Las casas de la síndica municipal de Xoxocotla, Alicia Fernandina Capistrán Martínez, y de las regidoras Xitlali Mejía Huerta y Alma Rosa Santos Mata fueron atacadas a balazos de manera casi simultánea durante la madrugada de este 1 de diciembre.
De acuerdo con el asesor jurídico de las funcionarias, Luis Linares Castro, las agresiones ocurrieron en un lapso de cinco minutos, entre las 3:57 y las 4:02 horas, y contra domicilios ubicados a escasos metros unos de otros. Testigos señalaron que dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra las puertas principales de las tres viviendas.
En la casa de Xitlali Mejía se registraron alrededor de tres o cuatro impactos de arma de fuego; en la de la síndica Capistrán Martínez, al menos cuatro; y en la vivienda de los padres de la regidora Alma Rosa Santos, cinco detonaciones.
Las afectadas llamaron al 911 y personal de la Fiscalía Regional acudió al lugar para levantar indicios balísticos. No obstante, les informaron que la carpeta de investigación se integraría únicamente por el delito de “daños”, por lo que solicitarán la reclasificación, al considerar que se trató de atentados coordinados relacionados con su labor pública.
Las tres servidoras públicas cuentan con medidas de protección ordenadas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el marco de un juicio por violencia política en razón de género. Sin embargo, según su asesor jurídico, dichas medidas no se han aplicado de forma efectiva: la vigilancia se ha reducido a rondines esporádicos y sin presencia permanente.
Capistrán Martínez, Mejía Huerta y Santos Mata han presentado denuncias previas por amenazas y agresiones vinculadas al alcalde de Xoxocotla, José Carlos Jiménez Ponciano, a quien responsabilizan de los hechos.
Linares Castro hizo un llamado a la gobernadora Margarita González Saravia y al fiscal estatal, Fernando Blumenkron, para que garanticen la seguridad de las funcionarias, den seguimiento puntual a las investigaciones y ordenen el cumplimiento inmediato de las resoluciones del Tribunal Electoral. Afirmó que, pese a que diversas instancias estatales conocen el caso desde hace semanas, la respuesta ha sido omisa.
Los ataques se suman a otras denuncias presentadas por integrantes del cabildo por presunta violencia política atribuida al mismo alcalde y a miembros de su equipo.
Observatorio exige protección real y fin a la impunidad
El Observatorio de la Paridad y Violencia Política de Morelos condenó la escalada de agresiones contra integrantes del cabildo de Xoxocotla y exigió a las autoridades estatales y federales garantizar medidas de protección efectivas y continuas para las víctimas.
El organismo recordó que, en semanas recientes, funcionarias y funcionarios municipales denunciaron amenazas, hostigamiento, retención de salarios y presiones para aprobar actos que consideraron irregulares, señalando como responsables al alcalde, al secretario municipal y al tesorero. Tras visibilizar públicamente estas situaciones, advirtió, aumentó el nivel de riesgo y se registraron nuevas amenazas.
Aunque se emitieron medidas de protección, el Observatorio subrayó que no se cumplieron adecuadamente: los elementos asignados se limitaban a hacer presencia momentánea sin brindar vigilancia real. Esa omisión, sostuvo, propició que la violencia escalara hasta el ataque armado contra las viviendas de las integrantes del cabildo.
El organismo señaló que estos hechos vulneran directamente el ejercicio del cargo y se desarrollan en un contexto de impunidad, por lo que demandó investigaciones serias sobre las autoridades señaladas, la activación urgente de los mecanismos de atención a la violencia política en razón de género y la coordinación entre instancias de seguridad y justicia.
Asimismo, llamó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a garantizar protección permanente a las funcionarias y advirtió que cualquier nueva agresión será atribuible a la negligencia de las autoridades responsables.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Gobierno estatal minimiza denuncias
En contraste con las exigencias de protección y las denuncias de violencia política y de género, el secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado, optó por reducir la gravedad del caso.
Tras una reunión con actores municipales, el funcionario afirmó que se abordaron “algunos aspectos sobre diferencias que pudieran existir” y señaló que se hizo un llamado al “equilibrio y la paz social en el municipio, comprometiéndose a generar estabilidad”.
Maldonado agregó que convocarían a quienes no asistieron al encuentro “para desahogar la reunión, siempre con puertas abiertas al diálogo y al consenso”.
Pese a los ataques a las viviendas, las amenazas y las medidas de protección incumplidas, el secretario centró su postura en el diálogo y la estabilidad política, sin referirse a la violencia denunciada como delitos de violencia política y de género ni a la falta de seguridad efectiva para las funcionarias agredidas.