Seis años, dos meses y 26 días. No, no es ninguna condena. Es el tiempo transcurrido desde que algunos sectores de la grada del Sánchez Pizjuán dedicaran cánticos insultantes a Sergio Ramos (“Sergio Ramos, hijo de puta” en cinco ocasiones y “Ramos muérete” en otra) en un partido de Copa contra el Real Madrid jugado el 12 de enero de 2017 hasta que el recinto sevillista cumplirá, el próximo 7 de abril, la sanción dictada por estos hechos: cierre por un partido de los sectores N11 y N12 de su grada.
Durante este tiempo hubo alegaciones y recursos del cuadro andaluz ante siete instancias: Comité de Competición, Comité de Apelación, Tribunal Administrativo del Deporte, Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Juzgado Central, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Este último órgano dictó, este pasado mes de febrero, la inadmisión a trámite del último recurso del club, dando por cerrado su recorrido judicial.
Y el viernes de la próxima semana, seis años, dos meses y 26 días después, el Sevilla cumplirá aquella sanción en el partido de Liga ante el Celta el Viernes Santo, 7 de abril. Algo falla en los mecanismos de la justicia deportiva española cuando la resolución final sobre una sanción se demora más de seis años. No es lógico ni tiene sentido. Urge encontrar un mecanismo que reduzca plazos, ciñéndolos a unos márgenes lógicos y racionales. La Justicia tiene sus tiempos. Pero en tiempos en los que se reclama Justicia para poner fin a ciertas actitudes, la agilidad es primordial para la credibilidad de sus decisiones.