Por Alberto Vizcarra Ozuna
Al presidente Andrés Manuel López Obrador, no le importó la incertidumbre jurídica y la ilegalidad con la que permanece operando el Acueducto Independencia. Presionado por la exigencia de Cuauhtémoc Cárdenas de que la obra sea cancelada, en tanto su ilegalidad e inviabilidad técnica, el presidente se vio obligado a abandonar el silencio complaciente que al respecto había mantenido y decidió entregarle el aval a un proyecto hídrico concebido bajo la doctrina económica neoliberal, que valora el agua en función de su tasa de retorno monetario y no en relación a la tasa de retorno económico y de bienestar social.
El ejecutivo federal había sido refractario a los reclamos sociales que desde su primera visita al territorio yaqui se le hicieron en contra de la operación ilegal del acueducto, y demandándole procurar la unidad de los sonorenses en torno a una política de gestión de más agua con la desalación y proyectos de infraestructura como el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO).
El 6 de agosto del 2020, cuando visitó el sur de Sonora para formalizar la puesta en marcha del Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, fue recibido con un desplegado firmado por integrantes y autoridades de la tribu yaqui, productores rurales, alcaldes de la región, organizaciones sociales, diputados locales y federales de diferentes vertientes partidarias, incluidos los emanados de Morena. Documento que expresó un consenso social sólido, en contra del acueducto y una disposición franca de colaboración con su gobierno para resolver la falta de agua en el estado.
En la conferencia mañanera de aquel día, ofrecida en Ciudad Obregón, el presidente decidió evadir el tema. Cosa que fue imposible sostener después del fundado reclamo de Cárdenas, el pasado 28 de septiembre en la ceremonia del perdón a la tribu yaqui y a los pueblos originarios.
El respaldo del presidente al acueducto, no es un asunto que se limita a las perniciosas consecuencias regionales. Es el reflejo de su postración frente a los corporativos privados que durante los últimos treinta años, ante el constante retiro del Estado, han venido normando una política hídrica que ha hecho del agua una palanca para la proyección de grandes negocios especulativos en el frente inmobiliario y otras actividades de jugosa renta monetaria, en detrimento de la producción de alimentos y de otros bienes útiles para el consumo y bienestar social; al mismo tiempo que se le impide al país la inversión en proyectos de gestión de más agua con la tecnología de la desalación y obras de infraestructura de gran calado como el PLHINO.
Son las políticas a las que México quedó sometido desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, en lo esencial, ratificada con el endoso del T-MEC. Esquemas comerciales cuyo diseño le imponen al país una dependencia del llamado sector externo de la economía en donde los recursos naturales como el agua se valoran en razón del servicio que le prestan al presumido superávit en la balanza comercial agropecuaria, aunque esto ocasione un incremento en la dependencia alimentaria por la caída en la producción nacional de granos básicos. En suma, una política hídrica que tiene el mismo desprecio por los pueblos vulnerables como la tribu yaqui, que por regiones productoras de granos básicos como el Valle del Yaqui.
Por desgracia, el presidente decidió adherirse a estos esquemas comerciales neoliberales, y lo está haciendo con tal vehemencia que ofrece a México como el puente para extenderlos por toda América Latina, al mismo tiempo que formaliza su negativa a incursionar y explorar en otras posibilidades de relaciones comerciales como la ofrecida por China en su propuesta global de desarrollo en el que ya participan más de 100 países, denominada “La Franja y la Ruta”.
Lo que le hacen a Sonora con esta aberrante política hídrica, es lo que le han venido haciendo a todo el país. Es momento de que los productores rurales, las comunidades indígenas, académicos, intelectuales y la población en general tomen atención sobre este asunto para caminar juntos en la formulación de una política de gestión de más agua, orientada al bienestar de las comunidades, al fortalecimiento del mercado interno, de la producción de granos básicos y de un decido impulso agroindustrializador.
Alberto Vizcarra Ozuna, coordinador del Movimiento Ciudadano por el Agua
Source link