Estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) protestaron ante la imposibilidad de ingresar al campus ubicado en San Andrés Cholula en el primer día de clases.
A través de redes sociales alumnos y docentes difundieron imágenes de los accesos restringidos por guardias de seguridad que afirmaban que no contaban con autorización para dejarlos pasar.
Hoy fuimos a todas las entradas de la @udlap para ver si hoy -10/01/2022- primer día de clases del semestre nos dejaban entrar. Entre múltiples disculpas, los elementos de seguridad privada contratados por el patronato espurio nos confirmaron que nadie puede entrar. pic.twitter.com/VSrWwtruE9
— Melanie Sarabia (@Melsarabia13) January 10, 2022
Un grupo de alumnos inconformes intentó ingresar por la fuerza al campus, pero se detuvieron antes de derribar una reja.
Estudiantes de la #UDLAP @udlap intentan entrar por la fuerza al campus. @e_consulta pic.twitter.com/2yP4i6pSk4
— Velázquez (@Maribel_VO) January 10, 2022
El pasado 9 diciembre, la rectora interina de la UDLAP, Cecilia Anaya Berríos, manifestó en entrevista para Aristegui en Vivo que la entrega del campus debe ser de manera inmediata, luego de que el juez 24 de lo civil de la Ciudad de México suspendiera las medidas cautelares que derivaron en la toma de sus instalaciones, a finales de junio.
A través de una carta publicada este lunes, Anaya Berríos solicitó la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, para resolver el conflicto que atraviesa la institución desde hace más de seis meses.
La misiva denuncia el actuar de autoridades del Poder Judicial del Estado de Puebla “quienes han violado e ignorado diversas órdenes, suspensiones y exhortos judiciales de carácter local y federal que exigen la liberación y restitución del campus universitario”.
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“La comunidad UDLAP y sus representantes legales han ganado por la vía del derecho todos y cada uno de los recursos necesarios para que la normalidad retorne a la Universidad; pero esto no ha sucedido, por lo que es evidente que nos enfrentamos no sólo a un tema de voluntad política, sino a una violación flagrante al orden jurídico, a la justicia, y principalmente, a los derechos de los estudiantes y trabajadores que ven afectadas necesidades primarias como educación y sustento”.