El Juzgado de lo Penal número 34 de Madrid ha absuelto este martes a Ángel Hernández, el hombre que en abril de 2019 ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple. La decisión sigue a la de la Fiscalía, que la semana pasada retiró su acusación tras entrar en vigor la Ley de Regulación de la Eutanasia. “Al haberse retirado la única acusación personada [la del ministerio público], de acuerdo con la doctrina procede dictar sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables”, señala la resolución, que absuelve a Ángel Hernández de un delito de cooperación al suicidio.
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La Fiscalía retiró su acusación contra Hernández la semana pasada. El ministerio público presentó en el juzgado un escrito en aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la ley de la eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio, al estimar que Hernández se encuentra en un “supuesto legalmente autorizado” al haber ayudado a morir a su mujer, que estaba casi inmovilizada por la esclerosis múltiple que padecía. Para la Fiscalía, la aprobación de la ley reconoce legalmente “el derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal”. La institución concluyó en la nota que presentó la semana pasada que en este caso “concurren los requisitos para entender que la conducta del Sr. Hernández no debe ser objeto de reproche penal”. El Ministerio Público pedía seis meses de prisión para el investigado por la comisión de un delito de cooperación al suicidio.
A Carrasco le diagnosticaron la enfermedad en 1989 y siete años después le fue reconocida una gran invalidez. Había mostrado desde hacía años su voluntad de acabar con su vida antes de verse completamente impedida. Ángel Hernández la ayudó a morir el 3 de abril de 2019: vertió en un vaso un medicamento mortal y se lo acercó a María José Carrasco, que lo ingirió y falleció a los diez minutos. El momento fue grabado por Hernández, y en las imágenes se ve cómo él le pregunta a ella si quiere tomarlo varias veces. La mujer asiente y, gravemente inhabilitada ya en aquel momento, solo puede sorber con una pajita del vaso que él le acerca. Tras salir en libertad después de ser detenido, Hernández llevó a cabo una recogida de firmas para despenalizar la intervención voluntaria para provocar la muerte.
En unos de sus escritos, el fiscal subrayó que María José Carrasco expresó de forma “constante” su deseo de acabar con su vida por los “intensos” dolores “más allá de lo que podía soportar” por la enfermedad crónica que sufría. Finalmente, su marido, “desamparado por la falta de ayudas institucionales”, cumplió los deseos de su esposa. La pareja dio una entrevista a EL PAÍS en octubre de 2018, seis meses antes del suicidio, donde ella reiteró su voluntad de quitarse la vida. Carrasco no tenía dudas. Ante la pregunta de si no quería esperar a que su situación fuera a peor para recibir cuidados paliativos, respondió: “No quiero dormirme, quiero morirme”.
El caso de Hernández pasó en un principio por un tribunal de violencia de género. Una semana después del suicidio, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que se ocupaba del caso, se inhibió en favor de un juzgado de violencia contra la mujer. La magistrada entendía que cualquier acto violento hacia una mujer por parte de su pareja o expareja debía ser considerado violencia machista. Se hacía eco de la doctrina del Tribunal Supremo según una sentencia que dictó y que establecía que ya no hacía falta probar la intención machista para que una agresión sea violencia de género. No obstante, la juez en el tribunal de violencia de género rechazó asumir el caso al entender que no existía “ningún tipo de violencia contra la mujer”.
Hernández volvió a hablar la semana pasada con este diario después de que la Fiscalía retirara la acusación gracias a la entrada en vigor de la ley de la eutanasia: “Con esto ya cierro una etapa. Yo me comprometí a luchar hasta que hubiera una ley, y luego hasta que llegara el juicio. De hecho ya tenía preparado el alegato para cuando me dieran la palabra. Me indigné cuando leí que el PP recurría la ley, después de que el comportamiento de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, que negaron a María José una residencia cuando yo me tenía que operar, le causara tanto sufrimiento”.
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