Aunque AMLO no quiera investigar a Peña Nieto, la FGR debe hacerlo: Javier Corral

Aunque López Obrador diga que necesita una consulta para investigar a Peña Nieto por el desvío de fondos hacia el PRI, el gobernador Javier Corral confía que la FGR lo hará, ahora que la SCJN dio revés a su amparo.

Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de modificar la suspensión judicial que protegía al expresidente Enrique Peña Nieto de ser investigado por la Fiscalía de Chihuahua, el gobernador Javier Corral confió en que las autoridades federales también indagarán su posible participación en el desvío de fondos públicos hacia el PRI, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiera hacerlo.

En entrevista en Aristegui en Vivo, Corral Jurado cuestionó los motivos del primer mandatario para sugerir una consulta a fin de determinar si se investigan o no posibles actos de corrupción cometidos por el expresidente Peña Nieto. Incluso, hizo mención del supuesto “pacto de impunidad” acordado entre los dos.

“¿Cuál habrá sido la contraprestación, qué le pudo haber dado Peña a López Obrador?”, sostuvo Corral.

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Más allá de lo que el presidente piense sobre perseguir o no a Peña Nieto, el gobernador sostuvo que lo importante es que la Fiscalía General de la República (FGR) está dotada de autonomía constitucional y tiene la obligación de llevar a cabo las investigaciones.

Ante la propuesta de una consulta pública planteada por López Obrador, el mandatario estatal propuso al Instituto Nacional Electoral (INE) como su posible organizador, “porque hasta ahora las consultas están referidas a las bases de apoyo al Presidente de la República”.

Independientemente de un plebiscito, las autoridades federales como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deberán dar continuidad a las investigaciones abiertas por su posible participación en el delito de peculado electoral

“Ellos la atrajeron desde el principio del caso en la Fepade. Ahí ha dormido el sueño de los injustos por dos años”.

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El caso al que Corral hace referencia es la denominada Operación Safiro, una presunta desviación de 3 mil millones de pesos de fondos federales otorgados a nueve estados de la República, que se sospecha fueron canalizados al PRI nacional, a través de contratos simulados con empresas fantasmas, para ayudar a financiar a sus candidatos en las elecciones de 2016.

El político chihuahuense aseguró que la resistencia a judicializar estos casos envía una señal equivocada a los funcionarios públicos de todo el país, pues lo único que los detiene de involucrarse en actos de corrupción es ver las consecuencias jurídicas de sus acciones.

“No hay manera de combatir la corrupción sin ejemplos contundentes”, dijo.




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