“Incidente en curso. Eviten la confluencia de la calle 103 con Amsterdam Avenue. Los agentes intentan asegurar el área”. Los vecinos de un barrio de Nueva York recibieron en sus móviles ese mensaje de la Policía el 25 de mayo. Dos jóvenes se enfrentaban a tiros pasadas las dos de la tarde, ocultándose entre los coches aparcados, el cañón de sus pistolas brillando intermitentemente al sol al ritmo de los disparos, como una escena más de tantas buenas y malas películas. Sucedía en un barrio de clase media de Manhattan, residencial y comercial, muy lejos de las consideradas zonas conflictivas o señaladas por su actividad delictiva.
Tras los sangrientos años ochenta y noventa, y la posterior pacificación de las calles, la violencia armada ha vuelto al corazón de las ciudades estadounidenses. Dos semanas antes, a mediados de mayo, una niña de cuatro años resultó herida por la bala perdida en un tiroteo en Times Square, epicentro turístico de Nueva York; un sábado en plena hora punta de compras y paseos. El fenómeno es una tendencia al alza en EE UU desde la primavera de 2020, y un lastre en la exitosa recuperación de la pandemia.
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Los Ángeles registró el año pasado 350 asesinatos, la cifra más elevada en una década, con un aumento del 36% respecto a 2019. En Nueva York, donde los homicidios se incrementaron en 2020 en cerca del 45%, el repunte monopoliza los mensajes de los candidatos a la alcaldía en el tramo final de la campaña. El miedo a la pandemia y a las protestas raciales disparó el año pasado la venta de armas, una quinta parte de las cuales fueron adquiridas por neófitos. Una semana cualquiera del último mayo, recuerda The New York Times, se verificaron 1,2 millones de antecedentes, uno de los requisitos para comprar una pistola. Según estimaciones del centro de estudios Everytown, basadas en el examen de antecedentes, en 2020 se vendieron 22 millones de armas, un 64% más que el año anterior.
La compra masiva llenó las casas de armas precisamente cuando los niños más tiempo pasaban en ellas, por la suspensión de las clases, y los accidentes domésticos con armas y con menores implicados en ellos se dispararon entre marzo y diciembre de 2020, hasta representar el 30% más que en el mismo periodo de 2019, según Everytown Research. También ha alimentado las amenazas y agresiones de género.
En enero, un grupo de investigadores analizó los datos de 129 departamentos de Policía Metropolitana del país. Los de las ciudades más grandes reportaron un aumento de los homicidios (tres de cada cuatro agencias) y de tiroteos “no fatales”, es decir, sin víctimas mortales (cuatro de cada cinco departamentos). Estadísticas neutras y pormenorizadas que apenas si logran maquillar la muerte absurda de la vecina de la Avenida 34 de Elmhurst (distrito de Queens, Nueva York) que se asomó una noche al oír ruidos en la calle, y acabó muerta de un disparo, en otoño pasado. “Unos chavales intentaban robar un coche aparcado ante el portal de la mujer, que vivía en el primero. Al oír ruidos extraños, se asomó a la ventana y al encender la luz ofreció un blanco perfecto. Los chicos dispararon a la ventana y la pobre murió en el acto”, recuerda con naturalidad Pam Wade, que vive dos portales más abajo y oyó los disparos desde su casa. “Pero no ha sido el único incidente fatal durante la pandemia en el barrio; las armas están por todas partes, porque la gente tiene miedo”, añade Wade, que establece una perversa relación causal: las armas como remedio contra el miedo.
El reguero de víctimas mortales en ese barrio no cesa; la última, el miércoles. En aparcamientos, domicilios, bares. Incluso pasajeros de un taxi, en Elmhurst o también en Brooklyn, tiroteados a quemarropa, un menudeo del que ya solo informan los periódicos de barrio. Especialmente en las áreas más desfavorecidas, porque la pandemia y la epidemia de violencia armada reflejan e intensifican una añeja desigualdad social y racial en el acceso a la salud, a la vivienda, la educación, pero también en la exposición a peligros ambientales, según los expertos, de los que la violencia con armas de fuego sería el exponente más claro.
Desde hace unas semanas la presencia de policías es más que evidente en el suburbano de Nueva York, que tras la reapertura total de la actividad ha vuelto a funcionar las 24 horas del día. En parejas, los agentes entran y salen de los vagones porque la ciudad está en campaña electoral y la demostración de seguridad es una baza crucial para la mayoría de los candidatos. Candidatos que, uno tras otro, se acercaron a Times Square a mediados de mayo tras el tiroteo que hirió a la niña de cuatro años, y a las dos adultas que la acompañaban. “Nada funcionará en Nueva York si no hay seguridad pública, y para eso, necesitamos a la Policía”, dijo el favorito a la alcaldía, Andrew Yang, in situ. “Hay que cortar las vías de suministro de las armas, que llegan de fuera del Estado, e implicar más a la Policía en los barrios”, repite Kathryn Garcia, partidaria del refuerzo policial y de retirar de la circulación 10.000 armas ilegales en su primer año de mandato.
La mención de la Policía ha centrado el debate de un modo incómodo para algunos candidatos, los partidarios de recortar fondos del presupuesto de seguridad para financiar programas sociales. El eslogan defund the police (quitar financiación a la policía), acuñado en las manifestaciones contra la brutalidad policial que siguieron al asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis, en mayo de 2020, se ha transformado en algunos sitios en refund the police, volver a invertir en la policía. Un ejemplo es la ciudad de Los Ángeles, donde las movilizaciones de entonces empujaron a las autoridades a restar 150 millones de dólares al presupuesto de la policía municipal (el 8% del total). Justo un año después, la ciudad acaba de aprobar una nueva inyección de fondos para contratar a 250 policías más ante el repunte de la violencia. Nueva York podría seguir esa senda, según quién sea el candidato elegido como alcalde en noviembre.
Mientras Texas se dispone a adoptar una ley que permitirá a los mayores de 21 años ir armados sin necesidad de licencia, la agencia gubernamental responsable de gestionar la medida (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, en sus siglas inglesas) lleva sin director 13 de los últimos 15 años, socavada por la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas inglesas) y sus generosas donaciones a políticos. El presidente Joe Biden, que en abril anunció medidas de control a la posesión de armas, pretende resolver el vacío existente en la ATF con un candidato partidario de una regulación más estricta, lo que obviamente no complace a los republicanos mientras la NRA muta estatutariamente como quien cambia de camisa, sin perder influencia.
Aunque los homicidios solo representan un tercio de las muertes por arma de fuego (el 65% corresponde a los suicidios), la cotidianidad de la violencia en las principales ciudades de EE UU -una mancha que tiñe de rojo, sobre todo, el Este del país- preocupa sobremanera a las autoridades municipales, enfrentadas a un crecimiento exponencial de la violencia callejera, ligada muchas veces a las bandas: una agente de la Policía de Nueva York resultó herida esta semana cuando miembros de una banda tirotearon su casa para castigar a su hermano, también pandillero. Si a la actividad de los grupos organizados se le añaden el gran número de niños con acceso a pistolas en sus domicilios y la proliferación de ghost guns (armas fantasmas, de fabricación casera), la probabilidad de que una niña de cuatro años, o una vecina de un barrio modesto, acaben siendo blanco de un disparo se multiplica exponencialmente, igual que los rutinarios avisos vía SMS de la Policía.
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