El impacto de la covid en el sistema de atención a la dependencia ha sido “catastrófico”. Este es el balance de 2020 que hace la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un informe publicado este lunes. Empeoran los principales indicadores y se mantienen las “enormes desigualdades” entre comunidades autónomas: nueve de ellas suspenden en la escala que elabora anualmente esta organización. Se trata de un año en el que el sistema dio pasos atrás, un periodo en el que los más vulnerables, las personas en situación de dependencia, sufrieron especialmente la pandemia. En el año murieron por cualquier causa 248.751 personas que habían cursado una solicitud para ser atendidos, el exceso de muertes fue de 52.835 respecto a lo esperado. Un total de 8 de cada 10 superaban los 80 años. Y 55.375 fallecieron mientras esperaban alguno de los trámites de la ley. Son 152 muertes cada día. De media, los dependientes esperan 430 días hasta que son atendidos. No todos disponen de ese tiempo. “Las listas de espera están en los cementerios”, se queja Alicia Resino, que lleva ya dos años esperando.
“La covid, el complejo procedimiento [para acceder a las ayudas] y que el Ministerio de Derechos Sociales no incrementara el presupuesto en un solo euro nuevo el año pasado han hecho retroceder el sistema. En cuanto a plazas de centros de día y de residencias, por ejemplo, hemos vuelto a datos de septiembre de 2017”, expone José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. A final de 2020 había en España 1,1 millones de personas atendidas. Pero se acumulan las cifras negativas. Por primera vez desde 2014 se ha reducido el número de personas consideradas en situación de dependencia (a final de año había 28.564 personas menos que al inicio de 2020). El fenómeno se explica por las muertes de personas en situación de dependencia y porque el sistema se ralentizó muchísimo: acabó el año con menos solicitudes y resoluciones. Durante 2020 solo se incrementó en 9.047 el número de personas que reciben servicios o prestaciones, “lo que supone un retroceso del 86% respecto al aumento de atenciones de 2019 y del 91% respecto a 2018″. Además, “por primera vez en toda la serie histórica”, disminuyó el empleo generado y se perdieron 7.000 puestos de trabajo, según las estimaciones de la asociación. Al ritmo de atención del año pasado, se tardarían 26 años en acabar con la lista de espera.
El expediente de Alicia Resino, madrileña de 45 años, es uno de los que engrosan estas listas. La oficial es la configurada por aquellos que, aun teniendo reconocida una prestación o servicio, no los perciben. A final de 2020 esa lista ascendía a 232.243 personas, el 17% de todos los que tenían derecho a atención. Pero a ellas es preciso sumarles los que están aún en un paso previo, aguardando para que los valoren y saber si tienen derecho a una prestación y pueden incorporarse al sistema. Son 141.556 casos más. Si se juntan, suman 373.799 personas que están esperando por alguno de los dos procedimientos.
La asociación recalca además un dato preocupante. De marzo a diciembre, los meses en los que puede apreciarse el impacto de la pandemia, la lista de espera de quienes aguardaban a recibir una prestación se redujo fundamentalmente debido a las muertes: de las 35.592 personas que salieron de esta lista en esos 10 meses, el 79,4% lo hizo porque murió. Es decir, que solo el 20,6% abandonó esa lista porque fue realmente atendido.
Resino se indigna por la lentitud del proceso y el elevado número de fallecimientos. Ella tiene una discapacidad del 76%. Padece una enfermedad degenerativa y vive sola. Necesita una silla de ruedas para moverse, aunque en casa usa muletas para levantarse, tiene dificultades para mantener el equilibrio y hay veces que el dolor no le deja moverse de la cama o del sofá. Le costó dar el paso e iniciar los trámites para solicitar una ayuda, pero en abril de 2019 lo hizo. La valoraron en julio y en octubre le fue otorgado un grado uno, el más leve de todos. Tiene necesidades de apoyo “intermitente”, según el baremo. La realidad es que precisa ayuda para ducharse, para hacer la compra, para limpiar su casa, para cocinar. El confinamiento fue horroroso, recuerda. Marzo y abril los pasó completamente sola, encerrada en casa. En mayo se cayó y se rompió la muñeca y el radio. “Hablé con el Ayuntamiento y mandaron ayuda a domicilio, todos los días una hora. En Navidades dejó de venir”, explica.
Resino sigue esperando la prestación de dependencia y pide agilidad. “Una persona no puede estar dos años esperando. En este tiempo avanzan las enfermedades, yo estoy peor que cuando me valoraron. Desgraciadamente no nos curamos”, explica. Y critica que le hayan sido concedidas 20 horas de ayuda a domicilio a la semana. “Una hora al día de lunes a viernes, como si los fines de semana no necesitáramos ayuda. ¿Alguien puede hacer todas las necesidades de la vida diaria en una hora? Es imposible que te duches, hagas la cama, la colada, limpies, prepares la comida, vayas a comprar… Voy a tener que elegir si me baño o si hago la compra”, se queja.
Este es uno de los problemas de la ley de dependencia: las intensidades y las incompatibilidades entre prestaciones y servicios. De media, alguien con un grado uno recibe 17 horas al mes de ayuda a domicilio; 36 horas en caso de grado dos, y 57 para los grado tres, el más grave de todos. Las cuidadoras familiares perciben prestaciones con un importe medio de 306 euros al mes. Apenas el 13% de las cuidadoras, que atienden a sus familiares los 365 días del año, está dada de alta en la seguridad social (60.293 de unas 450.000).
La desigualdad territorial
El informe pone de manifiesto las enormes diferencias que hay entre las comunidades autónomas. Si bien el tiempo medio que se tarda en tramitar un expediente es de 430 días, en Canarias se alarga hasta los 927: dos años y medio. En otras tres autonomías el tiempo supera el año y medio: Andalucía, Extremadura y Asturias. Las regiones donde el trámite es más corto son Ceuta (76) y País Vasco (138).
En una escala elaborada con 14 indicadores, como el gasto público por población potencialmente dependiente o la lista de espera, la mediana del país baja de una puntuación de 5 al 4, lo cual confirma un retroceso del sistema. Solo ocho comunidades aprueban, y únicamente tres por encima del siete: Castilla y León (8,9), Castilla-La Mancha (7,1) y Andalucía (7,1). La peor autonomía es Cataluña, con un 1,4. “Allí, cada media hora muere una persona en lista de espera”, ha criticado Ramírez.
La gestión es muy desigual en todo el país. Nueve comunidades acabaron el año con menos beneficiarios de los que lo empezaron, entre las que destacan Cataluña (un 4,2% menos), Aragón (4,3%), Madrid (7,1%) y La Rioja (7,8%). Comunidad Valenciana finalizó con un 15,7% más de usuarios, seguida de Asturias (14,8%), Baleares (11,6%) y Canarias (7,2%). Y en Cataluña, Andalucía y Madrid se aglutinan dos terceras partes de toda la lista de espera del país. La asociación califica de “auténtica emergencia humanitaria” la que viven las personas en situación de dependencia.
El impacto en las residencias
Una de las situaciones más graves se dio en las residencias. Allí el impacto de la covid fue enorme. De enero a diciembre de 2020 murieron en España 173.426 personas a las que les había sido otorgada una prestación de dependencia. De ellas, el 42% eran beneficiarias de una prestación residencial, tanto quienes tenían una plaza pública como aquellas a las que se le otorgó una prestación económica vinculada al servicio, es decir, un dinero con el que pagan parte de lo que cuesta la plaza, el resto deben ponerlo de su bolsillo. El año pasado 72.804 personas que vivían en residencias fallecieron, por cualquier causa. La mitad de ellas, en Cataluña, Madrid y Castilla y León.
En el informe se estima que el coste global del sistema de la dependencia ascendió a 9.132 millones de euros, de los cuales el 15,1% fueron asumidos por la Administración General del Estado; el 20,6% por los usuarios, a través de copagos; y el 64,3% por las comunidades autónomas. El Gobierno aportó el año pasado 420 millones de euros menos que en 2010, mientras se atiende a casi medio millón de personas más que en aquel momento.
En los últimos años, la dependencia ha estado fuertemente lastrada por los recortes impuestos a partir de 2012. La asociación cuantifica en 6.321 millones el dinero que se han dejado de invertir desde entonces. Las autonomías han dejado de percibir en este tiempo 4.070 millones de euros.
Por ello, la organización celebra el plan de choque en dependencia acordado entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades, que implica una inyección de 623 millones de euros por parte del Gobierno para financiar el sistema en 2021. La asociación calcula que con ellos la lista de espera disminuirá en 100.000 personas.
Source link