El partido-milicia chií libanés Hezbolá será considerado organización terrorista por Argentina. El presidente del país sudamericano, Mauricio Macri, lo decidió por decreto en la víspera del 25° aniversario del atentado con coche bomba que el 18 de julio de 1994 destruyó la AMIA, la sede de la mutual judía en Buenos Aires. El ataque dejó 85 muertos solo dos años después de la bomba contra la embajada de Israel en Argentina que había segado la vida de 29 personas. La justicia argentina acusó de ambos atentados a miembros de Hezbolá presuntamente apoyados por el Gobierno de Irán, pero la organización no había sido considerada grupo terrorista por el apego de las autoridades argentinas al listado elaborado por Naciones Unidas. El cambio de política coincidió con la insistencia de Estados Unidos e Israel para que Argentina se sume a la estrategia de presión internacional contra Teherán.
El decreto firmado por Macri supone la creación de un registro que incluya a “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de Información Financiera (UIF) haya ordenado el congelamiento administrativo de activos”, es decir que sea sospechosa de lavado de dinero con fines terroristas.También a cualquier grupo que esté siendo investigado en algún tribunal federal argentino bajo cargos de terrorismo. “Es darle una herramienta más a los jueces que investigan posibles atentados mediante el intercambio de información entre distintas áreas que hoy no se hablaban de manera ágil”, dice el jefe de gabinete del ministerio de Justicia, Martín Casares.
El texto no menciona explícitamente a Hezbolá porque el decreto no es un listado de organizaciones. El Ejecutivo argentino, además, se manejó con cautela para evitar males innecesarios en su relación con Líbano. Pero la organización formará parte del registro. “Va a estar”, asegura Casaras, “porque si cruzas las investigaciones judiciales y los datos de las UIF dirán que los están investigando por el atentado a la AMIA”.
El año pasado, la justicia argentina congeló bienes y dinero de la organización Bakart —a la que vinculó con el grupo libanés— como parte de una investigación por lavado realizada en el casino de Puerto Iguazú, en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Tanto EE UU como Israel aseguran que esa zona sensible es la puerta de entrada de Hezbolá en la región.
Sin cuentas ni vínculos políticos o económicos en Argentina
Una vez que Hezbolá se sume al listado de organizaciones terroristas, no podrá operar cuentas en Argentina ni mantener vínculos políticos o económicos con grupos locales. Sus miembros tendrán, además, prohibido el ingreso al país. El decreto es un viejo reclamo tanto del Gobierno estadounidense como del israelí, así como de las organizaciones judías argentinas. Desde la AMIA, no obstante, se tomarán su tiempo para opinar: “Ahora es momento de analizarlo con los letrados de la institución prudente y minuciosamente”, subrayan fuentes de la asociación. La idea es que su presidente, Ariel Eichbaum, haga pública la posición de la comunidad judía durante el acto central que se realizara en Buenos Aires para recordar a las víctimas.
Macri también tendrá, en las próximas fechas, la opinión del secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo. El representante de Donald Trump participará el viernes en Buenos Aires de un homenaje privado a las víctimas del ataque y luego se sumará a la Reunión Ministerial de Antiterrorismo en el Hemisferio Occidental, cuyo primer encuentro fue en diciembre pasado en Washington. El Ejecutivo argentino recibirá a Pompeo con el decreto firmado, evidencia de su alineación con la estrategia global de EE UU en la materia, una de las más sensibles para la Casa Blanca.
El atentado contra la AMIA fue el mayor realizado hasta ese momento contra la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial y aún está impune. En 2007, el fiscal argentino a cargo de la investigación, Alberto Nisman, apuntó contra iraníes del más alto nivel como autores intelectuales del ataque. Nisman logró finalmente la emisión de alertas rojas de Interpol contra cinco funcionarios, pero no hubo aprehensiones. El fiscal murió de un disparo en la cabeza en su piso de Buenos Aires en enero de 2015, días antes de presentar ante el Congreso un informe que vinculaba a Cristina Fernández de Kirchner con un presunto plan para encubrir a los sospechosos. La expresidenta enfrenta un juicio oral por esa causa.
La gran deuda del Estado argentino, con todo, es con los familiares de las víctimas. Macri firmó otros dos decretos que intentan avanzar en ese sentido: uno con la declaración del 18 de julio como día de duelo nacional y otro que amplía las indemnizaciones entregadas por el Estado argentino a una docena de empleados de la AMIA que habían sido excluidos.
Source link