A Gibril Massaquoi le han llegado a llamar el judas de Sierra Leona. Tiene 52 años y fue comandante rebelde del Frente Unido Revolucionario (aquel temido RUF, por sus siglas en inglés). Su historia es rocambolesca. Le llaman el judas de Sierra Leona porque fue allí donde nació, guerreó y porque, pese a esto, acabó siendo delator y colaborador del tribunal internacional puesto en marcha en 2002 para juzgar los crímenes en la guerra civil que desangró su país (1991-2002). 15 años después de testificar, en marzo de 2020, fue detenido en Finlandia, su país de acogida y donde afronta desde el mes pasado un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos, esta vez, en Liberia. Un giro casi inesperado de los acontecimientos, al tiempo que un ejemplo muy especial —parte del proceso se ha trasladado estos días a la propia Liberia— del nuevo impulso dado por los jueces europeos al principio de justicia universal. El paso lo marca la Fiscalía alemana con el expediente sirio, pero hay muchos más casos haciéndose un hueco en los tribunales europeos. No en todos, eso sí.
Hablar de justicia universal hace dos décadas era hablar de España. El 16 de octubre de 1998 fue detenido en Londres el dictador chileno Augusto Pinochet, investigado por la Audiencia Nacional española. Fue paradigma de jurisdicción transnacional: el arresto de un acusado en un país por orden del juez de otro para juzgar los delitos perpetrados en un tercero. Abrió el camino; muchos tribunales europeos iniciaron procesos para perseguir delitos de lesa humanidad cometidos lejos de sus cortes, sobre todo en África y América Latina. Pero España dejó de ser un referente tras las reformas de la ley del Poder Judicial, que dejaron en casi nada esa jurisdicción universal. En paralelo, la Corte Penal Internacional, en marcha en La Haya desde 2002, hizo volcar muchas de las esperanzas de justicia en su iniciativa. No las cubrió todas y es aquí donde viene este revival de jurisdicción universal.
James Goldston es director ejecutivo de Justice Initiative, una de las organizaciones que han colaborado en el expediente presentado ante la Fiscalía de Karlsruhe (Alemania) por los crímenes del régimen de Bachar el Asad. Están de enhorabuena, el pasado 24 de febrero, el Tribunal Superior de Coblenza, en el oeste del país, condenó a Eyad Alghareib, de 44 años, exagente de los servicios secretos sirios, a cuatro años y medio de prisión por colaborar en la detención y tortura de 30 presos. “Sí, vemos una nueva era o revival de la jurisdicción universal”, señala al teléfono desde Nueva York. “El impacto es muy significativo; el mundo se toma en serio estos crímenes, que no pueden quedar impunes”. Para Goldston, estos procesos funcionan si se cumplen tres criterios: un marco legal (que la ley del país contemple el ejercicio de la justicia universal), capacidad institucional para desarrollar la causa, y, sobre todo —”lo más importante”, recalca—, voluntad política.
En Alemania se da todo esto; también en Suecia, Noruega, Austria, Finlandia, Suiza… Caso por caso: no es lo mismo vérselas con el régimen sirio, con el que gran parte del mundo occidental no hace migas que, por ejemplo, con China o Arabia Saudí. Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció la pasada semana en Alemania a cinco altos cargos saudíes, entre ellos, al príncipe Mohamed Bin Salmán, por crímenes de lesa humanidad contra 35 reporteros, entre ellos, Jamal Khashoggi, asesinado en Turquía. No es la primera vez que RSF trata de aprovechar el principio de justicia universal —la Fiscalía sueca rechazó el pasado enero una demanda suya para investigar la desaparición del eritreo Dawit Isaak—, pero la organización sí reconoce que es una senda novedosa que cada vez recorre más en su defensa de la libertad de prensa.
La investigación de los crímenes cometidos en Siria ha dictado el nuevo momentum de la justicia universal. Eso y la llegada de cientos de miles de refugiados sirios a Europa (Alemania, Francia, países nórdicos) que facilitan encontrar víctimas y perpetradores. Tanto Alghareib como Anwar Raslan, de 58 años, siguiente en el banquillo de la justicia alemana por las ejecuciones y torturas en la conocida cárcel de Al Khatib (Damasco), llegaron a tierras germanas como refugiados en 2014.
Pero no es fácil tener éxito con estos procesos. Pese al boato de la condena contra Alghareib, histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes de El Asad, antes, en septiembre de 2017, un tribunal de Suecia había condenado ya a un exmilitar sirio, Mohamed Abdulá. Se le detuvo por crímenes de guerra, pero no se pudo probar su participación. Una foto en la que aparecía junto a una pila de cadáveres permitió a la justicia sueca meterle ocho meses en prisión por violación de la dignidad de las personas. Según datos recogidos por el portal Justice Info, con sede en Lausana (Suiza), los jueces suecos tienen entre manos otro medio centenar de casos vinculados a la guerra siria.
Suma y sigue. El pasado 2 de marzo, las organizaciones Syrian Archive, Syrian Center for Media and Freedom of Expression y la citada Justice Initiative, presentaron una demanda criminal en Francia contra miembros del régimen de El Asad por ataques químicos en agosto de 2013 en Duma y Guta Oriental (alrededores de Damasco). Junto a ellas se personaron un número de víctimas en suelo europeo que los abogados Jeanne Sulzer y Clémence Witt, representantes de la acusación en París, han preferido no concretar. Sulzer, en conversación telefónica, señala que esta causa forma parte de “la misma estrategia” judicial que se abre paso en Alemania y que podrán venir más demandas como esta en el futuro. ¿Por qué en Francia? “Porque Francia ha denunciado el uso de armas químicas [en Siria] independientemente de los partidos que han gobernado estos años”, responde la abogada experta en derecho internacional. Hay voluntad política.
Han sido dos años de trabajo para presentar el caso en París, según explica Sulzer, pero había mucha documentación de organizaciones en el terreno. “Estamos siendo testigos recientemente”, continúa, “de una proliferación de formas muy creativas [de acudir a la justicia universal] y de un rol muy proactivo de algunas víctimas”.
De Helsinki a Monrovia
La justicia finlandesa no es la única que ha echado el ojo a las guerras de los noventa en el África occidental. Suiza inició en diciembre el juicio contra el líder rebelde liberiano Alieu Kosiah, de 46 años, detenido en 2014 —un proceso sin parangón en la historia de la justicia suiza—. Está acusado de ordenar asesinatos, violaciones y el reclutamiento de niños soldados. A diferencia del caso finlandés, la corte suiza ha traído a víctimas y testigos desde Liberia. El francés Thierry Cruvellier es editor de Justice Info. Se encuentra estos días precisamente en Liberia siguiendo la parte del proceso contra el judas Gibril Massaquoi que se está desarrollando durante unas semanas en suelo africano. “Es más eficiente”, dice al teléfono, “interrogar a las víctimas en Liberia que hacerlo en Finlandia”.
Los jueces finlandeses han contado con el permiso del Gobierno liberiano para trabajar allí. Eso sí, con prudencia. El juicio no es noticia; su publicidad es muy limitada para evitar cualquier efecto social o político. “No es una aventura perfecta”, continúa Cruvellier, “es difícil replicar este experimento finlandés porque necesitas un Estado [como Liberia] que te lo permita”. El proceso final, la lectura de argumentos y la sentencia tendrán lugar, no obstante, en Finlandia.
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