Rogelio Muñiz Toledo
“La idoneidad de un proyecto político o económico sólo se pone a prueba cuando sobreviene un momento crítico”: José Luis Rodríguez Zapatero*
Veníamos de la desaceleración de la economía en el noventa por ciento de los países en el último trimestre de 2019 y con el 2020 llegaron la pandemia de COVID-19 y una caída histórica de los precios del petróleo. Al margen del dogma sobre la contención del gasto público y la reducción del déficit fiscal que pueden dejarse para más adelante, ahora más que nunca es imprescindible la intervención de los gobiernos para hacer frente a la crisis económica mundial más grave desde los años treinta del siglo veinte.
Casi todos los organismos multilaterales han coincidido en la necesidad de que los gobiernos implementen de inmediato políticas fiscales, y los bancos centrales políticas monetarias, que permitan inyectar recursos a la economía mediante transferencias monetarias directas para apoyar a los trabajadores y a los hogares y para proveer liquidez a los mercados internos de sus países. La mayoría de los gobiernos han aprobado programas de apoyo en ese sentido con montos adicionales de recursos públicos que en muchos casos superan el 10%, y en algunos incluso el 20%, de su Producto Interno Bruto (PIB).
En la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptada el pasado 10 de abril, se señala que ante la crisis económica los Estados de la región deben prestar especial atención a las necesidades de los grupos históricamente excluidos o en mayor riesgo -personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, personas mayores, trabajadores informales y personas en situación de calle, entre otros- y realizar planes para la recuperación social y económica en los que se aseguren ingresos económicos y medios de subsistencia para todas las personas trabajadoras, incluyendo medidas de política fiscal que permitan un redistribución equitativa que incorpore la perspectiva de género.
La OCDE aconseja a los gobiernos que instrumenten políticas para proteger el empleo y el ingreso de los hogares, con apoyo salarial para los trabajadores y transferencias de recursos monetarios a las familias, y para proporcionar liquidez a las empresas para mantener los empleos y los salarios de sus trabajadores.
La CEPAL recomienda ampliar a otras familias de bajos ingresos los programas de protección social no contributiva existentes, especialmente las transferencias directas de efectivo a los más vulnerables; incrementar las prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo; aumentar los recursos para otorgar créditos sin intereses a las empresas para el pago de salarios; aplazar el pago de préstamos y dar apoyo inmediato a los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, a los del sector informal y a los de más bajos ingresos.
El Banco Mundial propone que los gobiernos implementen políticas fiscales para asignar gasto público adicional destinado a programas para proteger a los segmentos más vulnerables de la población, incluidos aquellos que no pueden trabajar o han perdido sus empleos a consecuencia de las medidas de contención; a ampliar los montos de los recursos que se transfieren a los trabajadores y los hogares; a aumentar la cobertura y los beneficios del seguro de desempleo; a proporcionar más transferencias directas de dinero a los hogares; y a tomar medidas para apoyar a las empresas para hacer frente a la caída de sus ingresos y alentarlos a mantener a sus trabajadores en la nómina.
Veníamos de un ambiente de polarización política y llegaron la emergencia sanitaria y el derrumbe de la economía mundial y el aumento en las hostilidades entre el poder ejecutivo y los empresarios y las oposiciones no ayudan para enfrentar las crisis sanitaria y económica. Para hacer frente a estas crisis ahora más que nunca es necesario el diálogo entre gobierno y todas las fuerzas políticas. El jefe del Estado debiera ser su principal impulsor, pero como ha sucedido en lo que va de su gobierno, ni el presidente López Obrador ni los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena están dispuestos a debatir y negociar con las oposiciones en el Congreso de la Unión el contenido de las políticas de su administración.
A contracorriente de las recomendaciones de los organismos multilaterales y de lo que han hecho la mayoría de los gobiernos en el mundo, cuyas políticas fiscales les han permitido contar con recursos públicos adicionales para proteger el empleo, el salario y el ingreso de los hogares de la mayoría de la población, el presidente López Obrador ha decidido no adoptar una política fiscal con un plan de estímulo económico claramente definido para aumentar el gasto público destinado a apoyar a los sectores sociales más afectados por la crisis económica y para evitar la pérdida de empleos y estimular su creación.
Con un liderazgo que parece indeciso y confundido, el presidente López Obrador ha elegido, como alternativa a un plan fiscal de apoyo ante la crisis económica, un conjunto de medidas de carácter administrativo -que no llegan a ser un programa de apoyo económico directo a los trabajadores, las familias y la economía- adoptadas mediante un decreto con graves deficiencias jurídicas, e incluso visos de inconstitucionalidad, y basadas exclusivamente en la austeridad, la reducción del gasto público, la inercia en los programas sociales, la continuidad de los proyectos gubernamentales emblemáticos y un número limitado de créditos por montos insuficientes para proporcionar liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Medidas administrativas que en su conjunto no representan ni el uno por ciento del PIB del país y que no incluyen la asignación de recursos adicionales para apoyar directamente a los trabajadores, principalmente a los del sector informal, a los independientes y a los de más bajos ingresos; ni para realizar transferencias monetarias a los hogares de los sectores más vulnerables ante la crisis -no créditos ni tandas- adicionales a las de los programas sociales ya existentes o al menos para incrementar los montos de estos y el número de sus beneficiarios; ni para proveer liquidez a las empresas para garantizar su funcionamiento y reducir la pérdida de empleos. Medidas administrativas no solo insuficientes sino que, más allá de la pertinencia o no de algunas de ellas en medio de una crisis económica, incluso pudieran ser insostenibles jurídicamente debido a su evidente inconstitucionalidad, como la reducción de los salarios y la supresión de los aguinaldos de los altos servidores públicos.
Acciones que parecen ir en sentido contrario de lo que se necesita ante la crisis económica: expansión del gasto público, transferencias monetarias directas a los trabajadores y las familias, apoyos económicos -no solo microcréditos- a las micro, pequeñas, medianas empresas y estímulos fiscales a todas las empresas para mantener los empleos.
Medidas que contrastan con las que se han tomado en otros países y que se han traducido casi de inmediato en transferencias monetarias directas a las personas: en Estados Unidos, con apoyos de 1,200 dólares a la mayoría de los adultos del país y recursos adicionales para las familias, con montos de 500 dólares más por cada hijo; en Perú, con el bono familiar universal para aproximadamente el 75% de las familias, cerca de 6 millones 800 mil hogares, y los bonos para personas en condiciones de pobreza y para trabajadores independientes; o en España, con una renta mínima vital para un millón de hogares, cuyo otorgamiento se adelantará debido a la crisis económica.
A diferencia del titular del poder ejecutivo, el Banco de México ha actuado oportunamente y con medidas en el sentido correcto al aprobar acciones orientadas a proveer liquidez hasta por 800 mil millones de pesos, equivalente al 3.3% del PIB, para mejorar el funcionamiento del mercado interno y propiciar el otorgamiento de créditos destinados a las personas físicas, los hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, para garantizar el funcionamiento de las empresas y la estabilidad del sistema financiero.
El Presidente cuenta con la suficiente legitimidad para convocar al diálogo a las oposiciones y a otros actores sociales y para lograr un acuerdo nacional para hacer frente a la crisis económica con un plan fiscal con recursos para apoyar a los trabajadores, los hogares y las empresas -principalmente las micro, pequeñas y medianas-, con recursos equivalentes al menos al 5% del PIB, sin que esto signifique cancelar su programa de gobierno. Las oposiciones y los principales actores económicos han convocado al gobierno al diálogo y dicen estar dispuestos a contribuir a la construcción de los acuerdos políticos, parlamentarios y económicos necesarios para hacer frente a la crisis, el Presidente debiera tomarles la palabra.
Ambas partes deberían estar dispuestas a hacer política, incluso si esto les representara invertir parte de su capital político, pero la cerrazón del gobierno y el oportunismo de algunos actores políticos han cancelado las posibilidades de diálogo. El gobierno debería revisar su agenda y estar dispuesto a modificarla si es necesario y la mayoría parlamentaria debería convocar a sesiones a las cámaras del Congreso -como ha sucedido en la mayoría de los países a pesar de las medidas de distanciamiento social y confinamiento- no solo para aprobar las leyes y las medidas urgentes que requiere el gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria, sino para que las oposiciones parlamentarias puedan acompañar al gobierno para aprobar un plan fiscal sólido para hacer frente a la crisis económica y también para cumplir con su función de control parlamentario de las acciones del poder ejecutivo.
De no ir a un acuerdo nacional, el gobierno habrá dejado pasar la oportunidad para consensuar con el Congreso un programa sólido para la recuperación económica y para lograr una alianza táctica con la oposición, aprovechando el capital político del Presidente, para no enfrentar solo la crisis económica y sus consecuencias y para fortalecer su política de ampliación de derechos sociales, reorientación del gasto público, redistribución del ingreso y fortalecimiento del sistema de salud, e incluso para impulsar acuerdos para iniciar la implementación de un ingreso básico o mínimo vital en el país. De continuar por la ruta de la cerrazón, el gobierno deberá asumir todo el costo político por no adoptar oportunamente las medidas necesarias para enfrentar la crisis económica.
Ante una sacudida de dimensiones históricas como la que nos trajo el 2020, el presidente López Obrador debería asumir que ante una crisis difícil de asimilar en lo inmediato, y que parece que no responde a la lógica de su proyecto, es necesario afrontar la adversidad asumiendo incluso la necesidad de un cambio de estrategia y/o modificación de parte del programa de su gobierno si esto fuera necesario para tomar las mejores decisiones para el país y que, como lo ha señalado el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a propósito de su papel al frente del gobierno durante la crisis financiera mundial de 2008-2009 (El Dilema. 600 días de vértigo, Planeta, 2013), “las metas en política siempre son provisionales”, “hay dilemas en los que no existe alternativa, salvo en términos teóricos” y el liderazgo político implica que “quien se lleva los aplausos debe asumir los reveses del devenir político”.
*Fue presidente del gobierno español
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.