“Un juez liberó a un detenido, considerado clave para saber por qué y dónde fueron exterminados los de Ayotzinapa”, destaca El Financiero.
“Frentes Políticos”, en Excélsior:
“La subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, a cargo de Alejandro Encinas, afirmó que hay estados y municipios que siguen aplicando medidas restrictivas a la ciudadanía, violando sus garantías. “Los retenes, cierres de fronteras y de carreteras son restricciones severas al derecho al libre tránsito. La CDMX, estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General para establecer cordones sanitarios”, externó. Incluso, si se argumentara que pudieran tener competencia, estas medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad. Saberlo sirve de algo, pero las autoridades, ¿lo entienden?”.
“Templo Mayor”, en Reforma:
“En todas las familias siempre hay un tío que da pena ajena. Y algo así se vivirá el miércoles en Washington cuando se encuentren Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador… sin cubrebocas. Y es que ambos mandatarios han dejado claro que desprecian toda evidencia científica que recomienda su uso para evitar la propagación del Covid-19. El encuentro ha sido duramente criticado de ambos lados de la frontera. En México, por ejemplo, el ex canciller Bernando Supúlveda advirtió que la visita es inconveniente y carece de fundamento. El michoacano Silvano Aureoles fue menos sutil y prácticamente le dijo agachón al mandatario”.
“La Feria” de Salvador Camarena, en El Financiero:
“La misma Fiscalía General de la República que puso reparos a la hora de involucrarse en la acusación de familiares ligados a un capo en Guanajuato, alegando supuestos o reales huecos en la carpeta de esa investigación, quedó exhibida horas después cuando, en otro caso, ni más ni menos sobre los estudiantes desaparecidos en Iguala, un juez liberó a un detenido, considerado clave para saber por qué y dónde fueron exterminados los de Ayotzinapa. Dime qué presumes y te diré de qué careces, reza el dicho. Pero no seamos tan injustos. La FGR es una dependencia con nombre y autonomías refulgentes, pero tradición inocultable: como antes con la Procuraduría General de la República, la FGR falla mucho a la hora de armar casos, tanto o más que las fiscalías estatales”.
“Trascendió”, en Milenio:
“Los clientes de Banco Famsa tendrán que esperar hasta tres meses para recuperar el dinero que ahorraron en este banco “social”. Muchos de esos montos de ahorro de jubilados y pensionados, incluso quincenas completas, son administrados por un grupo financiero regiomontano. Lo lamentable de este tipo de bancos es que engañan a sus clientes al declararse en quiebra para quedarse con el dinero de los ahorradores, lo que puede ser constitutivo de un delito, muy socorrido en el estado en los fraudes”.