De aprobarse la Ley de Amnistía, propuesta por el presidente López Obrador, se buscaría que Gobernación impulse leyes similares en los estados para liberar a personas vulnerables encarceladas por delitos similares.
Este miércoles será presentada ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto de la Ley de Amnistía, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para liberar de prisión a personas vulnerables.
De aprobarse, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, promoverá ante gobiernos y legislaturas de las entidades federativas, que se promulguen leyes de amnistía similares.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que esta iniciativa incluye un artículo transitorio para que Gobernación trate de impulsar esta Ley a nivel local.
“Obviamente es una decisión libre y soberana de todos los congresos, pero sí quisiéramos que se replicara para que entonces se incluyan delitos del orden local, y la población beneficiada fuera mucho mayor”.
Delgado aclaró que la amnistía no buscaría perdonar los delitos cometidos por narcotraficantes o secuestradores, como afirmaron los opositores políticos de López Obrador en la “guerra sucia” que lanzaron durante la campaña presidencial.
Tampoco incluiría a homicidas ni a personas que infligieron lesiones graves, o que cometieron delitos involucrando armas de fuego.
El diputado precisó que la Ley de Amnistía busca perdonar ciertos delitos del pasado, pero que “no es hacia el futuro”.
Explicó que el presidente eligió el 15 septiembre para presentar la iniciativa al ser una fecha simbólica “en la que se recuerda cuando el cura Miguel Hidalgo liberó a los presos políticos del virreinato, y a personas detenidas por su condición de pobreza o su ignorancia”.
En ese sentido, la iniciativa busca liberar a jóvenes encarcelados por haber consumido o portado drogas, así como perseguidos políticos y a personas que participaron en protestas sociales, además de mujeres criminalizadas por interrumpir un embarazo; personas indígenas y a cualquier ciudadano que, por su condición social, no pudo tener una defensa adecuada.
“Todos sabemos que en nuestro país la justicia es algo excepcional, o es casi un artículo de lujo, y hay muchas personas encarceladas por delitos menores que no tuvieron la posibilidad de defenderse”, dijo Delgado.