La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que pide que se tome declaración como imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los “numerosos indicios” de que conoció y autorizó los trabajos de espionaje que, durante 13 años, encargó la eléctrica al comisario jubilado José Manuel Villarejo, según confirman fuentes jurídicas. La Fiscalía da este paso después de que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional presentase el pasado 12 de mayo un informe al magistrado en el que detallaba el hallazgo de nueve audios con conversaciones entre Villarejo y el antiguo responsable de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, ya imputado en la causa. En esas grabaciones, el comisario reclamaba más dinero por sus trabajos y, en varios momentos, se refiere aparentemente a Galán como supuesto conocedor de los encargos. Sánchez Galán intentó días después anticiparse a Anticorrupción y pidió declarar en la causa. Anticorrupción también pide que sean citados como investigados otros tres directivos de la compañía.
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El juez Manuel García-Castellón abrió en 2019 una línea de investigación —la pieza separada número 17 del macrosumario del caso Villarejo— centrada en Iberdrola tras encontrar al comisario documentación sobre sus trabajos para la empresa. La eléctrica firmó contratos con la trama durante 13 años (entre 2004 y 2017). Constan, al menos, un total de 17 facturas entre ambas partes. Entre los trabajos supuestamente encargados en ese tiempo al comisario se encuentran los denominados Proyecto Arrow (para eliminar la oposición municipal y de los ecologistas en la construcción de una central en Arcos de la Frontera, en Cádiz) y Gipsy y Posy, supuestamente vinculados ambos a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, y que intentó entrar en el consejo de administración de Iberdrola. Pérez está personado en la causa como perjudicado.
En su momento, el jefe de seguridad de Iberdrola, que había llegado a tener un acuerdo con la Fiscalía, negó en una de sus declaraciones que Sánchez-Galán estuviese al tanto de la contratación de las empresas de la trama. Según dijo, la cúpula desconocía quién realizaba los informes. En febrero de 2020, la eléctrica, que siempre ha negado cualquier implicación de la compañía y su cúpula directiva, hizo pública una nota en la que destacaba que la investigación que había encargado a PwC sobre la contratación con las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo no había identificado ninguna conducta ilegal ni contraria a sus normas internas. No obstante, la empresa reconocía entonces que no ha podido hallar toda la documentación relacionada con estos trabajos. Un ejemplo de ello es un pago de 52.200 euros a Cenyt, la compañía epicentro de la maraña societaria de Villarejo, del que no consta factura; y por tanto se desconocía qué servicios se retribuyeron con esa cantidad ni en qué fecha se prestaron.
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