El Gobierno del presidente Donald Trump, divulgó el viernes una norma destinada a evitar que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a ayudas para pagar una vivienda, una decisión que podría dejar en la calle a 55,000 niños que viven legalmente en el país.
La norma fue publicada el viernes en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno, y antes de entrar en vigor será sometida a un periodo de debate público.
El objetivo de la medida es prohibir el acceso a ayudas para vivienda a aquellas familias en las que al menos uno de los miembros es un inmigrante indocumentado, lo que en la práctica podría afectar a 55,000 menores que han nacido en EEUU o viven legalmente en el país, según las estimaciones del Departamento de Vivienda.
De aprobarse, la medida impactará en 108,000 personas, de las que el 70 % son residentes legales o ciudadanos estadounidenses.
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El Ejecutivo de Trump ha insistido en que su objetivo es asegurarse que las ayudas solo se destinan a familias estadounidenses y no a unidades familiares “mixtas”, aquellas en las que al menos uno de los miembros es indocumentado.
Bajo la actual regulación, los inmigrantes indocumentados tienen prohibido recibir subsidios federales, pero las familias “mixtas” pueden pedir asistencia siempre que al menos uno de los miembros resida legalmente en EEUU, ya sea porque es ciudadano estadounidense o residente permanente.
El Gobierno otorga las ayudas en función del número de personas que legalmente pueden recibirlas, es decir, en función del número de personas que viven legalmente en EEUU.
Esos subsidios sirven a las familias para pagar alquileres en viviendas donde el Gobierno ha fijado un límite máximo a lo que puede costar el alojamiento por mes.
De acuerdo a la nueva normativa, las personas que residen legalmente en EEUU podrán permanecer en su casa, pero el propio Gobierno reconoce que lo más posible es que toda la familia deje la vivienda para permanecer unida, sin excluir a ninguno de sus miembros.
Varias ONG, como la Coalición nacional para los hogares con bajos ingresos, consideran que la medida es cruel porque obligará a las familias a abandonar sus hogares.
Los estadounidenses tienen hasta el 9 de julio para proponer cambios a la norma. Concluido ese periodo, la iniciativa podría entrar en vigor.