NUEVA YORK — La Iglesia Católica utilizó una exención especial de las reglas federales para obtener al menos $1,400 millones en ayuda por la pandemia de coronavirus, financiada por los contribuyentes.
Buena
parte de ese dinero fue a diócesis que han pagado enormes cantidades o se han
declarado en bancarrota debido a acusaciones de encubrimiento de abuso sexual
sacerdotal.
Los empresarios tendrán hasta el 8 de agosto para aplicar a los préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP).
La iglesia pudo haber recibido —e incluso
superado— los $3,500 millones, convirtiendo a la institución religiosa global
con más de 1,000 millones de fieles en todo el mundo, en uno de los máximos
ganadores de las labores de ayuda contra la pandemia por parte del gobierno
estadounidense, según reveló un análisis de The Associated Press de los datos
federales difundidos esta semana.
Por lo general, los templos de culto y las
organizaciones de fe que promueven creencias religiosas no son elegibles para
fondos de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de
Estados Unidos.
Un reporte científico estima que permanece el mismo tiempo que sobre una superficie de cartón.
Sin embargo, a medida que la economía se desplomó
y se disparó el número de desempleados, el Congreso permitió que los grupos
religiosos y otras organizaciones no gubernamentales ingresaran al Programa de
Protección del Pago de Sueldos (PPP por sus iniciales en inglés), un fondo de $659,000
millones creado para mantener activa a la economía y los trabajos de los
estadounidenses.
Al promover agresivamente al programa y manejar
los recursos para navegar por sus cambiantes reglas, diócesis, parroquias,
seminarios y otros ministerios católicos han recibido hasta el momento las
aprobación para 3,500 créditos condonables, descubrió la AP.
La arquidiócesis de Nueva York, por ejemplo,
recibió 15 créditos por un valor de al menos $28 millones sólo para sus
principales oficinas ejecutivas. La Catedral de San Patricio, sobre la Quinta
Avenida de Nueva York, recibió aprobación para al menos $1 millón.
El virus tiene un tiempo de incubación de entre 2 y 14 días.
Un crédito de al menos $2 millones fue a la
diócesis de Wheeling-Charleston, Virginia Occidental, en donde una
investigación de la iglesia reveló el año pasado que el entonces obispo Michael
Bransfield desfalcó fondos y realizó insinuaciones sexuales a jóvenes
sacerdotes.
El simple hecho de ser elegibles para créditos a
bajos intereses era una nueva oportunidad. Pero la iglesia no habría recibido
aprobación para tantos préstamos — que el gobierno condonará en caso de que se
utilicen para el pago de salarios, alquileres y servicios públicos — sin haber
tenido un segundo golpe de suerte.
Uno de los programas de alivio de préstamos para pequeñas empresas incluido en el paquete de estímulo histórico aprobado por el congreso en marzo contiene una disposición que muchos trabajadores independientes podrían haber pasado por alto.
Los grupos religiosos persuadieron al gobierno de
Trump de exentarlos de una regla que, por lo general, descalifica a cualquier
solicitante con más de 500 empleados.
Sin este trato preferencial, muchas diócesis no
habrían sido elegibles debido a que, entre oficinas, parroquias y demás,
exceden el límite de 500 personas.
“Dicho favoritismo valió miles de millones de
dólares”, dijo Micah Schwartzman, profesor de derecho de la Universidad de
Virginia especializado en asuntos constitucionales y religión y que ha
analizado el PPP.
El conteo de la AP de cuánto recibió la iglesia —entre
$1,400 y $3,500 millones — está por debajo de la cifra real.
La Conferencia de Mane,o Fiscal Diocesana sondeó
a sus miembros y reportó que alrededor de 9,000 entidades católicas recibieron
créditos. Esa es una cifra casi tres veces superior a la de beneficiarios
católicos que la AP pudo identificar.
La AP no pudo encontrar a más beneficiarios
católicos debido a que los datos del gobierno, difundidos bajo presión del
Congreso y de una demanda presentada por las organizaciones noticiosas,
incluyendo a la AP, no identifica a los beneficiarios de préstamos menores a $150,000
— una categoría en la que encajarían muchas de las iglesias más pequeñas.
Y no se pudo dar una cantidad más precisa debido
a que el gobierno únicamente difundió los rangos de los préstamos.
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