Corría el año 2008 cuando los habitantes de municipios del entorno del río Miño, casi todos en la provincia de Ourense, se enteraron de que los grifos de sus viviendas acumulaban dosis de arsénico con cargas tóxicas superiores a las admitidas por el Ministerio de Sanidad, actualmente de 10 microgramos por litro. La plaga de este metal pesado en la zona había sido detectada un año antes por el Instituto Geológico Minero. Desde entonces, la Xunta ha invertido algo más de cuatro millones de euros para suministrar agua potable a las poblaciones afectadas, según los documentos consultados por EL PAÍS. No obstante, el veneno sigue asomando. En este momento, la población damnificada se reparte en 11 núcleos del municipio de Castrelo de Miño (1.300 habitantes), que llevan desde el pasado septiembre haciendo acopio de garrafas de agua que ofrece el Ayuntamiento para beber y cocinar, insuficientes para el regadío. Mientras esperan a que la Xunta haga una captación en el río y construya una nueva depuradora, los vecinos reclaman que se investigue si la presencia de este tóxico está disparando el número de afectados por cáncer.
El arsénico se intensifica en algunos puntos de la comarca de O Ribeiro. La porosidad de la tierra, azuzada por la sequía, facilita su filtración al agua del suministro. La sequía se ha aliado con el veneno. Los inviernos poco lluviosos lo potencian y este enero ha sido el más seco de la última década. Meteogalicia, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, sostiene que no se registraban valores similares desde el año 2012.
La Organización Mundial de la Salud sostiene que la ingesta de arsénico inorgánico, presente de forma natural en algunas aguas subterráneas o comida preparada con esta y cultivos alimentarios regados con agua rica en este metal, “puede causar intoxicación crónica. Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel”. Una exposición prolongada también puede causar cáncer de vejiga y de pulmón, problemas relacionados con el desarrollo, neurotoxicidad, diabetes y enfermedades pulmonares y cardiovasculares.
En los núcleos afectados de Castrelo de Miño, los vecinos se sirven de la del grifo en función de los resultados de las analíticas que va anunciando el alcalde a golpe de bando. “Llevamos así desde septiembre; tenemos que ir a buscar las seis garrafas de cinco litros por semana que nos da el Ayuntamiento, aunque muchos vecinos tienen problemas para recogerlas porque aquí la población es de edad avanzada”, explica Isabel, vecina del municipio, la desesperación que viven. Y también el miedo: “El arsénico se potencia con el calor y nos estamos duchando con el agua del grifo; yo intento ponerla más bien fría”.
No es la única fatalidad que enumera. Esta vecina asegura que muchas de las fuentes del pueblo también están afectadas y que “mucha gente ha estado bebiendo de ellas”. El Ayuntamiento ha comenzado a señalizarlas, pero Isabel sostiene que algunas han quedado sin el letrero, entre ellas la que está en el parque Náutico, “al lado de los columpios de los niños”. Y pese a todas las calamidades, añade, los vecinos continúan pagando las mismas cantidades en el recibo del agua. “Es injusto”, zanja.
La portavoz del PSOE, Catalina González, recuerda que en 2005 Sanidad declaró ya Castrelo do Miño en 2012 zona con elevación de arsénico y desde entonces, “no se hizo nada”. “Nosotros pedimos en el Parlamento gallego una captación con bombeo en el Miño, en donde no hay arsénico. No se aprobó y el BNG, entonces en la alcaldía, optó por pedir a la Diputación un filtro, una medida que nos pareció un parche, como ahora se ha demostrado: acabó rompiéndose y volvemos a estar como antes”, explica González
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Esteban Suárez, exalcalde y actual portavoz del BNG, señala que “hace años no se miraban tan a menudo los niveles” y ahora Sanidad establece la toxicidad a partir de 10 microgramos por litro, no 20 como antes. Atribuye el problema a que el suelo granítico de la zona desprende ese metal pesado y “cuando el nivel freático baja como consecuencia de la sequía, se produce mayor concentración por la falta de disolvente”. La instalación del filtro que se pidió a la Diputación llegó a resolver la situación en su momento, pero el mantenimiento que necesita “no se ha hecho”, sostiene Suárez, quien acusa al actual gobierno local del PP de “dejadez”.
Los vecinos claman por soluciones eficaces y rápidas para atajar “un problema sanitario grave”. Rocío, empleada en una de las farmacias del municipio, tiene la percepción de que se están disparando las enfermedades cancerígenas. “No sé si por casualidad, por la central eléctrica, por el arsénico o por todo junto”, apunta mientras reclama un estudio que lo aclare. “Estamos usando el agua del suministro para ducharnos y mi madre, por ejemplo, tiene picores. También regamos con ella y es la que beben los animales, así que es lógico pensar que se está acumulando en el organismo”.
El alcalde, Avelino Pazos, ha optado por una medida temporal, la instalación de nuevos filtros que espera que estén listos para garantizar la potabilidad a finales de este mismo mes y para lo que ha firmado un convenio con Augas de Galicia, organismo dependiente de la Xunta, por importe de 400.000 euros. Paralelamente, señala, se está redactando el proyecto para una captación en el Miño y una depuradora que bombeará hasta la actual. La primera fase de esta obra, de dos años de duración, supondrá una inversión de 1,5 millones de euros que asumirá también la Xunta. Mientras tanto, el arsérnico se mantiene irreductible, atemorizando a todo el pueblo.
Al menos 4,1 millones de euros invertidos en la última década
En la última década, la Xunta ha invertido al menos 4,1 millones de euros en obras de mejora de abastecimiento de agua en municipios con presencia de arsénico, según los documentos consultados por este periódico. A los 400.000 euros para mitigar el problema en Castrelo de Miño se le suman varias inversiones desde 2012. La más reciente fue en 2014 también en la comarca de O Ribeiro (Ourense) y supuso la ejecución de obras de mejora en las localidades de San Amaro, Cenlle y Punxín por 3,2 millones de euros. El acuerdo admitía que el agua de los pozos en los dos últimos municipios estaba contaminada.
Otro de los municipios gallegos afectados por este tóxico fue Vila de Cruces, en Pontevedra, donde se detectó la presencia de arsénico por encima de los niveles permitidos. Para solucionar el problema, el Gobierno autonómico aprobó en 2012 la ejecución de una obra por 553.000 euros. A preguntas de este diario, la Xunta ha eludido precisar si ha inyectado más fondos en intentar solventar el problema.
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