Enero de 2022 no había llegado a la quincena y en Venezuela ya habían sido asesinadas 27 personas por las fuerzas de seguridad, reportó la ONG Control Ciudadano. Un preocupante comienzo de año que recuerda una realidad aún peor: entre 2016 y 2021 se contabilizaron 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales, parte del expediente de violaciones de derechos humanos que pesa sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, por el que varios organismos internacionales han encendido alarmas y la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación.
El dato global de los 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales es de Cofavic, una organización creada por los familiares de las víctimas del Caracazo del 27 de febrero de 1989, los masivos disturbios y saqueos registrados en la capital que fueron controlados violentamente por la fuerza militar y policial y terminaron en ajusticiamientos y desapariciones. La ONG ha seguido por más de 30 años este fenómeno y asegura que no ha dejado de ocurrir e incluso ha venido en aumento, pese a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han exigido al Estado venezolano garantías de no repetición.
“Ahora no solo estamos viendo ejecuciones extrajudiciales por un uso desproporcionado de la fuerza pública, estamos frente a patrones sistematizados vinculados al propósito de generar control social en zonas populares de áreas urbanas”, advierte la abogada Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Las ejecuciones extrajudiciales, al igual que la tortura, son violaciones de derechos humanos múltiples, porque involucran el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso”.
Gregorio Chinchilla habló con su hijo por teléfono antes de entrar al Metro. Al salir del subterráneo, en un viaje de no más de media hora, tenía mensajes en su celular de familiares que le informaban que el joven había sido asesinado. “Le dieron tres tiros en el pecho, uno de gracia en el corazón”, relata, según lo que ha podido reconstruir de ese día de abril de 2019 en que mataron a su único hijo. “Unos funcionarios presuntamente del FAES (un grupo élite de la Policía Bolivariana) llegaron a su casa diciendo que eran del CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción, la estructura gubernamental que reparte bolsas de comida a precios subsidiados), tocaron la puerta y el suegro de mi hijo les abrió. Al señor lo arrodillaron y metieron en un cuarto. A mi hijo lo sacaron de la cama y lo mataron en el pasillo”. Hubo disparos al aire y en medio de la requisa a la casa los funcionarios le gritaban “¡Entrégate!”. Era parte, dice Chinchilla, de la actuación para simular un enfrentamiento con la policía, aunque Anrry Chinchilla Berroterán —mototaxista y mecánico, de 30 años de edad, padre de una niña de 6— no estaba armado. Los funcionarios llevaron el cuerpo en una camioneta a un hospital y ahí comenzó un calvario para la familia que intenta hacer justicia.
Ortega insiste en que la violencia con la que actúa la policía en las zonas pobres de las ciudades evidencia una política del uso de la fuerza pública para inhibir protestas o denuncias, y “demostrar hasta dónde llega su capacidad de terror”, algo que también ha recogido el informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela ordenado por Naciones Unidas. Estas incursiones violentas se han hecho cotidianas en muchos barrios pobres de Caracas y el resto del país. “El mecanismo de control social se perpetúa porque estos cuerpos policiales hacen vida en esas zonas, amenazan a los familiares si denuncian, los ven ir al mercado o a los tribunales, lo que crea una cadena de amenaza y hostilidad para no hacer justicia efectiva”.
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De los 9.211 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 2016 y marzo de 2021, Cofavic elabora un perfil de la víctima: un 80% son menores de 25 años, 99% son hombres de sectores vulnerables y en un 80% de los casos ha habido algún acto de amenaza o intimidación contra quienes denuncian, en su mayoría mujeres, muchas de la tercera edad. La policía judicial, encargada de investigar crímenes, es uno de los cuerpos de seguridad con más denuncias.
La activista menciona una sentencia de la CIDH dictada en junio 2021 sobre un caso de ejecución extrajudicial cometido en 2003 contra los jóvenes venezolanos Jimmy Guerrero y Ramón Molina. “Esta sentencia sirve para explicar lo que ocurrió entonces y sigue ocurriendo, que estos mecanismos se establecen para perseguir y criminalizar la pobreza, a los jóvenes pobres”. La corte determinó que las detenciones y asesinatos de Guerrero y Molina estuvieron motivados por “preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza”.
Letalidad policial e impunidad
Las categorías de muertes por “resistencia a la autoridad”, “enfrentamiento” o “bajo averiguación” esconden una buena parte de las ejecuciones extrajudiciales. En su informe de finales de 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia calculó un promedio de seis muertes al día por “resistencia a la autoridad” el año pasado. El observatorio, además de Cofavic y otras organizaciones civiles, viene alertando de un peligroso aumento de las muertes por resistencia a la autoridad, que en años recientes comenzaron a tener casi el mismo peso que los homicidios en un país que ha figurado entre los más violentos en la región. Para 2019, Venezuela era uno de los países con la mayor tasa de letalidad policial —civiles muertos por arma de fuego de agentes de seguridad por cada 100.000 habitantes—, según los cálculos del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina.
En 2015 el Gobierno nacional implementó las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), incursiones violentas de varios cuerpos de seguridad en barrios para supuestamente cazar delincuentes, que han sido condenadas en varios informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet. Ese ha sido un punto de inflexión en la violencia en Venezuela, que se suma a una progresiva militarización de la seguridad ciudadana iniciada durante el Gobierno de Hugo Chávez. “De entonces a ahora ha cambiado el aumento de los casos y la participación más masiva de las fuerzas de seguridad en la toma de zonas determinadas como ocurrió el año pasado en La Vega. También han cambiado los nombres de los operativos y de los grupos élites que actúan”, señala Ortega.
El combustible de estos crímenes es la impunidad. En septiembre pasado, el Ministerio Público reportó al Comité de Derechos Humanos de la ONU que en tres años habían abierto 4.890 investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, se había acusado a 731 funcionarios y apenas en 118 casos se obtuvo condena. “Eso significa que solo en 16% de los casos se han obtenido condenas, no se sabe si firmes, y que la impunidad es una señal inequívoca de que estos crímenes se van a seguir multiplicando”, señala Ortega. El caso de Chinchilla, por ejemplo, ha estado estancado en la fiscalía desde hace tres años.
El 25 de este mes Venezuela vuelve a rendir cuentas en el Examen Periódico Universal con estos indicadores a cuestas. En los últimos meses, presionado por la investigación en la CPI y las negociaciones en México ahora congeladas, el Gobierno emprendió algunas reformas en leyes del sistema de justicia y ahora deberá rendir cuentas a la ONU sobre lo ocurrido en materia de derechos humanos desde 2016, cuando se realizó la última evaluación.
La directora de Cofavic advierte que las ejecuciones extrajudiciales pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad porque están dirigidos contra población específica y deben juzgarse de acuerdo a los parámetros del derecho internacional, que establecen que las víctimas deben ser escuchadas para una reparación y se debe castigar a los máximos responsables, no solo a los autores materiales, algo que no ha ocurrido hasta ahora. “Cuando hay impunidad el dolor se mantiene intacto y deja heridas en el tejido social muy difíciles de reparar. La violencia sistemática vivida los últimos diez años en Venezuela, el daño creado, tendrá una afectación generacional”.
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