Rogelio Muñiz Toledo
En el caso de la democracia, sin embargo, la creencia en su legitimidad por parte de una mayoría de la población, o incluso una mayoría del electorado, es insuficiente para su estabilidad: Juan J. Linz *
Desde el 17 de octubre de 2014 se sabía que el gobernador de Baja California electo en 2019 duraría dos años. La convocatoria para la elección así lo estableció y dos sentencias del tribunal electoral federal lo confirmaron durante el proceso electoral. El registro de las candidaturas se concedió especificando que la gubernatura sería para un periodo de dos años. Así se voto el 2 de junio, Morena ganó la elección y nueve días después su candidato recibió la constancia como gobernador electo para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
Entonces, ¿cómo llegamos a este punto en el que se ha vulnerado el orden constitucional y se han puesto en riesgo la vigencia el Estado de derecho y la democracia en Baja California?
Con la pretensión de alterar el sentido de la voluntad popular, un mes después de la elección inició una estrategia para conseguir, mediante una reforma ostensiblemente inconstitucional, lo que no se obtuvo en las urnas. En la estrategia participaron legisladores de la que a partir de agosto es la nueva mayoría parlamentaria en el estado (Morena) y de las oposiciones, que en ese entonces eran mayoría, y se dice que de dirigentes partidistas y altos funcionarios del gobierno federal.
El 8 de julio Morena presentó una iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución del estado para ampliar el periodo del gobernador electo, de dos a cinco años y, a pesar de que la reforma contraviene los artículos 13, 14, 41, 105 y 116 de la Constitución Federal, el 9 de julio se aprobó con el voto de veintiuno de los veinticinco diputados de la anterior Legislatura del Congreso local y luego fue avalada por tres de los cinco municipios del estado: Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. Los partidos de la oposición iniciaron procesos de expulsión en contra de sus legisladores que la aprobaron, y en cambio, la mayoría de Morena en la actual Legislatura continúa con el plan para imponer a un gobernador por cinco años, sin que las oposiciones hayan podido hacer algo para impedirlo.
La reforma fue calificada por la presidenta nacional de Morena como muy lógica y sensata y, a pesar de que la secretaria de gobernación ha sostenido reiteradamente que la reforma es inconstitucional, el subsecretario de gobierno de esa dependencia ha intentado sostener su constitucionalidad argumentando que “no transgrede ningún principio constitucional” y que “en la boleta electoral no se señala la vigencia del gobierno”.
Con el falaz argumento de que el decreto de la reforma constitucional se había extraviado, el Congreso local no lo remitió para su publicación al gobernador dentro del plazo de diez días que establece la Constitución. Hecho que el presidente López Obrador calificó esta semana como una “chicanada”, luego de que durante semanas había mantenido una posición ambigua sobre el tema.
Casi tres meses después de su aprobación, y a dieciséis días de que tome posesión el gobernador, el decreto se envió al ejecutivo del estado para su promulgación y publicación. Como el tiempo corre a favor de los beneficiarios de la inconstitucional reforma, seguramente los estrategas de este burdo intento de suplantar la voluntad popular en Baja California creen que de esta forma han logrado su objetivo: llevar al límite la publicación de la reforma y así impedir que sea invalidada por la Suprema Corte antes del 1 de noviembre, fecha en la que rendirá protesta el gobernador del estado. Para bien de la democracia y del Estado de derecho, me parece que les falló el cálculo.
La reforma se publicó el jueves y entró en vigor el viernes. De inmediato PAN, PRD y MC interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, solicitando su invalidez. Está en manos del Tribunal Constitucional resolverlas antes de la toma de posesión del gobernador. Sin modificar de ninguna manera los plazos previstos en la ley, pero debido a que el carácter electoral de la norma impugnada hace que los plazos se reduzcan significativamente y que todos los días sean hábiles, es posible que en doce días el asunto quede en estado de resolución en el Pleno de la Suprema Corte.
Si se turna de inmediato a la ministra o ministro instructor y se admite este sábado, es posible que en los doce días restantes del mes se dé vista a las autoridades responsables, estas rindan su informe, se pongan los autos a la vista de las partes, se formulen alegatos, se cierre la instrucción, se elabore el proyecto de sentencia y se ponga a consideración del Pleno. Sería un muy oportuno y saludable ejercicio de impartición de justicia pronta y expedita en un caso en el que, en atención al orden público, se justifica la urgencia para resolverlo. Esto permitiría llegar al día de la toma de posesión del gobernador con una resolución definitiva que, no tengo ninguna duda, sería en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de la reforma y la invalidez del artículo transitorio.
En previsión de que las acciones de inconstitucionalidad no fueran resueltas antes del 1 de noviembre, convendría que, a fin de preservar la materia del juicio, se concediera la suspensión de los efectos del artículo impugnado. Si bien la ley establece que “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”, existen criterios y precedentes en el sentido de concederla cuando, como en este caso, se transgreden derechos fundamentales. En diciembre pasado el ministro Alberto Pérez Dayán concedió la suspensión de los efectos de los artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que habían sido impugnados por esa misma vía y la medida fue confirmada por la Segunda Sala de la Corte.
En caso de que no fuera posible resolver antes del 1 de noviembre, la suspensión evitaría que el Congreso del estado tome protesta al gobernador para un periodo de cinco años, como lo pretenden el gobernador electo y los operadores de este “nuevo estilo de fraude”, como ha llamado el doctor Diego Valadés a este intento de violar la autenticidad de la elección del 2 de junio en Baja California. Se evitaría también dar lugar a discusiones sobre la cesación de los efectos de la norma impugnada o la irretroactividad de la declaración de invalidez.
¿Por qué llegamos a este límite en el proceso democrático en Baja California sin que hasta ahora alguien haya podido restaurar el orden constitucional en el estado?
En el fondo de esta pretensión de vulnerar la voluntad popular de los bajacalifornianos están el desprecio por las reglas y los valores de la democracia, la ausencia de una cultura de la legalidad y una ambición desmedida de una parte de la élite política que ascendió al poder con el triunfo del presidente López Obrador. Son, en palabras del presidente de la República, unos “ambiciosos vulgares” que están dispuestos a anteponer sus intereses personales y de grupo al imperativo superior de consolidar las instituciones democráticas y el Estado de derecho; que apuestan solo por los beneficios que ellos puedan obtener, sin importarles los costos políticos o sociales de sus decisiones; y que no entienden que el respeto a los principios de la democracia constitucional, a los derechos humanos y a los derechos de las minorías es fundamental para la consolidación de la democracia.
Quienes instrumentaron este intento de violación al Estado de derecho buscan, en nombre del proyecto político de López Obrador, obtener y retener el poder a cualquier costo, incluso violando la Constitución, y se han mostrado desafiantes a las instituciones de la República.
Desde el poder se ha pretendido defender la constitucionalidad de la reforma esgrimiendo argumentos absurdos, en lugar de atender su obligación de “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”, como lo ordena la ley.
Se ha llegado hasta el punto de atentar en contra del régimen democrático, con los riesgos que esto implica para el funcionamiento y la estabilidad del sistema político, porque a la pretensión de ejercer el poder más allá de los límites que establece la Constitución, e incluso de obtenerlo por métodos antidemocráticos, de una parte de la “nueva” élite gobernante, hay que sumarle la debilidad institucional en algunas áreas del Estado; la falta de contrapesos parlamentarios por el extravío o la inconsistencia de las oposiciones -incluida la cooptación de algunos de sus legisladores- y por un diseño institucional que carece de mecanismos efectivos de protección de las minorías frente a los abusos de la mayoría; y la ausencia de controles jurisdiccionales más estrictos, eficaces y expeditos para revisar la constitucionalidad de las decisiones del poder legislativo, incluidos los actos y las omisiones de los órganos de gobierno de los congresos, y para garantizar, sin laxitudes, el respeto del procedimiento legislativo.
Si no se hace frente oportuna y eficazmente a decisiones antidemocráticas como esta, que afortunadamente está en manos de la Suprema Corte frenar, correríamos el riesgo de que por la indiferencia ante afrentas a la democracia y al Estado de derecho como la que hoy se vive en Baja California pudieran crearse las condiciones para que de un gobierno emanado de un proceso democrático se transite hacia el autoritarismo.
En los procesos de cambio político es conveniente no olvidar que, como dice Juan Linz: “los actos constituyentes de un nuevo régimen en términos de medidas políticas son decisivos para su consolidación”. La forma en la que se resuelva la segunda alternancia en Baja California será decisiva para saber hacia dónde se dirige el cambio político que propone el Presidente.
* Fue un sociólogo español especialista en estudios sobre transiciones a la democracia, autor del libro La quiebra de las democracias y premio Príncipe de Asturias 1987
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.