En México, el presidente de la República tiene la facultad de otorgar indultos por delitos federales según el artículo 89, fracción XXI de la Constitución Política del país.
Este poder discrecional se ejerce considerando razones humanitarias, de justicia o equidad; el proceso de solicitud y revisión implica evaluar las circunstancias del caso y puede involucrar diversas instancias gubernamentales.
Recientemente, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, a través de medios de comunicación, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que indultara a Mario Aburto Martínez, el asesino de su padre—en el juicio de 1994 se declaró culpable—, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Fotos: Archivo Cuartoscuro
El caso del asesinato, que este año cumplirá 30 años, ha sido uno de los más controversiales de la vida política de México y sobre él se han fundado distintas hipótesis, entre ellas, la que sostiene que Mario Aburto Martínez actuó en solitario por motivos personales; además de otras, como la conspiración política, confusión de identidad y otra que refiere que la delinciencia organizada orquestó el asesinato para mantener control político o económico en el país.
Ante la petición de indulto, el presidente López Obrador se negó: “No puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo no quiero que se deje de investigar”, sostuvo.
Las promesas de indultos de López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando aún era candidato, en 2018 propuso la creación de una Ley de Amnistía para el país —como parte de su plataforma de seguridad y justicia— buscaba ofrecer perdón a ciertos grupos o individuos involucrados en delitos no violentos o de bajo impacto, como los relacionados con drogas, con el objetivo de buscar la reconciliación y la pacificación en el país.
Hasta el momento, a unos meses de concluir su mandato, no ha otorgado ninguno.
El 24 de diciembre de 2019, el presidente ofreció que antes de terminar ese año, presentaría algunas propuestas para indultar a algunas personas.
Foto. Archivo. Cuartoscuro
“Es muy probable, estamos haciendo trámites con ese propósito, que los que están injustamente en la cárcel puedan salir, si podemos antes de que finalice el año, pero también hay que hacer trámites”, dijo entonces.
Se le cuestionó sobre la petición que hizo en julio de 2019 Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, quien mediante una carta le solicitó el indulto. Sobre ello, el presidente dijo que se revisaría el caso.
Pero en mayo de 2023, durante una gira por Chetumal, López Obrador, aseguró que estaba en condiciones de otorgarlo siempre y cuando estuviera sentenciado, aunque el exgobernador cumple prisión domiciliaria debido a su edad, mientras continúa la disputa legal sobre su responsabilidad por lavado de dinero y narcotráfico.
Foto: Archivo. Cuartoscuro
Si él lo considera tiene amnistía, tiene indulto por parte de nosotros solo es una cuestión de revisar técnicamente si no hay procesos pendientes; si ya está sentenciando sí puede recibir la amnistía y yo estoy en condiciones de otorgar esa amnistía. Ya es un hombre mayor enfermo y cometió delitos y ya pagó esos supuestos ilícitos, lleva mucho tiempo en procesos judiciales, entonces hay que pensar siempre de manera humana.
También, el presidente ofreció indultar a Roxana Ruiz, una mujer de 23 años, sentenciada a seis años y dos meses de prisión, por el asesinato de su agresor sexual. El 19 de mayo de 2023, López Obrador dijo que “buscaría la manera de ayudar a la joven”.
La defensa de Roxana, y ella misma rechazó aceptar el indulto ya que tendría que admitir culpabilidad del homicidio cuando ella, afirmó, lo hizo en defensa propia.
Sin embargo, en mayo de 2023, fue absuelta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras desistir y que una jueza que decidiera absolverla.
Los indultos de los ex presidentes
Los antecesores del presidente López Obrador utilizaron la figura del indulto, aunque Enrique Peña Nieto, durante su sexenio únicamente ofreció el del activista y profesor tzotzil, Alberto Patishtán Gómez, el 31 octubre de 2013, después de años de controversia y peticiones de liberación por irregularidades en el proceso, condenado a 60 años de prisión por delitos como lesiones y homicidio calificados, robo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada, en una emboscada de 2002 en Chiapas.
El expresidente Felipe Calderón otorgó cuatro indultos, a personas que fueron sentenciadas por robo calificado, insubordinación en el Ejército, malversación y violación; entre ellos a Antonio Ortega Gallardo, el 12 de septiembre de 2011. Acusado de violar a dos adolescentes en la Ciudad de México. Fue juzgado con un retrato hablado como única prueba. Calderón concedió el indulto después de que se identificara al verdadero culpable tras nuevos ataques sexuales.
Captura de pantalla. CJEF. Archivo
También lo hizo el 31 de enero de 2011 para Pablo Guillermo Ochoa Camacho, acusado de malversación de recursos y sentenciado a siete años de prisión; a Sandra Labastida Moncada, ex subteniente militar de quien se consideró el delito de insubordinación como no grave; “y la mujer se encontraba en una circunstancia personal difícil, ya que era madre de un recién nacido a quien no podía atender por estar privada de su libertad.”, dice un documento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Los otros dos casos, fueron referidos entre 2007 y 2009 y relacionaba con un hombre condenado a 2 años y medio de prisión por robo calificado, así como a otro militar.
El expresidente Vicente Fox, concedió ocho indultos, cinco de ellos fueron a favor de exmilitares, y estuvieron relacionados con insubordinación.
Sin embargo, se registraron dos indultos que tuvieron impacto mediático, y fueron los de Arturo Pérez Velázquez, el 26 de marzo de 2001. El hombre era miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y fue condenado por portación de arma de fuego y delincuencia organizada en el conflicto en Chiapas. Indultado por Fox como parte de los esfuerzos para resolver el conflicto en Chiapas.
Captura de pantalla. CJEF. Archivo
También concedió indulto a Leocadio Ascencio Amaya y Aurelio Guzmán Mateo, el 1 de febrero de 2002. El hombre era parte de un grupo de pescadores michoacanos condenados a 20 años de prisión, acusados de privación ilegal de la libertad de funcionarios de Medio Ambiente.
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