas y persecución judicial que atribuyen a policías capitalinos y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La historia que aterroriza al albergue comenzó en 2024 y se recrudeció el pasado 18 de junio. Ese día, el sobrino de Miguel Ángel, quien pidió reservar su identidad y se encarga de administrar las compras para el albergue, fue presuntamente amenazado por supuestos integrantes del CJNG cerca de su casa en la Ciudad de México. Allí le exigieron pagar el derecho de piso del refugio animal que se ubica en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.
Las primeras extorsiones, según el relato de los afectados, se remontan al 2024 y conectan con la “Operación “Enjambre”, un caso policiaco que reveló la posible colusión de autoridades de Nicolás Romero con el grupo criminal liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
“Para ingresar al albergue hay que caminar por callejones y los vehículos se dejan, por lo general, en la calle Lázaro Cárdenas. Una persona que vive ahí empezó a pedirle a mi hermana el derecho de estacionamientos y pagó sin problemas”, cuenta Miguel Ángel en entrevista para Aristegui Noticias.
“La gente de ahí empezó a ver que hay movimiento en el albergue: descarga de alimento, llegada de animales y cosas de ese tipo. Se dieron a la idea de que había dinero, lo que no es verdad. Nosotros apenas vamos saliendo con los gastos y más aún a partir de la pandemia porque la población que tenemos de animales pasó de 750 a 2,300“, detalla.
Fotos: Albergue Pergatuzoo
De acuerdo con su narración, la misma persona que inicialmente empezó a cobrarles por estacionarse después les exigió una cuota mensual de 25 mil pesos, de lo contrario, amenazó, “habría consecuencias contra el albergue y las personas que lo administran”, es decir, la familia de Miguel Ángel.
“Así empieza el hostigamiento y mi hermana dice que no pagará. Después, en domingo de Ramos, golpean a un trabajador del albergue, entonces es cuando mi hermana expone públicamente el caso y se hace viral”, señala. Insiste en que la persona que comenzó con la presunta extorsión siempre se presentó como parte del CJNG.
Luego de difundir en redes sociales las presuntas extorsiones, la presidencia municipal de Nicolás Romero intervino en el caso a través del exdirector de Seguridad Pública, Adrián Mauricio, pero no como la familia esperaba.
“Más que resolver el problema querían incriminar al trabajador“, expone Miguel Ángel.
Posteriormente las amenazas empezaron a subir de trono; comenzaron a amenazar con quemar el albergue, con matar los animales.
El administrador del albergue denuncia que la intimidación llegó a tal grado que un día los extorsionadores colocaron un ataúd en la calle que la familia toma para ir al albergue, en el cual también dejaron una manta llena de amenazas firmada por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Foto: Albergue Pergatuzoo
Denuncia llega a mañanera de AMLO
El caso fue presentado ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina del 19 de abril de 2024. “Vamos a tomar nota”, fue la única respuesta del entonces mandatario.
Tras esto, la Guardia Nacional acudió a Nicolás Romero para investigar “y resulta que la policía municipal, junto con el Secretario de Seguridad, estaban vinculados con el Cártel de Jalisco“, dice Miguel Ángel.
En enero de este año, Adrián Mauricio “N” fue detenido en Michoacán como parte del “Operativo Enjambre”, durante el cual decenas de policías y funcionarios mexiquenses han sido aprehendidos por presuntas actividades delincuenciales y posibles vínculos con organizaciones criminales
De acuerdo com la Fiscalía de Justicia del Estado de México, el excomisario de Nicolás Romero es investigado por su probable intervención en el delito de secuestro con fines de extorsión.
Foto: Fiscalía Edomex
La “Operación Enjambre” también detectó que policías municipales de Nicolás Romero estarían vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso siendo cómplices en el asesinato de varios conductores de taxis por aplicación y de transporte público.
Luego de estas detenciones el albergue tuvo un breve periodo de calma, pero denuncian que su tranquilidad vio interrumpido cuando las extorsiones llegaron hasta la Ciudad de México.
Extorsión y persecución judicial en la CDMX
El miércoles 18 de junio de 2025, entre las 20:30 y 21:00 horas, el sobrino de Miguel Ángel acudió a una tienda de tenis y gorras ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.
Luego de ser atendido en el local, según el relato que compartió con Aristegui Noticias, alrededor de 10 sujetos le cerraron el paso y comenzaron a amenazarlo, identificándose como supuestos integrantes del CJNG.
Allí le exigieron el cobro de 25 mil pesos mensuales para dejar operar el albergue.
“En esa amenaza le comentan todo el historial que hubo en Nicolás Romero“, añade su tío, Miguel Ángel. “Le dicen que ahora no nos vamos a salvar porque ya nos tienen ubicados dónde vivimos, cómo vivimos, todo, y que son del Cártel Jalisco”.
De acuerdo con una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía capitalina, el sobrino de Miguel Ángel intentó alejarse en su vehículo, pero debido a los nervios no se percató que su coche estaba en reversa, por lo que al acelerar impactó con la camioneta de los supuestos extorsionadores, quienes estaban estacionados detrás de su vehículo.
La camioneta Cadillac en la cual los presuntos extorsionadores habrían manejado, según el testimonio de la familia. Foto: Albergue Pergatuzoo
La declaración de esta persona agregó que huyó del lugar hasta encontrar un convoy de patrullas y Guardia Nacional, a quienes les pidió ayuda.
Ante las patrullas y los militares, el joven habría denunciado las amenazas que acababa de recibir. Posteriormente, le marcó sus familiares para que acudieran al lugar.
El relato de Miguel Ángel agrega que tras recibir la llamada de su sobrino, junto con su hermana se trasladaron al lugar y al llegar, comenzaron una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook del albergue para así exhibir públicamente los hechos.
Miguel Ángel agrega que más tarde los agentes de la policía capitalina remitieron a su sobrino y a los presuntos extorsionadores ante un Juez Cívico, quien resolvió su traslado ante un Ministerio Público (MP) de la Fiscalía capitalina.
En la denuncia presentada ante la OIC, se señala que a partir de ese momento, el caso dio un vuelco y se tornó en contra de las víctimas, a partir de actuaciones irregulares del MP.
En el documento, se afirma que al llegar a la Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza, el agente del Ministerio Público se negó a detener a los presuntos extorsionadores y en su lugar arrestaron al sobrino de Miguel Ángel, acusándolo del delito de daños dolosos a propiedad ajena.
“Yo vi cómo el abogado de la contraparte le dio dinero a la agente del Ministerio Público, de nombre Lizbeth Irazema Sánchez Marín”, denuncia Miguel Ángel.
De acuerdo con su narración y la de su sobrino, el joven primero fue trasladado al área médica para recibir una valoración y posteriormente allí donde le notificaron su detención.
“Cambiaron toda la situación jurídica”, expresa Miguel Ángel. “A mi sobrino lo imputan los policías y dicen que lo detienen a petición de la otra parte. O sea, voltean todo”.
Durante la detención, al sobrino le pidieron todas sus pertenencias: su credencial de elector, tarjeta de circulación, las llaves de su vehículo, de su casa y hasta las del albergue.
En la denuncia de Asuntos Internos se afirma que el joven protector de animales estuvo incomunicado durante su detención, se le impidió acceder a representación legal y no le permitieron desahogar pruebas cuando era necesario.
Foto: Albergue Pergatuzoo
Además, el Ministerio Público se rehusó a aceptar el dictamen psicológico realizado al sobrino, en el cual se determina que padece de una incapacidad.
Juez echa abajo versión de la Fiscalía CDMX
Ya con el proceso plagado de irregularidades, la Fiscalía imputó al joven por daños estimados en 40 mil pesos, tras una evaluación pericial tildada de irregular por la familia.
“El perito cometió diversas omisiones”, señala Miguel Ángel. “¿Por qué pone el daño en 40 mil pesos? Porque según el Código Penal cuando se rebasa esa cantidad la prisión es más severa”.
Posteriormente, el sobrino fue trasladado del MP al Reclusorio Norte para enfrentar la audiencia de imputación ante un juez penal de la Ciudad de México.
El pasado 21 de junio de 2025, se lleva a cabo la audiencia de control de detención ante un juez especializado en el sistema acusatorio, el cual resolvió que que la detención del sobrino fue ilegal, por lo que dictó su libertad inmediata.
Durante la audiencia, el juez expuso diversas inconsistencias e irregularidades por parte del Ministerio Público y en la narración que hizo la Fiscalía sobre la detención del joven protector de animales.
“De hacerlo me convertiría en un juez inquisidor o un juez tradicional que actuaba en contubernio o en complacencia con el Ministerio Público para componer las fallas técnicas”, argumentó el juez de control al calificar la detención del muchacho como ilegal.
“Este juzgador no califica de legal la detención, tampoco la retención, por tanto se ordena su libertad. Lo cual no quiere decir que el asunto se acabó. Se va a regresar a la Fiscalía para que lo terminen de integrar”, dijo en su resolución.
No obstante, la carpeta de investigación contra el joven animalista sigue abierta ya que el juez no dictó el sobreseimiento ni invalidó todas las actuaciones del MP.
En tanto, la Fiscalía capitalina sigue sin investigar las extorsiones y amenazas que denunció el joven, ya que se negó a aceptar la denuncia del joven, según el relato de su familia.
Para tratar de revertir la actuación irregular de la MP, el pasado martes 1 de julio, el sobrino de Miguel Ángel presentó una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detallando las irregularidades de su detención.
Un día después, afirma, policías llegaron a amenazarlo para que retirara la denuncia. “De alguna manera están monitoreando todo“, dice su tío. “En ese sentido, ¿qué seguridad tenemos?”.
Aristegui Noticias solicitó mediante el contacto de prensa una postura de la Fiscalía de la Ciudad de México, sin haber obtenido respuesta a la fecha de publicación de esta pieza periodística.