El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación entre ambos países permite llevar ante la justicia a traficantes de armas, luego de que autoridades estadounidenses anunciaron el desmantelamiento en Arizona de una red dedicada presuntamente a la adquisición ilegal y el contrabando de armamento hacia organizaciones criminales en México.
“Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance. En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego”, señaló Johnson en su cuenta de X.
El embajador vinculó las acciones con la política del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el tráfico ilegal de armamento y destacó la colaboración con las autoridades mexicanas.
“Estas acciones demuestran el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de desarticular la cadena de suministro del tráfico ilegal de armas. Trabajando junto con las autoridades mexicanas, hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras. Hasta ahora, esta Administración ha decomisado más de 50,000 armas de fuego, y aún no hemos terminado. #JuntosLogramosMás”, escribió Johnson.
Las declaraciones del embajador se produjeron después de la Oficina del Fiscal del Distrito de Arizona informó sobre una investigación de dos años que derivó en el desmantelamiento de una red dedicada a adquirir ilegalmente armas de fuego en Estados Unidos para introducirlas de contrabando a México.
La operación conjunta, coordinada bajo la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), culminó con la presentación de cargos criminales contra 28 personas.
De acuerdo con la acusación formal de 158 cargos emitida por un gran jurado federal en Phoenix el pasado 21 de julio de, la principal red era encabezada por Fernando Daniel Castro, residente de esa ciudad.
Según las autoridades estadounidenses, Castro y varios presuntos co-conspiradores -entre ellos Cruz Rafael Castro, Marque J’von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt y Juan Manuel Torres Perez- reclutaban a compradores testaferros, conocidos como straw purchasers, para adquirir armas en establecimientos con licencia federal en Arizona a cambio de compensaciones económicas.
Después, supuestamente Castro comercializaba las armas para obtener ganancias, con conocimiento o motivos fundados para creer que serían exportadas ilegalmente de Estados Unidos hacia México. Entre el armamento traficado mediante este esquema figuraban pistolas Glock 19 y fusiles tipo AK.
Los acusados enfrentan cargos por conspiración para la compra ilícita de armas con fines de comercialización sin licencia, declaraciones falsas durante la adquisición de armas de fuego, distribución ilegal y conspiración para el tráfico de armamento.
Cuatro investigaciones relacionadas
Según la fiscalía estadounidense, el expediente de 158 cargos surgió de información de inteligencia obtenida en cuatro investigaciones federales relacionadas con el tráfico de armas y municiones hacia México.
Una de ellas involucra a Emmanuel Rabena-Velderrain, ciudadano mexicano detenido el 17 de febrero de 2025 cuando intentaba cruzar la frontera hacia México en un vehículo que transportaba 42 fusiles tipo AK y 42 cargadores calibre 7.62×39.
Rabena-Velderrain se declaró culpable el pasado 31 de marzo de intento de contrabando de mercancías desde Estados Unidos y tiene programada su sentencia para el 17 de agosto ante el juez federal Scott H. Rash, en Tucson.
Otra investigación corresponde a Amairany Guadalupe Armendariz Alvarez, ciudadana mexicana que ingresó a Estados Unidos con una visa de no inmigrante y viajó a Phoenix para recoger tres fusiles M249 y una pistola Colt.
Armendariz Alvarez admitió que sabía que las armas serían introducidas de contrabando a México y se declaró culpable de posesión de arma de fuego por parte de un extranjero. El 27 de abril de 2026 fue sentenciada a 24 meses de prisión por la jueza federal Susan M. Brnovich.
Un tercer caso involucra a Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo, residentes de Phoenix con antecedentes penales, quienes se declararon culpables el pasado 13 de mayo de posesión de armas de fuego y municiones por parte de un delincuente convicto.
Durante un registro en su domicilio, las autoridades incautaron una ametralladora M249, un rifle Barrett calibre .50 BMG, un fusil FN SCAR, 12 fusiles tipo AK, seis pistolas y 57 mil cartuchos de munición. Ambos tienen prevista su sentencia para el próximo 19 de octubre ante el juez federal Sharad H. Desai.
La cuarta investigación se remonta a marzo de 2025, cuando un gran jurado federal acusó formalmente a los ciudadanos mexicanos José Daniel Medina y Juan Jesús Estévez, así como a Christian Alberto Pereida Ramírez, de Nogales, Arizona, de conspirar para adquirir y contrabandear armas y municiones destinadas a compradores en México entre julio de 2024 y marzo de 2025.
De acuerdo con las investigaciones, Pereida Ramírez ingresó desde México en septiembre de 2024 a bordo de una camioneta blanca para comprar y transportar 40 mil cartuchos de munición calibre 7.62×39 hacia Tucson. En diciembre de ese año trasladó otros 5 mil cartuchos en un Cadillac color plata.
El 12 de febrero de 2025, Medina y Estévez ingresaron por Nogales y se desplazaron a centros comerciales de Tempe y parques de Phoenix, donde recolectaron armas cortas y miles de cartuchos que concentraron en la camioneta.
Medina y Estévez se declararon culpables de conspiración para contrabandear armas y municiones desde Estados Unidos. Medina también se declaró culpable de posesión de armas de fuego por parte de un delincuente convicto, tras el aseguramiento de pistolas Glock, Walther y Armscor, además de municiones.
Imagen: Archivo Reuters. Tratamiento: IA/AN
La sentencia de ambos está programada para el próximo 11 de septiembre ante la jueza federal Krissa M. Lanham, mientras que Pereida Ramírez tiene prevista una audiencia de cambio de declaración para el 12 de agosto. En este caso, las autoridades aseguraron 10 pistolas y 56 mil cartuchos de munición.
Más de 100 armas aseguradas en Arizona
Durante los dos años de investigación, agentes federales adscritos a la HSTF ejecutaron múltiples órdenes de registro relacionadas con cuentas de redes sociales, teléfonos celulares, residencias y vehículos.
Como resultado de las investigaciones, las autoridades informaron del aseguramiento en Arizona de más de 100 armas de fuego de distintos calibres y más de 125 mil cartuchos de munición.
En caso de ser declarados culpables, los acusados por conspiración para el tráfico de armas y posesión prohibida enfrentan penas máximas de 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.
El delito de contrabando de mercancías fuera de Estados Unidos puede ser castigado con hasta 10 años de prisión, mientras que los cargos por declaraciones falsas y por operar como comerciante de armas sin licencia pueden alcanzar penas de hasta cinco años.