La cuerda, cada vez más tensa, se ha terminado por romper. EE UU ha perdido la paciencia y por primera vez ha solicitado a México abrir consultas al amparo del TMEC, el tratado comercial de Norteamérica, para tratar de acercar posturas sobre sus políticas energéticas. Es el paso previo a una petición de arbitraje que puede llevar a la imposición de aranceles, y supone una importante escalada en la disputa entre los dos países. La agenda de “soberanía energética” del presidente Andrés Manuel López Obrador daña las inversiones estadounidenses e incumple lo establecido en el acuerdo comercial, según la Administración de Joe Biden.
El enfrentamiento se veía venir. El camino hasta llegar al anuncio ha estado plagado de advertencias por parte de los funcionarios de la Casa Blanca. Hay más de 10.000 millones de dólares de inversiones en juego, dijeron en abril. Lejos de corregir, el Gobierno mexicano redobló su apuesta con el rechazo de decenas de permisos y la imposición de multas millonarias a empresas energéticas. La mala noticia ha llegado apenas una semana después de que López Obrador visitara Washington para limar asperezas con Biden.
Cambios legales para favorecer a la CFE y Pemex
Bajo el lema de la “soberanía energética”, el Gobierno lleva dos años cambiando reglamentos y leyes para intentar favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex por encima de las empresas privadas. Para ello, ha contado con el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo supuestamente autónomo.
Los cambios han buscado privilegiar la entrega de electricidad por parte de las centrales de la CFE y desbaratar parte de la reforma de 2013, impulsada por Enrique Peña Nieto para abrir el sector a la inversión privada. Esa iniciativa establecía que las primeras en despachar a la red eran las centrales más baratas, generalmente plantas renovables privadas. Por otra parte, en el sector de los hidrocarburos, la Secretaría de Energía puso en marcha en junio una nueva política para obligar a los usuarios de gas natural a comprarle a CFE y Pemex.
Para defender la legalidad de los cambios, López Obrador ha insistido una y otra vez que el sector energético no está incluido en el TMEC porque el capítulo 8 confirma la facultad de México de reformar su Constitución y el “dominio directo” sobre sus hidrocarburos. El capítulo fue añadido en la recta final de la negociación a petición expresa de López Obrador.
Ni EE UU ni los expertos legales en la materia han estado nunca de acuerdo con esta interpretación. El capítulo en cuestión no hace referencia al sector eléctrico y no excluye a los hidrocarburos de las cláusulas de protección de inversiones. Según EE UU, los cambios violan cinco artículos del TMEC que establecen, entre otras cosas, un tratamiento idéntico para inversionistas estadounidenses y mexicanos, el ejercicio de una actividad regulatoria “imparcial”, y la administración de leyes de una manera “responsable”.
Año y medio de advertencias
México no puede decirse sorprendido por el anuncio. Funcionarios de la Casa Blanca llevan criticando la política energética de López Obrador desde, por lo menos, los últimos meses de la Presidencia de Donald Trump. En enero de 2021, los secretarios de Estado, Comercio y Energía estadounidenses enviaron una carta a sus contrapartes mexicanos en la que acusaban a los órganos reguladores de “bloquear los permisos para los proyectos de energía del sector privado”.
Los analistas proyectaban una relación menos ríspida con México tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. En materia energética, no ha sido así. Desde que en octubre pasado López Obrador presentó la reforma constitucional para cambiar el modelo energético, la representante comercial de EE UU, Katherine Tai, no ha dejado de mandar avisos.
En una misiva de abril, Tai, que cuenta con una larga trayectoria como abogada litigante, criticó el “trato arbitrario” dado a las empresas estadounidenses e instó al Gobierno mexicano a proteger los derechos de los inversionistas. La última advertencia llegó hace menos de dos semanas en el marco de la reunión de la Comisión de Libre Comercio del TMEC en Canadá. “He dejado muy claro que todas las opciones están sobre la mesa”, repitió Tai.
La secretaria de Economía Tatiana Clouthier, de rojo, y frente a la representante de Comercio de EE UU, Katherine Tai, en julio.@AmbassadorTai (RR. SS.)Negociaciones frustradas
Frente a los avisos, el Gobierno mexicano ofreció sentarse a negociar con las empresas estadounidenses. En mayo, el presidente López Obrador recibió a una serie de empresarios, pero las conversaciones no llevaron a acuerdos concretos, según el abogado César Hernández, subsecretario de Electricidad con Peña Nieto. “López Obrador recibió a los empresarios un par de veces y los mandó con los funcionarios de CFE, pero los acuerdos no se cerraron”, señala.
Además, en las conversaciones no estuvieron otras grandes empresas que, si bien son de origen europeo, tienen una participación importante de accionistas estadounidenses. Por ejemplo, el fondo BlackRock es el segundo mayor accionista de Iberdrola, la principal generadora privada de energía en México.
Más recientemente, durante la visita de López Obrador a Washington, se celebró una reunión con empresarios, donde participaron Sempra y Fortress Energy. La primera tiene algunas centrales eléctricas en México, pero la segunda es una recién llegada al país latinoamericano y no ha sido afectada por las regulaciones. Tan solo un par de días después de volver de Washington, López Obrador insistió en que la inversión extranjera en el sector energético sería posible “en sociedad” con la CFE.
El anuncio de EE UU, finalmente, muestra que la negociación individual con empresas no ha sido suficiente. “El presidente tiene la idea de que puede negociar cara a cara con las empresas”, señala la analista Rosanety Barrios. “El asunto aquí es que hay un tema institucional que se debe resolver. EE UU exige que se respeten las reglas del juego, que se apliquen las mismas reglas a todo el mundo”.
López Obrador, durante su reunión con empresarios en Washington.PresidenciaTrabas y sanciones a las empresas
Mientras el Gobierno afirmaba dialogar con las empresas, la CFE y la CRE han seguido obstaculizando la inversión privada en el sector. Desde enero, el regulador ha rechazado otorgar o modificar permisos de generación a 46 proyectos privados, la mayoría renovables, según un recuento de este periódico con base en las resoluciones de las sesiones de Gobierno del organismo. En contraste, apenas se han concedido permisos o modificaciones a nueve empresas.
Entre los proyectos afectados por las negativas de la CRE, hay por lo menos 11 que fueron desarrollados por compañías españolas como Iberdrola o GRS. Sin embargo, también hay tres parques eólicos de una filial de Sempra, la compañía estadounidense que participó en la reunión de Washington. El máximo directivo de una empresa con varias centrales ya construidas pero paradas ante la falta de permisos apuntaba a este periódico la incertidumbre total en el sector. “Estamos en un impasse. No sabemos qué va a suceder”, decía. “Lo que es claro es que no va a haber nuevas inversiones”.
El Gobierno mexicano no solo ha obstaculizado la operación de las plantas, sino que ha buscado sancionar a aquellas empresas cuya actividad considera ilegal. En mayo, la CRE impuso una multa de 9.000 millones de pesos, una de las más altas en su historia, a Iberdrola. El director general de la CFE, Manuel Bartlett, advirtió que esto solo era el principio y que presentarían demandas por “daños y perjuicios” en contra de otras 110 empresas.
¿Por qué ahora?
México lleva modificando normas del sector desde hace más de dos años. ¿Por qué abre ahora EE UU la disputa comercial? El anuncio se da a pocos meses de las elecciones intermedias en las que los demócratas se juegan la mayoría en el Congreso. Se trata de un momento político propicio, según César Hernández. “En los comicios pueden decir que no están dejando que maltraten a sus empresas. Y el fallo puede darse en un año, todavía dentro de la Administración de López Obrador. Le dolerá a él, no a su sucesor”, apunta.
Por otro lado, EE UU ha visto cómo, pese a las advertencias, las trabas han seguido. Para Rosanety Barrios, la nueva política de gas, anunciada en junio, pudo haber sido la gota definitiva. “Es una evidencia de que este Gobierno va a continuar cerrando el sector. Quizás había una expectativa de que iba a parar cuando fracasó la reforma constitucional”, dice. “Ante esta decisión declarada de seguir cerrando todo lo que puedan, hubo un momento en que se llenó el vaso”.
El cuarto de controles de la presa Manuel M. Torres en Chicoasén de la CFE.Susana Gonzalez (Bloomberg)
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