El Congreso de Sonora modificó la Ley de Educación del Estado para que las alumnas sean libres de usar falda o pantalón en el uniforme escolar.
El Pleno aprobó el Decreto el 13 de septiembre y busca contribuir en la eliminación de las brechas de desigualdad de género desde las instituciones educativas.
La diputada Ivana Celeste Taddei Arriola, impulsora de la iniciativa, presentó el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura ante el Pleno, e indicó que esta acción combate los estereotipos de género mediante los cuales se promociona un determinado comportamiento.
“Para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar los papeles tradicionales en la sociedad y en la familia“, declaró Taddei Arriola.
La dip. Ivana Celeste Taddei Arriola presentó el dictamen de la Com. de Educación y Cultura, que contiene el Decreto de ref. a la Ley de Educación del Edo. de Son, que tiene como propósito contribuir en la eliminación de brechas de desigualdad de género desde las inst. educativas pic.twitter.com/G8Y7ds6TIh
— Congreso Local Son (@CongresoSon) September 14, 2022
“Tradicionalmente las mujeres han usado falda como prenda de vestir exclusiva. Este criterio en el uniforme escolar se traduce en una limitación para las mujeres al ejercicio de su derecho al juego, la recreación y al tránsito en los espacios de la escuela y fuera de ella. Las alumnas se limitan en muchas ocasiones a saltar, trepar y usar los espacios de la escuela en horas de recreo, ya que la falda les impide o les dificulta cualquier tipo de actividad que implique la carrera o diferentes maneras de sentarse”, agregó la diputada.
Foto: Cuartoscuro
Además, la iniciativa, presentada el 26 de abril de 2022, señala que las autoridades educativas deberán incrementar estrategias dentro de las instituciones públicas o privadas, para eliminar estereotipos de género que causen desigualdad y discriminación relacionadas con las formas de vestir, actitudes y creencias.
El Decreto entrará en vigor en aproximadamente dos meses, ya que el Congreso establece un periodo de 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo realice las adecuaciones pertinentes, así como un plazo adicional de 30 días hábiles para que las instituciones educativas modifiquen sus reglamentos escolares.