Eugenio Pino (izquierda) abandona la Audiencia acompañado de su abogado tras la primera sesión del juicio por el pendrive del ‘caso Pujol’ celebrada este martes.© Luis Sevillano/El Pais / EL PAÍSEl comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguró este miércoles que informó personalmente a la cúpula del Ministerio del Interior con el PP de la existencia de un pendrive con datos sustraídos a la agencia de detectives barcelonesa Método 3 y que supuestamente afectaban al expresidente catalán Jordi Pujol y a su familia. Villarejo declaró como testigo en la Audiencia Provincial de Madrid en la segunda jornada el juicio contra el ex número dos de la Policía, comisario Eugenio Pino, y el inspector Bonifacio Díez Sevillano por intentar presuntamente incorporar al sumario del caso Pujol, que se investiga en la Audiencia Nacional, esa memoria informática con datos supuestamente robados. Acusados delitos de revelación de secreto, estafa procesal y falso testimonio, ambos son señalados como integrantes de la llamada brigada patriótica, un grupo policial creado en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior supuestamente para espiar a los rivales del PP.Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como supuesto cabecilla de una trama de corrupción policial, detalló que el pendrive fue facilitado a otro policía, el comisario Marcelino Martín-Blas, por un exempleado de Método 3 a quien el dueño de la agencia de detectives le debía dinero, y que el dispositivo acabó finalmente en manos de Pino. Villarejo reconoció que la memoria informática con datos comprometedores para la familia Pujol se consiguió sin ningún tipo de control judicial. De acuerdo con las acusaciones, Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, remitió el pendrive posteriormente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que lo utilizaran en sus investigaciones sobre el patrimonio del expresidente de la Generalitat y sus hijos.“Alguien de Asuntos Internos me dijo que se podía conseguir ese pendrive”, aseguró Villarejo desde la prisión de Estremera. Y añadió que informó de ello tanto al comisario Pino, del que dependía directamente, como del entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Villarejo añadió que después de aquello tuvo una reunión con el número dos de la Policía en su despacho a la que también asistió el jefe de Asuntos Internos, Martín-Blas, y que allí le informaron de que ese pendrive ya lo había conseguido “gratis” el segundo. Sobre el contenido del dispositivo informático, Villarejo aseguró que lo conoció “muy por encima” y justificó la forma de obtener este tipo de información sin ningún control judicial: “El error es que esa información se tenía que haber analizado y, en función de eso, haber judicializado la parte que tuviera entidad. El equipo del señor Pino no era muy brillante”, ironizó.El testimonio de Villarejo ha entrado en abierta contradicción -como ya había ocurrido durante la instrucción de la causa- con la versión que poco después ha ofrecido ante el tribunal el comisario Martín Blas, máximo responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y abiertamente enfrentado tanto a Villarejo como al comisario Pino desde finales de 2014 por sus investigaciones en el caso del Pequeño Nicolás. Martín Blas ha negado haber entregado el pendrive al número dos de la Policía y ha recalcado que no tuvo conocimiento sobre el dispositivo hasta que fue informado de su existencia una vez estallado el escándalo por el que fuera comisario general de la Policía Judicial, José Sánchez Aparicio. El comisario asegura que ya entonces rechazó ser el origen del mismo o de su contenido. Su testimonio fue corroborado por uno de sus subordinados, el inspector Rubén López, que también ha declarado este miércoles.En la sesión también ha declarado Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat y al que pertenecían los documentos contenidos en el dispositivo de memoria. Pujol Ferrusola ha ratificado que estos archivos informáticos eran suyos y que estaban en un ordenador que, cuando la policía registró su despacho, ya no se encontraba en él, por lo que los agentes que acudieron con una orden judicial no tuvieron acceso a él. Además, ha negado que el dispositivo electrónico que se incorporó a la causa fuera suyo. Por su parte, Francisco Marco, dueño de la agencia Método 3, supuesto origen de la información, ha afirmado que era “imposible” que la información del pendrive procediera de su empresa y ha negado que su exempleado, al que Villarejo ha señalado como origen de la información, la hubiera facilitado.
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