El folleto muestra imágenes de una costa virgen. Junto a ellas, la recreación de las lujosas construcciones que aspiran a convertirla en “la Riviera de Oriente Próximo”. Se trata de Amaala, uno de los proyectos turísticos con los que Arabia Saudí quiere diversificar su economía. Sin embargo, el escaso interés internacional despertado por la salida a Bolsa de su empresa nacional de petróleo, Aramco, proyecta una sombra sobre ese y el resto de los ambiciosos planes lanzados por el heredero y gobernante de hecho del reino, el príncipe Mohamed Bin Salmán.
“Es un error presentar la OPV [oferta pública de venta] en términos de recaudación. Si ese hubiera sido el objetivo, Aramco podría haber emitido bonos como hizo a principios de año”, declara a EL PAÍS Mohammed K. Alyahya, un comentarista político saudí. Alyahya quita hierro al hecho de que apenas se haya puesto a la venta un 1,5% de las acciones, frente al 5% inicialmente anunciado, y sólo en el mercado saudí. Fuera del reino, sin embargo, numerosos analistas estiman que el resultado resultará insuficiente para satisfacer las ambiciones de MBS, como se conoce coloquialmente al heredero saudí.
El príncipe Mohamed esperaba utilizar lo recaudado para impulsar el programa de diversificación conocido como Vision 2030. Sin embargo, los 100.000 millones de dólares que calculaba obtener se han quedado en 25.000, al limitarse la venta después de que los inversores internacionales estimaran que la valoración de la empresa era demasiado alta.
Más privatizaciones
Esa falta de interés en Aramco, a pesar de su elevada rentabilidad, subraya el escaso atractivo de invertir en Arabia Saudí en general y pone en entredicho la eventual privatización de otras empresas públicas. Pero el Reino del Desierto necesita una gigantesca inyección de dinero para sacar adelante la reforma con la que aspira a reducir su dependencia del petróleo y crear empleos para sus jóvenes (dos tercios de los 24 millones de saudíes tienen menos de 30 años).
De ahí la importancia del mercado interior donde las autoridades han tratado de convencer (incluso presionado, según algunas fuentes) a las familias adineradas para que invirtieran en Aramco el dinero que tienen en el exterior. Pero no sólo. La compra de acciones se ha presentado como una forma de que el saudí medio pueda ser propietario de un trozo de la empresa que se considera la joya de la corona. Algunos lo han visto como un “deber patriótico” tras los ataques a las instalaciones petroleras del pasado septiembre.
Animados sin duda por la enorme campaña institucional y la bendición de los ulemas, casi cinco millones de saudíes han concurrido a la OPV. De acuerdo con el folleto, si mantienen sus títulos durante al menos 180 días, recibirán una acción extra por cada diez que hayan adquirido. Además, los bancos les han facilitado préstamos en condiciones ventajosas.
“Sin duda va a conseguirse menos dinero para la diversificación, pero tampoco es tanta diferencia”, estima Robin Mills, director ejecutivo de la consultora Qamar Energy, con sede en Dubái. En su opinión, “el objetivo de salir a Bolsa era atraer inversión extranjera” y eso claramente no se ha conseguido. Mills cita tres factores: la elevada valoración, la pérdida de atractivo de los hidrocarburos y el bajo nivel de inversión extranjera directa (FDI, en la jerga internacional). El último es quizá el más preocupante de cara a los planes de MBS.
A pesar de las reformas emprendidas desde 2016 cuando el príncipe Mohamed tomó las riendas del poder, Arabia Saudí no resulta muy atractivo para los inversores. Aunque en el último año la FDI ha subido hasta los 3.200 millones de dólares, aún está muy lejos de los 24.000 millones que llegó a atraer entre 2005 y 2011.
“Las reformas sociales han sido un éxito y también la incorporación de saudíes a la fuerza de trabajo, en especial las mujeres. Sin embargo, el interés anterior se centraba en el sector de la energía y los petroquímicos que ahora están en decadencia. Además los saudíes tienen otras áreas en las que no han avanzado tanto, demasiada burocracia y regulación, lentitud en la toma de decisiones del Gobierno y una economía que sigue dominada por grandes empresas estatales”, explica Robin.
De ahí que Alyahya insista en que “la razón principal de la OPV es lograr más transparencia, crear un precedente para otras instituciones económicas [saudíes]”. En su opinión, “eso es lo que tendrá un efecto interno en la economía saudí, el verdadero beneficio económico”.
Aun así, resulta innegable que el programa de diversificación deberá ajustarse a la realidad. “No ha sido una sorpresa. Hace tiempo que la venta del 5% [de Aramco] se había descartado”, apunta por su parte Ayham Kamel, responsable de Oriente Próximo de la consultora de riesgos Eurasia Group. Para él, la economía saudí no atrae capital extranjero al nivel que sería de esperar por “motivos políticos y geopolíticos”. Cita al frente de estos las tensiones con Irán, que están tras los ataques a Aramco del pasado septiembre y de la guerra en Yemen, o el asesinato del periodista Jamal Khashoggi hace un año.
No son los únicos factores bajo escrutinio. A la vez que el príncipe Mohamed lanzaba su programa de modernización económica, una purga de millonarios acusados de corrupción alarmó a los inversores y provocó una huida de capitales. La apertura social ha ido acompañada de la detención de numerosos defensores de derechos humanos (incluidas las activistas que lucharon porque las mujeres pudieran conducir) y restricciones a la libertad de expresión.
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