El principio de acuerdo alcanzado el domingo por un reducido grupo de senadores republicanos y demócratas para establecer unas mínimas medidas respecto al control de armas en Estados Unidos podría parecer un gesto irrelevante. Pero el océano de destrucción y dolor que están causando desde hace años —como se ha puesto en evidencia en las últimas semanas— ha merecido por fin un gesto político que pueda mitigar la oleada de matanzas indiscriminadas que ha vivido toda la geografía del país. Constituye un significativo y concreto primer paso para combatir lo que el presidente, Joe Biden, ha calificado como “una epidemia” que está condicionando la vida cotidiana de millones de estadounidenses, desde acudir al colegio, visitar un centro comercial o dar un paseo en una zona concurrida.
Los asesinatos masivos en tiroteos —se consideran oficialmente así aquellos en los que fallecen al menos cuatro personas sin incluir al atacante— se han incrementado exponencialmente en EE UU hasta alcanzar casi el carácter de rutina atroz. No se trata solo de matanzas impactantes como la de la escuela de Uvalde, hace apenas tres semanas, y donde murieron 21 personas (la mayoría niños pequeños), o la de Búfalo, el 14 de mayo, cuando murieron diez clientes, la mayoría negros, en un supermercado. Son un rosario continuo de crímenes que tienen como común denominador un laxo, cuando no irrestricto, acceso a las armas de los perpetradores. Solo en la noche del pasado 4 de junio se produjeron 11 tiroteos de este tipo. En lo que va de año se han registrado ya 245 tiroteos masivos en Estados Unidos. En muchos casos los asesinos habían adquirido armas de uso militar de manera totalmente legal.
La realidad es que, por muy complejo que sea el debate sobre el acceso a las armas —desde aspectos culturales hasta constitucionales, pasando por el legítimo temor de quienes piensan que prohibirlas dará una ventaja letal a los criminales—, la sociedad estadounidense tiene derecho a no vivir atemorizada ante la posibilidad real de recibir un balazo en cualquier momento: los testimonios de la población tras cada asalto son estremecedores y conducen a la extensión del miedo social. Así las cosas, 10 senadores republicanos y otros 10 demócratas han acabado con un peligroso punto muerto político y acordado presentar una ley que supondría la mayor restricción federal sobre acceso a las armas en las últimas décadas. La propuesta incluye ampliar la consulta de antecedentes penales a los menores de 21 años, permitir limitar por orden judicial el acceso a las armas y reforzar la inversión en salud mental. Sin embargo, queda fuera la relevante propuesta de Biden de prohibir a nivel federal la venta de fusiles de asalto o elevar de 18 a 21 años la edad para adquirir armas semiautomáticas. Se trata, por tanto, de un mínimo avance que habrá de ser el primero si de verdad la clase política estadounidense quiere atajar una situación que está fuera de control.
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