Amenazas de muerte y violencia de las pandillas obligan a más familias a huir de Centroamérica

Amenazas de muerte y violencia de las pandillas obligan a más familias a huir de Centroamérica

Migrantes han tenido que salir de sus hogares tras ser víctimas de violencia, incluidas amenazas de muerte, extorsión, reclutamiento de pandillas y la violencia doméstica.

Las amenazas de muerte, el reclutamiento de pandillas, la extorsión y otras formas de violencia selectiva están impulsando a más familias del norte de Centroamérica a huir de sus hogares y buscar protección en otros países, aseguró una nueva encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Casi el 20% de los más de 3100 entrevistados que se desplazaron en unidades familiares identificaron la violencia, incluidas amenazas de muerte, extorsión, reclutamiento de pandillas y la violencia doméstica, como la razón principal detrás de su huida, de acuerdo con ONU Noticias.

Los resultados de la encuesta ayudan a explicar la dinámica detrás del alarmante aumento del 456% en las unidades familiares detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos el año pasado. Este número se disparó de casi 77 mil 800 familias en 2018 a más de 432 mil en 2019.

Durante la pandemia de Covid-19, las estrictas restricciones al movimiento y el cierre de fronteras han limitado las opciones para que las personas huyan del peligro, particularmente en los países del norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. Al mismo tiempo, las muchas formas de violencia y persecución que han provocado el desplazamiento forzado en esta región durante años han continuado y, en algunos casos, se han agravado durante el confinamiento.

La mayoría de las familias desplegadas por la alza de violencia en los países centroamericanos recurren al gobierno de Estados Unidos para solicitar asilo; sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump selló una regulación que restringe en gran medida el acceso al asilo en EU.

La regulación instruye a los jueces de inmigración y funcionarios de asilo a denegar algunas solicitudes, como las basadas en abuso doméstico y violencia de pandillas, con algunas excepciones.




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