Protesta contra las restricciones por la pandemia de coronavirus en Berlín, en enero de 2022.Michael Sohn (AP)
Estudiantes que pintan esvásticas en los pupitres y hacen el saludo hitleriano en los pasillos de la escuela; insultos racistas a niños de origen turco en un campamento en Brandeburgo; ataques de ultraderechistas a alumnos LGTBI de la universidad de Potsdam… En las últimas semanas la prensa alemana ha denunciado varios incidentes relacionados con la extrema derecha en Estados federados del este. Casos aislados, pero que van en aumento y preocupan cada vez más a las fuerzas de seguridad. Alemania registró en 2022 una cifra récord de delitos con motivación política, según los datos presentados este martes por el Ministerio del Interior.
Nunca desde que empezó a elaborarse esta estadística, en 2001, se habían contabilizado tantos delitos de este tipo: casi 59.000, un 7% más que el año anterior. Desde hace unos años, Alemania considera a la ultraderecha la principal amenaza para la seguridad del país, por delante del terrorismo islamista. Casi 23.500 de esos delitos de carácter político o ideológico están vinculados a ideologías de derechas, un incremento también del 7% respecto a 2021, recoge el informe anual. Las fuerzas de seguridad están detectando una “mayor tendencia a la radicalización en partes de la población”, ha alertado este martes el presidente de Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), Holger Münch.
La policía y los servicios de inteligencia monitorizan al detalle la actividad de los Reichsbürger (ciudadanos del Imperio), un grupo extremista de derechas que no reconoce la legitimidad de la República Federal que salió de la II Guerra Mundial. Especialmente desde que a finales del año pasado detuvieran en una de las mayores redadas antiterroristas de los últimos años a 25 personas que planeaban la toma por la fuerza del Parlamento. Los conspiradores tenían armas y munición y contaban entre sus filas con antiguos militares. La ministra del Interior, Nancy Faeser, se ha referido específicamente a la “irracionalidad y peligrosidad” de estos grupos, cuya actividad se ha disparado a juzgar por los delitos que se les atribuyen: 1.860 casos, un 40% más que el año anterior.
Sin embargo, los delitos que más han aumentado según el informe anual de la BKA no son ni los de extrema derecha ni de extrema izquierda —estos últimos descendieron un 31% hasta alrededor de 7.000— sino los casos que no se pueden asignar claramente debido a su “difusa motivación ideológica”. En esta categoría se incluyen por ejemplo los relacionados con las protestas contra las restricciones por la pandemia de coronavirus.
La Oficina para la protección de la Constitución (BfV), los servicios secretos internos de Alemania, decidieron en 2021 someter a vigilancia al movimiento conocido como Querdenker (pensadores laterales o alternativos) que lideró las manifestaciones contra las medidas del Gobierno. Algunos reunieron a varias decenas de miles de personas, sobre todo en Berlín. Entre los participantes en estas protestas había negacionistas de la covid-19, antivacunas, creyentes en teorías de la conspiración, esotéricos pero también muchos partidarios de la ultraderecha. Según un informe de la BfV, la extrema derecha aprovechó el malestar de una parte de la ciudadanía por las restricciones a las libertades individuales para lanzar sus consignas y tratar de capitalizar la protesta.
“El extremismo de derechas sigue siendo la mayor amenaza”, ha subrayado este martes Münch en rueda de prensa en Berlín. Faeser, por su parte, ha señalado que los datos reflejan los cambios y la incertidumbre que viven los ciudadanos por los conflictos surgidos estos últimos años, como la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. La BKA ha registrado un aumento (del 9%) de los delitos contra los refugiados. También se han contabilizado más casos que se clasifican como de “ideología extranjera”, relacionados tanto con la guerra en Ucrania ―principalmente insultos o amenazas en manifestaciones de carácter antirruso o antiucranio― como con el conflicto entre Turquía y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) o la situación en Irán.
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Los servicios secretos alemanes clasificaron hace unos días a las juventudes del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como un grupo extremista que amenaza a la democracia. “Ya no cabe duda de que persiguen aspiraciones anticonstitucionales”, aseguró Thomas Haldenwang, el jefe de la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), que acusó a la organización Joven Alternativa para Alemania (JA) de “agitar” contra los refugiados y los migrantes. El partido AfD está considerado sospechoso de extremismo, un escalón por debajo en la clasificación.
Los centros de asesoramiento para las víctimas de violencia ultraderechista, racista y antisemita han presentado también este martes sus propias estadísticas, que confirman que los ataques de la extrema derecha “van en aumento”, ha señalado Robert Kusche, director de las Oficinas Regionales de Educación, Integración y Democracia de Sajonia. El informe señala un hecho especialmente alarmante: que el número de víctimas menores de edad se ha doblado en un año, al pasar de 288 en 2021 a 520 en 2022.
Las protestas que tienen que ver con la emergencia climática dejaron también más delitos en las estadísticas policiales, 1.600 el año pasado. La ministra ha asegurado “no entender” acciones como las que protagoniza el grupo ecologista Letzte Generation (última generación), que periódicamente organiza cortes de carreteras en los que los activistas se pegan al asfalto o a los coches. “La crisis climática se combate desde la democracia”, ha señalado. “La protesta legítima”, ha añadido, “termina donde empieza el delito”.
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