Uno de los 19 nombres del Gabinete propuesto este miércoles al Parlamento por el flamante presidente de Irán, Ebrahim Raisí, ha caído muy mal en Argentina. La elección de Ahmad Vahidí como ministro de Interior fue considerada una “afrenta” por el Gobierno del peronista Alberto Fernández. Sucede que la Justicia argentina acusa al general iraní, ministro de Defensa entre 2009 y 2013 y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, de ser uno de los autores intelectuales del atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, que en 1994 dejó 85 muertos. Vahidí tiene desde 2007 un pedido de captura internacional, pero Argentina nunca pudo siquiera interrogarlo.
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La Cancillería en Buenos Aires consideró en un comunicado “una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (…) la nominación de Ahmad Vahidí a un puesto ministerial en Irán”. Y reiteró un viejo reclamo al gobierno de Teherán: que permita “que las personas que han sido acusadas de participar del atentado sean juzgadas por los tribunales competentes”. Desde la AMIA se sumaron al repudio. “El nombramiento efectuado por el recientemente elegido presidente de Irán resulta inadmisible”, expresó la mutual en un texto difundido en sus medios digitales. El presidente de la entidad, Ariel Eichbaum, lamentó “ver cómo los acusados de haber participado en un crimen de lesa humanidad, en el que 85 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas, siguen gozando de impunidad y, además, son recompensados con altos cargos políticos en su país”.
Vahidí era jefe de la Fuerza Quds cuando se perpetró el atentado, el 18 de julio de 1994. En noviembre de 2006, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral lo consideró junto a otros cuatro altos funcionarios del régimen iraní, en una lista que encabezaba el fallecido expresidente Hashemi Rafsanjani, responsables intelectuales del ataque en Buenos Aires. El fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, firmó un dictamen donde consideró que “Vahidí no se limitó a participar pasivamente del cónclave (donde se planeó el atentado) sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque”. “Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales”, escribió Nisman, muerto en 2015 de un disparo en la cabeza en un presunto suicidio.
Vahidí figura incluso en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), elaborado por el ministerio de Justicia argentino. De nada sirvieron los pedidos de Buenos Aires a Interpol para detenerlo. El eventual ministro viajó siempre con total libertad, al punto que en 2011 participó de un evento oficial en Bolivia que tensó las relaciones entre los gobiernos de Evo Morales en La Paz y Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, en ese momento aliados políticos sin fisuras.
Los intentos argentinos por obtener la declaración de los iraníes a los que vincula con el atentado cristalizaron en enero de 2013 con la firma de un Memorándum de Entendimiento bilateral. El texto, de tres páginas y nueve puntos, fue un principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista mediante la creación de una Comisión de la Verdad y la autorización para que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman interrogasen a los sospechosos iraníes en Teherán. El pacto, aprobado por el Congreso argentino pero no por el iraní, supuso años más tarde una acusación por “encubrimiento” contra Cristina Kirchner, firmante del texto. La causa aún se tramita en los tribunales federales de Buenos Aires.
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