La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. (AMDA) anunció que evaluará interponer acciones judiciales contra el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como “autos chocolate”, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado en Ensenada, Baja California.
“Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación”, mencionó la AMDA en un comunicado.
Señaló que con la firma del acuerdo, “se concretó la legalización del contrabando automotriz por parte del presidente” y criticó que en el acto estuvieran ausentes “los lineamientos del instrumento jurídico que dará cauce a la regularización y en la que se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente”.
La AMDA hizo un llamado al presidente de México a que instrumente “de inmediato” políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.
Entre las acciones propuestas está el desarrollar un plan integral de movilidad para la frontera norte, en el que se incluya disposiciones jurídicas, administrativas y financieras “que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental” en los tres niveles de gobierno y con la concurrencia de la iniciativa privada.
La asociación considera que debe existir la “tolerancia cero” al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos, así como acabar con la corrupción aduanera y equipar tecnológicamente a los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles.
Menciona que se debe cumplir con lo estipulado en el anexo ocho del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal entre la Secretaría de Hacienda y los gobiernos estatales, mediante el que se asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz.
Señala que se debe refundar el Registro Público Vehicular (Repuve) mediante una ley que le otorgue facultades para ordenar el registro vehicular, “hacer obligatorio el concurso de los gobiernos estatales y vertebrar los procedimientos de control vehicular federal y locales”.
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Por lo tanto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 debe contar con una partida suficiente para equipar al Repuve y ampliar su capacidad de atención, ya que desde que se aprobó su reglamentación en 2004 y hasta la fecha, no ha cumplido con sus responsabilidades legales.
“La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia”, puntualiza la AMDA.
“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres”, finaliza el comunicado.
El pasado sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, que iniciará en los siete estados que tienen frontera con Estados Unidos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Roca Icela Rodríguez, precisó que la regularización se dará mediante un pago fijo cercano a los 2 mil 500 pesos, a partir de que entre en vigor el decreto y que con los recursos obtenidos se realizarán mejoras en las vialidades e inversiones en materia de seguridad.
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El pasado viernes, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, explicó en Aristegui en Vivo que pese a que el ingreso de autos “chocolate” al país es un delito grave, en vez de corregirlo y sancionarlo, se le da carta de legalización.
“La decisión del presidente de legalizar el contrabando automotriz es a todas luces perjudicial para la economía nacional, para la seguridad jurídica; incrementará la contaminación ambiental y, lo más grave, estará beneficiando e impulsando el negocio multimillonario de las mafias criminales, que son las que organizan y ejecutan este tráfico ilegal”, sostuvo.
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