Los socios de la coalición de Gobierno libran desde hace semanas una intensa disputa alrededor de la futura ley de vivienda. Entre los distintos puntos de fricción el principal es, probablemente, la cuestión de los precios de los alquileres. Unidas Podemos propone mecanismos de regulación de los mismos, mientras los socialistas se inclinan por incentivos fiscales para los propietarios que voluntariamente alquilen a precios asequibles. La iniciativa legislativa, sin antecedentes homologables en la etapa democrática, es loable en sus fines. El derecho a disponer de una vivienda, que se menciona en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no está bien garantizado en España por múltiples motivos. La situación se ha agravado desde la Gran Recesión, con la práctica ausencia de políticas públicas en la materia, como muestra el fuerte retroceso presupuestario que experimentaron estas partidas. Esto ha causado serios obstáculos en el acceso a la vivienda. España debe hacer un recorrido para equipararse al entorno europeo.
Mecanismos de regulación de los precios —como propone Podemos— han sido implementados en distintas modalidades en otros países europeos. No se trata por tanto de una disparatada iniciativa radical como algunos críticos sostienen. Pero ello no significa que sea la más adecuada. Si no es un tabú considerar limitados mecanismos de contención, en términos genéricos parece más eficaz actuar en sostener la oferta —con incentivos fiscales y reforzando el marco de seguridad jurídica—. El objetivo prioritario debería ser que más viviendas entren en el mercado de alquiler.
Si bien medidas de este tipo son necesarias para lograr resultados en el corto plazo, es erróneo centrar el foco en ellas. La cuestión esencial, a medio y largo plazo, es lograr que España equipare su nimio parque de vivienda social (de tan solo el 2,5%, según las propias estimaciones del Ejecutivo) a los estándares europeos. Lo que no resulta razonable es trasladar al sector privado un problema que debe abordar en primer lugar el sector público. Las soluciones pasan necesariamente por una mejor política pública en el lado de la oferta.
Es pues necesario actuar: pero no es oportuno precipitarse. La bajada de precios de alquiler a raíz de la pandemia aporta algo de margen para seguir negociando, afinar, buscar consensos. Son preferibles mínimos comunes denominadores duraderos que maximalismos que provoquen fuertes oposiciones, sujetos a ser impugnados en los tribunales, revertidos por otro Ejecutivo central o boicoteados por administraciones de distinto signo a nivel autonómico, quienes deciden sobre la aplicación última de muchas de esas medidas, lo que refuerza la necesidad del aludido consenso.
A la futura ley le corresponde regular ese marco. Debe equilibrarse el derecho a la vivienda con el de la propiedad, también protegido por la Constitución. La aprobación de una ley en Cataluña el pasado septiembre que recogía límites a los alquileres en esa comunidad y un recurso del PP contra esa norma que ya ha sido aceptado a trámite por el Constitucional señalan los riesgos. Más eficaces son los avances de consenso que sendas que pueden causar más conflictos que soluciones. Los ciudadanos, con toda razón, esperan las segundas.
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