Cada cadena perpetua fue recibida con fuertes aplausos este miércoles a las afueras de los tribunales federales de San Martín, en el extrarradio de Buenos Aires. El excomandante Santiago Omar Riveros y otros nueve imputados por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el predio militar de Campo de Mayo durante la última dictadura argentina fueron condenados este miércoles a la pena máxima. Los demás recibieron penas de entre cuatro y 22 años en la sentencia de uno de los mayores juicios por delitos de lesa humanidad de la historia del país sudamericano, el de la megacausa de Campo de Mayo, en el que se juzgaban delitos perpetrados contra 323 víctimas.
Campo de Mayo, a menos de 30 kilómetros de Buenos Aires, es el mayor complejo del Ejército de Argentina, con 5. 000 hectáreas. Durante el régimen militar que estuvo en el poder entre 1976 y 1983, funcionó allí de clandestina un centro de detención y torturas y una maternidad en la que mujeres secuestradas dieron a luz bebés que después fueron entregados a apropiadores bajo otra identidad. Desde Campo de Mayo también se dirigió la actividad represiva estatal en la zona norte del conurbano bonaerense.
En la larguísima lectura de la sentencia —duró casi dos horas—, el excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, quien tenía bajo su órbita todo lo que ocurría en Campo de Mayo, fue el primero en ser condenado a cadena perpetua. Los jueces consideraron probados todos los delitos que se le imputaban contra más de 200 víctimas, como privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados, entre muchos otros.
El excomandante Santiago Omar Riveros, a su llegada a un tribunal, en 2009.Enrique Marcarian (Reuters)
Riveros ya había recibido la pena máxima en más de una docena de juicios, entre ellos en el histórico veredicto del pasado lunes, que consideró probada la existencia de ‘vuelos de la muerte’ que partieron desde Campo de Mayo con detenidos que fueron arrojados vivos desde el aire al Río de la Plata. El exjefe militar, de 98 años, escuchó el veredicto desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria debido a problemas de salud.
A su vez fueron condenados a cadena perpetua los miembros de la plana mayor de la Zona de Defensa IV —Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Mario Domínguez— y el ex jefe del área militar 420, Luis Sadi Pepa. Completan la lista de los diez represores sentenciados a la pena máxima Carlos Somoza, Francisco Agostino, Luis Britos y Miguel Conde.
Este ha sido el mayor juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en Argentina desde la anulación, en 2006, de los indultos a los jerarcas del régimen militar y la derogación de las leyes de impunidad. Solo se lo puede comprar, por cantidad de víctimas y casos juzgados, a otro similar, el de la megacausa de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que en 2017 condenó a los responsables de los delitos perpetrados en este centro clandestino de detención de la Marina que funcionó frente a una de las grandes avenidas de Buenos Aires. Ambos son un gran paso en el largo camino iniciado en Argentina en 1985, con el llamado Juicio a las Juntas.
La sentencia de este miércoles llega después de tres años de audiencias, en su mayoría realizadas de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus, en las que los jueces escucharon a más de 700 testigos. El juicio, que comenzó en 2019, dio a conocer el funcionamiento de toda la estructura represiva de Campo de Mayo, en especial en el centro clandestino de detención de El Campito, el mayor a manos del Ejército. Hasta ahora, las causas relativas a los crímenes perpetrados en este predio militar habían sido elevadas de forma fragmentada.
Robo de bebés
Entre las 323 víctimas hubo 14 mujeres embarazadas cuyos hijos e hijas fueron apropiados. Entre ellos está Juana Colayago, que estaba embarazada de seis meses cuando fue secuestrada junto a su marido, Egidio Battistiol, y Leonor Landaburu, quien cursaba la última etapa de su embarazo. Ambas mujeres fueron secuestradas en agosto de 1977 y sus hijos siguen siendo buscados por Abuelas de Plaza de Mayo.
Las familias de los secuestrados “también fueron víctimas de estos hechos, pues contra ellas también se dirigieron las conductas de los imputados, al negarles deliberadamente información sobre el paradero de sus seres queridos”, dijo la abogada querellante Carolina Villella durante su alegato en el juicio.
“Las consecuencias de este accionar aún perduran en el presente, generando una carga de dolor y angustia a los familiares, que se sostienen en el tiempo”, agregó Villella.
Entre las víctimas figuran también decenas de obreros y delegados secuestrados de manera masiva en empresas como las automotrices Mercedes Benz y Ford, los astilleros Mestrina y el frigorífico Martín Fierro, entre muchas otras. Sin embargo, no hubo ningún responsable empresarial imputado.
Los organismos de derechos humanos estiman que al menos 4.000 detenidos pasaron por Campo de Mayo, de los que sobrevivió menos del 1%. Hace sólo dos días, otro tribunal federal de San Martín consideró probada la existencia de los vuelos de la muerte como método de exterminio y condenó a cuatro exmiembros del Batallón de Aviación 601 a cadena perpetua por su responsabilidad y participación en estos vuelos.
Debido al escaso número de sobrevivientes, una de las principales fuentes de ambos juicios fueron los exconscriptos, es decir, los jóvenes que realizaron el servicio militar obligatorio en aquellos años. Fueron testigos involuntarios que lograron sacar a la luz aquello que los altos mandos intentaron ocultar. También fueron relevantes los testimonios de los gendarmes de los escalafones más bajos, en especial los de aquellos que participaron en guardias en el exterior del centro de detención de El Campito y pudieron reconocer durante el juicio a varios de los responsables.
Los abogados querellantes han reconocido también la importancia de los archivos secretos hallados en el Ministerio de Defensa para reconstruir la estructura que se puso al servicio del plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones.
Han pasado 46 años desde el golpe de Estado con el que comenzó la última dictadura en Argentina, pero los juicios por los crímenes perpetrados en esos años continúan. Hasta marzo, un total de 1.058 personas habían sido condenadas por estos delitos en 273 sentencias, según el último relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
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