Por Cristina Salmerón
A Perla Araujo ya le pesan los años; reconoce que le duelen los brazos y las rodillas. Pero al vivir sola, tener que pagar renta y no contar con nadie que le ayude a solventar sus gastos, no tiene otra alternativa que seguir trabajando.
“Hasta que yo pueda”, dice en entrevista. Ella pertenece a ese uno por ciento de Personas Trabajadoras del Hogar (PTH) que ha logrado afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el programa piloto.
Ana Laura Aquino, activista de la agrupación Trabajadoras del Hogar Juntas en la Defensa de Todos Nuestros Derechos, también cuenta con seguridad social. Mientras que Matilde González está en espera de lograr ese derecho que será una obligación en México a partir de que se vote la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social en el Senado de la República, en la nueva legislatura.
“El cambio legal es importante, pero eso no nos garantiza que las más de 2 millones de personas trabajadoras del hogar que somos en México vamos a poder acceder de manera inmediata, son procesos en los que vamos a tener que hacer mucho trabajo de coordinación y de diálogo con la sociedad, los empleadores. Cada quien tiene que aportar desde la responsabilidad que le corresponde”, asegura Norma Palacios, secretaria Colegiada del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho).
El 30 de agosto de 2015, más de 50 o 100 trabajadoras del hogar tomaron la decisión de constituirse en un sindicato.
“Era la manera que encontramos para defender nuestros derechos. No fue iniciativa de una persona sino de trabajo organizativo que ha sido acompañado por diversas organizaciones”, explica.
Quien tenga personas trabajando en labores domésticas, ya sea diario o en días fijos de la semana y no las dé de alta en la seguridad social, cometerá un ilícito. Para lograr dicha obligatoriedad existen tres vertientes en las que se ha trabajado por parte del Gobierno federal y el IMSS: realización de la prueba piloto para la incorporación de las trabajadoras del hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social; modificaciones a la Ley del Seguro Social; y ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que a partir del 4 de julio de 2021 entró en vigor.
Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País para México y Cuba de la OIT, aseveró que si bien un país no adquiere un compromiso formal al ratificar un convenio, sí se adhiere a principios que deben aplicarse en un carácter voluntario.
“La OIT genera patrones mínimos para que los países pudiesen aplicar, adoptar y orientar sus políticas públicas y sabemos que para poder llegar a ello son procesos paulatinos”, dijo en el conversatorio Hacia la implementación del Convenio 189 de la OIT en México y Seguridad Social, el 7 de julio.
Furtado de Oliveira señaló que se debe reconocer el esfuerzo que el estado mexicano ha puesto en marcha para saldar la deuda histórica con las PTH, entre ellas el programa piloto que, dijo, pese a la pandemia ha crecido sostenidamente.
La afiliación de las PTH se ha visto como un acto de buena voluntad. Por ello, se reitera que hacerlo es pagar una “deuda histórica” con este sector de la población feminizado y precarizado conformado por 2 millones 288 mil 680 personas, de las cuales 95 por ciento son mujeres, de acuerdo con datos de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Esta ley no es de buena voluntad. A partir de que votemos la reforma a la Ley del Seguro Social, va a ser obligatorio. Ok, tú no la registras, ella no sabe que tiene ese derecho, pero si le pasa algo en el trayecto a tu casa, se cae dentro de la casa, si se enferma, si se inhabilita y no la tenías registrada en el Seguro Social, se puede judicializar el tema y te va a costar retroactivo”, menciona en entrevista Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano.
Perla Araujo, de 69 años, trabajó en el Hospital General de México como parte del equipo de limpieza. La contrató una empresa privada que, se suponía, la tenían afiliada al IMSS, pero cuando se cayó y se fracturó un hombro descubrió que había periodos en los que la daban de baja sin avisarle. El momento de su caída fue uno de esos.
Fue despedida por quejarse. Los mismos médicos de este hospital de la Secretaría de Salud la atendieron y algunos otros la contrataron como trabajadora del hogar en sus casas. Aun en pandemia, la ayudaron a darse de alta en el Seguro Social.
“Por mi edad, a mí ya no me dan trabajo en cualquier parte y esto es algo que puedo hacer. Por todo eso, yo les vivo eternamente agradecida”, explica.
Araujo reconoce que aunque no fue un trámite tan sencillo y toma unos tres o cuatro días de papeleo, vale la pena hacerlo. Cada mes uno de los médicos que la afilió realiza una línea de captura; ella recoge la parte proporcional de cada patrón y paga su seguro.
Foto: ONU Mujeres/ Ariel Silva
Al simplificar el trámite, las afiliaciones son positivas
La prueba piloto, en su fase I, donde la trabajadora del hogar era la responsable de inscribirse, estuvo vigente de abril de 2019 al 20 de octubre de 2020. En la segunda, ya le correspondía a quienes las empleaban.
Tras concluir la prueba piloto, se observó que la cuestión de género sigue siendo clave. Un dato importante que proporciona la senadora Patricia Mercado es que entre 96 y 98 por ciento de los trabajadores de jardinería y choferes son hombres. En el cuidado de personas y trabajo del hogar, 97 o 98 por ciento son mujeres.
Sólo uno por ciento de este sector feminizado se registró, contra 16 o 18 por ciento de jardineros y conductores.
“Es una diferencia enorme que obedece a una cuestión cultural, a la falta de reconocimiento del trabajo del hogar donde la gran mayoría son mujeres”, explica Mercado.
Hasta marzo de 2021 el IMSS reportó cerca de 27 mil 205 afiliaciones, un número positivo, aunque poco alentador si se toma en cuenta el grueso de las PTH.
La legisladora integrante de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado ha dado seguimiento.
“Los resultados son buenos en el sentido de que en el régimen obligatorio era tal el nivel de obstáculos, incluso del propio IMSS, que había muy pocas personas. Aunque la senadora Mercado argumenta que incluso el IMSS se había negado a cooperar más en un inicio, bajo el argumento de que la mayoría eran mujeres jóvenes, por lo tanto se iban a embarazar y se le hacía imposible recibir a 2 millones”, la institución calificó este plan como una forma de alcanzar la igualdad social.
En un comunicado de marzo de 2019, cuando comenzó el piloto para la afiliación de PTH, el entonces director general del IMSS, Germán Martínez, dio la bienvenida a la iniciativa.
“En el IMSS nada de campanas al vuelo ni de festejos anticipados porque apenas se empieza a pagar una gigantesca deuda de discriminación, racismo y, en muchos casos, humillación con las personas trabajadoras del hogar”, dijo.
Ahora, el trámite para dar de alta a las PTH se ha simplificado y es más accesible, un incentivo para lograr mayor afiliación.
“Ha sido difícil el avance porque por ahora 90 por ciento de cuota mensual de seguro social la paga la parte patronal y 10 por ciento la trabajadora. Entonces, no ha llegado a un nivel tripartita donde el Estado da su aportación. Si hablamos de que se necesita que alguien gane como mínimo 3 mil 200 pesos al mes para poder tener atención médica, no todos los empleadores quieren”, asegura la activista Ana Laura.
En el caso de Matilde, en años pasados sus empleadores le han dicho que, por lo difícil del trámite, prefieren subirle el sueldo. A algunas de sus compañeras les han puesto como condición para darles la seguridad social un descuento de su pago y por eso prefieren no reclamar. Pero si a los empleadores se les facilita el trámite, y hay mayor conciencia sobre esta gran deuda, todo irá en la dirección correcta.
Aún quedan pendientes con las trabajadoras del hogar
Para la integrante de Trabajadoras del Hogar Juntas en la Defensa de Todos Nuestros Derechos, Ana Laura Aquino, la deuda histórica de darles seguridad social se está pagando a plazos, ya que no termina de otorgar derechos plenamente. Aquino señala que el IMSS sólo asegura a las PTH los días que va a trabajar a las casas.
“Si va sólo dos días a la semana, los cinco restantes está desamparada”, explica.
De ahí la sugerencia de que, si existen varias partes patronales, se pongan de acuerdo para cubrir la semana completa y se reparta el pago para cubrir todos los días.
La activista notó que la pandemia dejó a muchas trabajadoras del hogar sin empleo, lo que podría orillarlas, de nuevo, a la informalidad.
“Yo tengo vacaciones, descanso los días festivos, tengo mi aguinaldo. Si yo dejara de trabajar con ellos, no volvería a aceptar un trabajo donde no me den seguridad social, es predicar con el ejemplo”, reconoce Aquino.
Además, Ana Laura Aquino advierte que para que esta ley sea operable, es imperativo tener revisiones y en esto coincide la senadora Patricia Mercado.
“Algo que tenemos que regular en la Ley Federal de Trabajo es el tema de la inspección. Tenemos que pasar a esa etapa de cómo la inspección de trabajo puede ir a los hogares. Que así como le cae a las empresas, les caiga a las casas, pero eso aún se tiene que resolver”, añade la legisladora.
Para el Sinactraho, que ha logrado dos modalidades de contrato de trabajadoras del hogar (entrada por salida y planta) y avances en materia legal nacional e internacional, aún existen necesidades por cubrir.
“Como país tenemos muchos años sin reconocimiento, muchos años de derechos olvidados y es algo que teníamos que hacer, lo hicimos y lo logramos”, dice Norma Palacios en referencia al sindicato.
Actualmente, son cerca de mil 500 trabajadoras del hogar sindicalizadas, la mayoría en la Ciudad de México, pero también en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Guerrero, la ciudad de Tijuana y, próximamente, en Oaxaca. Entre los beneficios que tienen está la posibilidad de un amparo jurídico, orientación, respaldo, información de modificación en las leyes y nuevos derechos a cambio deben dar “uno por ciento de su sueldo mensual” como cuota.
“Lo que buscamos es que esto impacte en la calidad de vida de todas las trabajadoras del hogar”, insiste Norma Palacios.
Otro pendiente es el derecho al ahorro para la vivienda (Infonavit), que aún no se incluye, y que haya mayor difusión por parte de la Procuraduría de Defensa del Trabajador, una campaña más masiva que amplifique el tema de la obligatoriedad.
“Es saber que tener una trabajadora del hogar cuesta, y ya no cuesta lo que humildemente puedas dar”, agrega Mercado.
Pero el Gobierno de México tendrá que dar resultados. Con el Convenio 189, cada dos años, está obligado a rendir informes ante la asamblea de la OIT.
Cristina Salmerón, periodista independiente
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