La policía argentina detiene a uno de los implicados en a presunta red de espionaje ilegal que funcionaba en la Agencia Federal de Inteligencia, el 2 de julio de 2020.TelamLa Agencia Federal de Inteligencia argentina parece llevar mucho tiempo haciendo trabajos sucios. Pasan los presidentes y siguen los escándalos. Una investigación judicial apunta ahora a los cuatro años de mandato de Mauricio Macri. Los indicios apuntan a que la AFI macrista espió ilegalmente a numerosos políticos, tanto peronistas como macristas, y a sindicalistas, periodistas y sacerdotes. Pero la causa ya ha sufrido el primer traspié: la Cámara Federal de La Plata apartó el viernes al juez que dirigía el expediente, Federico Villena, por “falta de imparcialidad”, y pasó el sumario a otro juez, Juan Pablo Auge.La recusación de Villena no suscitó demasiada polémica porque el juez había participado en algunos de los hechos sometidos a investigación: fue él quien ordenó, por ejemplo, el espionaje sobre el Instituto Patria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (un asunto investigado desde hace semanas por el nuevo juez, Juan Pablo Auge) y fue él quien ordenó que se grabaran clandestinamente las conversaciones entre políticos kirchneristas presos y sus abogados, unas conversaciones que luego se filtraron ilegalmente a la prensa.Macri y sus principales colaboradores en la anterior Administración, como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, afirman que el sumario por espionaje, indirectamente relacionado con otro que se refiere a presuntas presiones sobre jueces por parte de operadores macristas, forma parte de una “venganza” del kirchnerismo y tiene como objetivo final la “impunidad” de la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, inmersa en numerosas causas por corrupción y encubrimiento.El ahora apartado juez Villena emitió el pasado martes 22 órdenes de detención contra antiguos espías y policías presuntamente implicados. La espectacularidad de los arrestos, ante las cámaras de televisión, causó asombro en medios jurídicos. También fue allanado el domicilio de Darío Nieto, secretario personal de Mauricio Macri, a quien se le incautó el teléfono. Villena sospechaba que Nieto era quien hacía llegar a Macri los informes sobre los espiados.Entre las víctimas de las presuntas operaciones ilegales figuran, además de numerosos dirigentes peronistas, dos de los políticos más relevantes de la órbita macrista: María Eugenia Vidal, exgobernadora de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, entonces y ahora jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hace algo más de un año, cuando empezó a hablarse de la posibilidad de que fuera Vidal la candidata a la presidencia, en lugar de Macri, el espionaje sobre ellos se intensificó.También se espió a numerosos periodistas. Uno de ellos, Hugo Alconada Mon, el más prestigioso reportero de investigación argentino, no tiene dudas sobre los hechos: “El espionaje existió”. Él mismo lo comprobó al tener acceso al sumario, en calidad de víctima, y ver las fotografías de su domicilio en La Plata o los resúmenes de los seguimientos en sus trayectos diarios. Los espías habían evaluado incluso la posibilidad de colocar un artefacto explosivo ante la puerta de su casa. Alconada ya había sufrido amenazas y seguimientos durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.Lo que más sorprende al periodista, para el que se utilizaba el nombre en clave de “Anaconda”, es el bajo nivel de los espías. “Eran aficionados y energúmenos, tipos que crearon entre ellos un grupo de WhatAapp llamado Super Mario Bros y no se molestaron en borrar los mensajes, gente que dejó huellas por todas partes y hacía un trabajo impropio de profesionales”.Ni siquiera el jefe de la AFI era profesional. Macri colocó al frente del espionaje argentino a un amigo desde la juventud, Gustavo Arribas, que trabajaba en el negocio de la compraventa de futbolistas. Arribas y su principal colaboradora, la subdirectora Silvia Majdalani, contaban como máximos ejecutivos con Alan Ruiz (entonces jefe de Operaciones Especiales de la AFI) y Diego Dalmau Pereyra (entonces director de Contrainteligencia). Los ex espías que ya han prestado declaración ante el juez coinciden en afirmar que recibían órdenes directas de Ruiz y Dalmau Pereyra.El juez federal Juan Pablo Auge asumirá desde el lunes la causa iniciada por el juez Federico Villena y proseguirá con la toma de declaraciones.
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