Mario Delgado y Citlalli Hernández durante una conferencia de prensa en 2022.Moisés Pablo (CUARTOSCURO)
La no reelección de cargos políticos en México es casi una religión, pero no son pocos los que tienen la tentación de saltársela por vías opacas. Lo está intentando Alito Moreno, líder nacional del PRI, y también el presidente y la secretaria general de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, respectivamente, por citar unos ejemplos que estos días se debaten en los tribunales correspondientes. Ambos partidos modificaron sus estatutos para prorrogar sus cargos y lo justificaron por la inconveniencia de iniciar la renovación con un proceso electoral a la vista. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal tiene que votar ahora el proyecto de resolución que ya ha redactado la magistrada Janine Otálora, en el que declara “inconstitucional” la modificación estatutaria de Morena. Si el pleno acepta su criterio jurídico, sería un precedente que también puede acabar con las pretensiones de Alito Moreno de seguir en la dirigencia del PRI más allá de lo que su partido prevé legalmente.
En el III Congreso Nacional de Morena se establecieron algunas modificaciones en los estatutos que a nadie pasaron por alto: aquellos cambios permitían que Mario Delgado y Citlalli Hernández siguieran desempeñando sus funciones más tiempo del determinado. Un grupo de militantes recurrió esa decisión ante el INE, que en un primer momento les dio la razón. El caso escaló hasta el Tribunal Electoral Federal, donde ahora, en el proyecto de resolución, se tacha de “inconstitucional” ese paso y le da un tirón de orejas a Morena: “Comienza a ser recurrente la prorrogación de los titulares en los cargos partidistas”, dice el proyecto. Señala que quienes detentaron el cargo en 2015 lo concluyeron en 2020, dos años más de lo previsto en los estatutos, mientras que los actuales “pretenden dejar el cargo en 2024″, cuando les corresponde abandonarlo este agosto. “Aprobar la prórroga […] propicia la perpetuidad de los altos cargos directivos partidarios, lo que se traduce en una violación al derecho de los demás afiliados”, advierte la resolución de Otálora.
El enfado en estos casos proviene, efectivamente, de la propia militancia. Recientemente, se quejaba Miguel Ángel Osorio Chong de las intenciones del líder de su partido, el priista Alito Moreno, que hizo una jugada prácticamente idéntica a la de los morenistas. Alito se concedió tres meses más con la misma justificación, estar a las puertas de un proceso electoral, que una vez iniciado no permite cambio de dirigencias. Esto le permitiría alargarse hasta septiembre. La ley electoral, el controvertido plan B, le cambió el paso, porque la campaña para los comicios de 2024 empezaría en noviembre. Para solucionar ese pequeño imprevisto, Alito ya no hablaba de tres meses, sino de 90 días hábiles, de tal forma que pudiera llegar a la fecha electoral. “El señor quiere quedarse en el partido, pegarlo al inicio del proceso electoral y entonces quedarse un año más”, denunciaba recientemente en una entrevista Osorio Chong, antaño buen amigo de Alito Moreno y hoy adversarios del mismo color. Pero el INE tumbó las expectativas del dirigente, que ahora se las verá con el Tribunal Electoral.
El proyecto de Otálora cierra la vía a quienes pretender prorrogar sus cargos argumentando una cuestión excepcional, o sea, las exigencias de una coyuntura concreta. “Un partido político nacional se encuentra todos los años participando en procesos electorales, por lo cual no es posible calificar la razón como excepcional, relevante, extraordinaria ni transitoria”, avisa el texto. Recuerda a los morenistas que esos cargos son por tres años y que deben dejar pasar un periodo entero antes de postularse al siguiente y último mandato. Tratar de modificar eso con un artículo transitorio, como se hizo, “vulnera al Estatuto [del partido] y al sistema democrático” porque “no existió la posibilidad de que militantes que aspiraran a ocupar dicho cargo pudieran registrarse y contender para ser elector en asamblea o a través de la encuesta”.
En todo caso, sostiene el proyecto jurídico, si el partido lo estima pertinente, “podrá extender o acortar los mandatos de los referidos cargos” en el futuro, para que no coincidan con los procesos electorales federales. Pero no ahora por una vía que se tacha de “inconstitucional”.
Otálora insta al partido a respetar el sistema democrático; por más que disponga de autonomía para regular sus asuntos internos y autodeterminación, “ello no resulta suficiente para que aprueben una norma que contravenga los principios constitucionales electorales”. Si el pleno del Tribunal aprueba este proyecto de resolución contra las pretensiones de prórroga de Morena, el líder del PRI debe poner sus barbas a remojar.
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