Raúl Olmos, periodista especializado en redes de corrupción y autor del libro Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas, aseguró que el esquema de contrabando y evasión fiscal relacionado con combustibles fue conocido y tolerado por autoridades federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pese a que, afirmó, existían diagnósticos precisos sobre las empresas, aduanas y mecanismos utilizados para operar la red.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Olmos afirmó que uno de los episodios más representativos del nivel de contradicción dentro del gobierno federal fue la contratación de una empresa vinculada con Sergio Carmona Angulo, identificado como “el rey del huachicol”, por parte de una filial de Pemex encargada justamente de combatir el robo de combustibles.
“AMLO contrató al rey del huachicol para combatir el huachicol”, declaró el periodista al explicar que la empresa IIS Servicios -filial de Pemex responsable de administrar las 500 pipas adquiridas tras el cierre de ductos en 2019- otorgó contratos a una compañía ligada a Carmona.
Según detalló, obtuvo comprobantes fiscales que muestran que en 2021 esa filial de Pemex “le pagó al menos 22 millones de pesos al rey del huachicol”. Los pagos, añadió, ocurrieron meses antes del asesinato de Carmona en noviembre de ese año en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Olmos recordó además que el hermano de Sergio Carmona estuvo al frente de una aduana en Tamaulipas, en un periodo en el que las pipas eran administradas por la empresa filial de Pemex.
El periodista sostuvo que el gobierno federal conocía ampliamente la operación del llamado huachicol fiscal y que incluso existían reuniones periódicas de distintas dependencias para dar seguimiento al fenómeno.
“Tenían un diagnóstico preciso, muy detallado, de por qué aduanas entraba, qué empresas estaban involucradas, cuál era el mecanismo que se utilizaba y a pesar de ello no intervinieron”, afirmó.
Agregó que funcionarios federales se reunían semanalmente tanto en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional como en la entonces Secretaría de Seguridad Pública, en Constituyentes, donde revisaban información sobre volúmenes de combustible introducidos ilegalmente al país y el monto de los impuestos evadidos.
“La realidad la tenían y además sabían incluso los volúmenes, sabían cuál era el volumen que le estaban robando al Estado en combustible y en impuestos”, señaló.
Por ello, consideró “un acto de cinismo absoluto” que autoridades federales presentaran en marzo de 2025 un decomiso histórico de combustible ilegal, cuando, dijo, las dependencias ya contaban con información completa sobre la operación de estas redes.
Olmos explicó que el libro documenta cómo el esquema de huachicol fiscal se fue consolidando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, particularmente a partir de la apertura energética y la entrega masiva de permisos de importación de combustibles a empresas privadas.
“Cuando se dieron masivamente permisos para la importación fue con Peña Nieto gracias a la apertura energética”, explicó. Aunque aclaró que la reforma “no era para eso”, sostuvo que algunos grupos empresariales y criminales identificaron desde el inicio la posibilidad de utilizar esos permisos para realizar operaciones ilegales.
El periodista señaló que diversas empresas fantasma obtuvieron autorizaciones para importar millones de litros de combustible y posteriormente utilizaron esos permisos para introducir combustible de manera irregular, simulando operaciones legales.
“El producto que ingresa es distinto al que realmente entra; es una cosa lo que se declara y otra la que se ingresa”, dijo al explicar el mecanismo de contrabando documentado.
Según detalló, las empresas declaraban el ingreso de aditivos, aceites o productos químicos para evitar el pago del IEPS, cuando en realidad introducían gasolina y diésel. “Simulo que estoy pasando aceite quemado u otras cosas. Y en realidad es combustible”, sostuvo.
Olmos diferenció este esquema del llamado “contrabando bronco”, que históricamente consistía en introducir mercancía sin declararla ante aduanas. En el huachicol fiscal, explicó, sí existen pedimentos de importación, intervención de agentes aduanales y documentación oficial, aunque con información falsa sobre el contenido real de la mercancía.
Afirmó que el cierre de ductos ordenado por López Obrador en enero de 2019 para combatir el robo de combustible terminó impulsando el crecimiento del huachicol fiscal. “Ese momento fue el momento propicio para los huachicoleros fiscales para expandir su negocio”, dijo.
Explicó que, ante la dificultad de seguir robando combustible directamente de los ductos de Pemex, grupos criminales y empresariales comenzaron a introducirlo al país mediante importaciones simuladas.
“Ya no podían pinchar los ductos, ya no podían robar el combustible en el campo y lo que hicieron fue empezar a importarlo de manera truqueada simulando que eran aditivos y eran combustibles”, explicó.
Olmos aseguró que la investigación contenida en el libro incluye documentos, expedientes judiciales, testimonios y comprobantes financieros que vinculan a distintos personajes políticos y empresariales con la operación del esquema.
Entre los nombres del expediente mencionó que se encuentran el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; Amílcar Olán, empresario identificado como cercano a Andrés Manuel López Beltrán; así como referencias a Manuel Bartlett, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
Sobre Amílcar Olán, sostuvo que una de sus primeras operaciones de importación se realizó mediante la empresa ICON, una firma texana que, según explicó, aparece en el centro de diversas investigaciones relacionadas con decomisos de combustible y operaciones de huachicol.
“Está involucrada en el centro de la mayor trama de corrupción”, afirmó respecto a esa compañía.
También señaló que en el expediente de la presunta red de huachicol fiscal con intervención de marinos, empresarios y funcionarios de aduanas aparecen referencias a un hijo del presidente López Obrador y a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante, respectivamente; el primero detenido en México y el segundo en Argentina.
En ese sentido, sostuvo que la Marina fue “corrompida desde el arranque del gobierno de López Obrador” y narró casos en los que altos mandos habrían intervenido para recuperar pipas aseguradas: “Llegan y rescatan pipas completas que habían sido decomisadas y llegan y piden ayuda a altos mandos de la Marina para que liberen pipas decomisadas”.
Olmos dijo que la corrupción dentro de la Marina “fue creciendo, fue ascendiendo hasta llegar a estos altos mandos que eran nada menos que sobrinos del secretario de la Marina”, Rafael Ojeda, en alusión a los hermanos Farías Laguna.
El periodista afirmó que el huachicol fiscal no puede entenderse únicamente como un caso de corrupción gubernamental, sino como una red compleja que involucró a autoridades federales, empresarios, agentes aduanales, transportistas, distribuidores, gasolineras y organizaciones criminales.
“No estamos hablando simplemente ante un caso de crimen; estamos hablando ante una situación, una circunstancia de corrupción estructural muy compleja que no puede entenderse sin la intervención de altos mandos del gobierno”, sostuvo.
Añadió que el volumen de combustible introducido al país hacía imposible la operación del esquema sin la participación de empresas privadas y grupos especializados en comercio exterior, logística y finanzas. “No es posible que se haya distribuido sin la intervención de empresas transportistas, empresas distribuidoras, gasolineras”, indicó.
También aseguró que tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa participaron en esta red de contrabando y evasión fiscal.
Respecto a las investigaciones abiertas actualmente en México, Olmos consideró que avanzaron principalmente por presión de Estados Unidos, país que ha señalado al huachicol fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
El periodista sostuvo que las pérdidas ocasionadas por este esquema implicaron que el Estado mexicano dejara de recibir miles de millones de pesos que pudieron destinarse a obras públicas, medicamentos y operación gubernamental.
Advirtió que las investigaciones no deberían concentrarse únicamente en mandos navales o en algunos operadores específicos, sino extenderse a todas las redes empresariales y políticas involucradas.
“Si esto se vuelve justicia selectiva vamos a tener un caso terrible”, afirmó. “Si solamente nos quedamos con chivos expiatorios, yo creo que se va a perder una gran oportunidad de erradicar de tajo un asunto profundo”.